TEMARIO TECNICOS/AS SUPERIORES DE OOAA DE MEDIO AMBIENTE 2023
TEMAS GENERALES
1. La Constitución Española de 1978: características, estructura, principios y valores fundamentales. Los derechos fundamentales y su especial protección. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.
La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del Estado español, que establece los principios fundamentales del país y regula los derechos y deberes de los ciudadanos1. Aquí te proporciono un resumen de los aspectos que mencionaste:
Características:
Es cerrada y codificada, aunque necesita ser desarrollada por leyes orgánicas u ordinarias2.
Es extensa en cuanto al número de artículos que la componen2.
Estructura:
La Constitución Española de 1978 consta de un Preámbulo y 169 artículos3.
Los artículos se dividen en un Título Preliminar y 10 títulos3.
Principios y valores fundamentales:
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho4.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado4.
Derechos fundamentales y su especial protección:
El Tribunal Constitucional:
El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional que no forma parte del Poder Judicial7.
Tiene competencia en toda España y solo queda sometido a la Constitución y a su propia Ley Orgánica7.
La reforma constitucional:
2. La Corona: atribuciones y competencias. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
La Corona: atribuciones y competencias La Corona, cuyo titular es el Rey, ejerce una serie de competencias con sometimiento a la Constitución y a las leyes1. La Constitución atribuye a la Corona tres funciones genéricas: la función simbólico-representativa del Estado, la función moderadora y la función arbitral2. Algunas de las potestades específicamente atribuidas al Rey incluyen la sanción y promulgación de las leyes, la convocatoria y disolución de las Cortes Generales y la convocatoria a referéndum en los casos previstos en la Constitución3.
Las Cortes Generales: Composición y atribuciones Las Cortes Generales son el Parlamento español, constituido y regulado en el Título III de la Constitución4. Están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado5. Representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución45.
Composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado El Congreso de los Diputados se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto6. El Senado es la Cámara de representación territorial6. Ambas Cámaras ejercen funciones legislativas, presupuestarias y de control, y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución5.
El Tribunal de Cuentas: composición y funciones El Tribunal de Cuentas está compuesto por diversos órganos que responden a la naturaleza de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional: el presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General7. Sus funciones propias incluyen la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos8.
3. El Gobierno y la Administración. El Gobierno: composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado. Principios generales de las relaciones interadministrativas. La Administración: organización y funcionamiento del Sector Público.
El Gobierno: Composición, Designación, Funciones y Relaciones con el Resto de los Poderes del Estado El Gobierno de España se compone del Presidente, los Vicepresidentes (en su caso), los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley12. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo12. La Constitución Española de 1978 reconoce la división de poderes, otorgándole el poder ejecutivo al Gobierno, el cual se sirve de la Administración Pública para hacer efectivas sus decisiones34.
La Administración General del Estado y su Organización Periférica La Administración General del Estado (AGE) es una de las Administraciones Públicas de España, caracterizada por su competencia sobre todo el territorio nacional5. La AGE comprende la organización central (Ministerios y servicios comunes), la organización territorial, y la administración general del Estado en el exterior5. La Administración Periférica del Estado es la encargada de ejercer la actividad del Estado en el ámbito provincial, correspondiendo al Delegado del Gobierno la dirección de la misma en el ámbito autonómico y su coordinación con la Administración de la propia comunidad autónoma678.
Principios Generales de las Relaciones Interadministrativas Las relaciones interadministrativas se rigen por principios generales del Derecho que se aplican en defecto de ley o costumbre9. Estos principios incluyen la colaboración, la cooperación y la coordinación1011. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula las relaciones interadministrativas, aunque no lo hace de forma rigurosa, completa y sistemática10.
4. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Distribución competencial. Los conflictos de competencias. La Administración General del Estado y su organización periférica.
La organización territorial del Estado español se regula en el Título VIII de la Constitución, desde los artículos 137 a 1581. El artículo 137 establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan1. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses1.
Las Comunidades Autónomas son entidades territoriales que, dentro del actual ordenamiento jurídico constitucional, están dotadas de autonomía, con instituciones y representantes propios y determinadas competencias legislativas, ejecutivas y administrativas2.
La distribución competencial es la atribución precisa de las competencias y constituye la traducción jurídica de la lucha entre los poderes y las Administraciones3. El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se prevé en los artículos 148, 149 y 150 de la Constitución4.
Los conflictos de competencias son discrepancias sobre la titularidad de las competencias entre los diversos poderes del Estado, entre las diversas Administraciones Públicas y entre los órganos de éstas3. Los conflictos positivos de competencia oponen al Estado con una o más Comunidades Autónomas o a dos o más Comunidades Autónomas entre sí5.
La Administración Local se regula en el Título VIII de la Constitución, en los artículos 137 a 1424. Las entidades que la integran son los municipios, las provincias y las islas en los archipiélagos Balear y Canarias6. Su organización corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales7.
La autonomía local es reconocida por el artículo 137 de la Constitución para la gestión de sus intereses a Municipios y Provincias7. Esta autonomía es indisponible para el legislador ordinario, que no puede eliminar la institución garantizada en la Constitución ni tampoco vaciar o desconocer su contenido esencial7.
La Administración General del Estado y su Organización Periférica La Administración General del Estado (AGE) es una de las Administraciones Públicas de España, caracterizada por su competencia sobre todo el territorio nacional5. La AGE comprende la organización central (Ministerios y servicios comunes), la organización territorial, y la administración general del Estado en el exterior5. La Administración Periférica del Estado es la encargada de ejercer la actividad del Estado en el ámbito provincial, correspondiendo al Delegado del Gobierno la dirección de la misma en el ámbito autonómico y su coordinación con la Administración de la propia comunidad autónoma678.
5. La coordinación entre las distintas administraciones públicas. Las relaciones interadministrativas: técnicas de cooperación y técnicas orgánicas de cooperación. Las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas. El convenio.
La coordinación entre las distintas administraciones públicas en España es un principio clave que busca armonizar el ejercicio de competencias similares para lograr una finalidad común, evitando duplicidades y acciones divergentes. Este principio se aplica tanto dentro de una misma organización, donde la potestad del órgano superior de dar órdenes asegura la coordinación, como entre administraciones autónomas1.
Las relaciones interadministrativas se basan en la colaboración y coordinación entre diferentes administraciones, fundamentadas en la lealtad institucional y la colaboración para alcanzar fines comunes. Las técnicas de relación entre administraciones definen marcos y procedimientos que facilitan la comunicación y colaboración2.
Las técnicas de cooperación incluyen tanto métodos orgánicos como funcionales. Las técnicas orgánicas se refieren a la creación de órganos colegiados con la finalidad específica de coordinar, como las Comisiones Delegadas del Gobierno, las Comisiones Bilaterales de Cooperación y las Conferencias Sectoriales3. Las técnicas funcionales abarcan desde reuniones periódicas hasta la planificación económica y la solución de conflictos de atribuciones1.
En cuanto a las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas, estas están reguladas por el Real Decreto 203/2021, que establece el marco para la actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Este decreto refuerza el uso de las TIC para mejorar la gestión y fomentar la colaboración interadministrativa, asegurando la interoperabilidad y la comunicación electrónica en el ejercicio de competencias4.
Finalmente, el convenio es un instrumento jurídico mediante el cual las Administraciones Públicas, organismos públicos y entidades de derecho público pueden colaborar entre sí o con sujetos de derecho privado para lograr un fin común. Los convenios deben mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, y contribuir a actividades de utilidad pública, respetando la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera5.
6. Los órganos administrativos: naturaleza y clases. La competencia: naturaleza y clases. La desconcentración y la delegación de competencias. La avocación. La encomienda de gestión. La delegación de firma. La suplencia. Las decisiones sobre la competencia. La abstención y la recusación.
Órganos administrativos: Los órganos administrativos son entidades encargadas de la gestión y ejecución de las políticas públicas en nombre del Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales. Pueden ser de distintas clases, como:
Órganos colegiados: Integrados por varias personas que toman decisiones de manera conjunta, como consejos, juntas, comités, etc.
Órganos unipersonales: Ejercen sus funciones por una sola persona, como directores, secretarios, jefes de servicio, etc.
Competencia: La competencia es la facultad que tienen los órganos administrativos para tomar decisiones y realizar determinadas actuaciones en el ejercicio de sus funciones. Puede ser de diversas clases, como:
Competencia material: Relativa a la materia sobre la que se actúa.
Competencia territorial: Referida al ámbito geográfico en el que se ejerce la competencia.
Competencia funcional: Relacionada con las funciones o tareas que realiza el órgano administrativo.
Desconcentración: Distribución de competencias dentro de una misma entidad u organismo administrativo, delegando funciones a otros órganos subordinados jerárquicamente.
Delegación de competencias: Transferencia de competencias de un órgano administrativo a otro, que puede ser de superior a inferior jerárquicamente o entre órganos del mismo nivel.
Avocación: Es una técnica de derecho administrativo utilizada para la traslación del ejercicio de la competencia para resolver en un asunto concreto, desde un órgano jerárquicamente inferior hacia otro que sea superior6.
Abstención y recusación: Son figuras legales que buscan garantizar la imparcialidad en los procedimientos administrativos, evitando conflictos de interés. La abstención es una acción voluntaria por parte del funcionario o autoridad administrativa en la cual se aparta del procedimiento debido a una situación personal que podría afectar su imparcialidad, mientras que la recusación es una solicitud presentada por una de las partes o por un tercero, cuestionando la imparcialidad del funcionario o autoridad administrativa11.
Convenios: Son acuerdos entre dos o más partes sobre un asunto en particular. En el ámbito laboral, los convenios colectivos son acuerdos entre las asociaciones empresariales y los representantes de los trabajadores, que regulan las condiciones laborales en un sector o empresa específica12.
7. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Decreto-Ley y Decreto Legislativo. El Reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del Derecho Administrativo.
Las fuentes del Derecho Administrativo en España se organizan jerárquicamente de la siguiente manera:
La Constitución: Es la norma suprema del ordenamiento jurídico.
Leyes Orgánicas y Ordinarias: Regulan materias reservadas por la Constitución y otras materias no reservadas, respectivamente.
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley:
Decreto-Ley: Normas con rango de ley que el Gobierno puede emitir en casos de extraordinaria y urgente necesidad.
Decreto Legislativo: Normas delegadas por las Cortes Generales al Gobierno para desarrollar leyes marco o textos articulados.
El Reglamento: Normas jurídicas de carácter general dictadas por el Ejecutivo sin intervención del legislativo. Se dividen en:
Reglamentos Ejecutivos o de Ejecución: Desarrollan leyes y deben respetar el principio de jerarquía normativa y la reserva de ley.
Reglamentos Independientes: Regulan materias no reservadas a la ley y no pueden contradecir lo establecido en una ley.
Reglamentos de Organización: Regulan la estructura interna de la Administración Pública.
Otras fuentes: Incluyen la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la costumbre y la doctrina científica.
Cada tipo de fuente debe respetar la jerarquía establecida, y las normas inferiores no pueden contradecir a las superiores. Además, los reglamentos tienen límites claros y no pueden regular materias reservadas a la ley, como derechos fundamentales o el régimen electoral.
8. El acto administrativo: concepto, clases, y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación
El acto administrativo es una declaración realizada por la Administración Pública en ejercicio de su función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma inmediata. Se clasifica en:
Reglados: Cuando la Administración actúa siguiendo criterios fijados por la normativa aplicable.
Discrecionales: Cuando la Administración tiene cierto margen de decisión dentro de lo que la ley permite.
Los elementos esenciales de un acto administrativo son:
Competencia: La autoridad que emite el acto debe estar habilitada para ello.
Objeto: El contenido del acto debe ser posible, lícito y determinado.
Fines: Debe perseguir un interés público y ajustarse a la finalidad prevista por el ordenamiento jurídico.
Motivación: Es la justificación del acto, que debe ser expresada cuando la ley lo exija o cuando se limite derechos.
Forma: Debe cumplir con las formalidades necesarias para su validez.
La eficacia de un acto administrativo se refiere a la aptitud para producir todos sus efectos jurídicos, mientras que la validez se relaciona con su conformidad con el ordenamiento jurídico. Un acto puede ser eficaz pero no válido si incumple alguna norma.
La motivación es la exposición de las razones que justifican la adopción del acto. La notificación es el proceso mediante el cual se comunica formalmente el acto al interesado, y es esencial para garantizar su eficacia.
La revisión de actos en vía administrativa puede darse de oficio o a petición del interesado, y puede ser:
Revisión de oficio: La propia Administración detecta irregularidades y actúa para corregirlas.
Recursos administrativos: Los interesados pueden presentar recursos como el de alzada, reposición o extraordinario de revisión contra actos que consideren lesivos a sus intereses.
Estos mecanismos buscan garantizar la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos frente a la actividad administrativa.
9. El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y caracterización. Fases del procedimiento administrativo. La revisión de actos en vía administrativa.
El procedimiento administrativo es el conjunto de actos y trámites que la Administración Pública sigue para la toma de decisiones y la emisión de actos administrativos. Su naturaleza es garantizar la legalidad y la seguridad jurídica, así como proteger los derechos de los ciudadanos1.
Las fases del procedimiento administrativo son:
Iniciación: Puede ser de oficio o a petición del interesado.
Ordenación: Ordena los trámites necesarios para la resolución del procedimiento.
Instrucción: Recoge la información y pruebas pertinentes para resolver.
Finalización: Concluye con una resolución que pone fin al procedimiento.
La revisión de actos en vía administrativa puede darse de oficio o a petición del interesado, y puede ser:
Revisión de oficio: La propia Administración detecta irregularidades y actúa para corregirlas.
Recursos administrativos: Los interesados pueden presentar recursos como el de alzada, reposición o extraordinario de revisión contra actos que consideren lesivos a sus intereses.
Estos mecanismos buscan garantizar la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos frente a la actividad administrativa.
10. Acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas. Normativa sobre administración electrónica.
El acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas está regulado por el Real Decreto 203/2021, que aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Este reglamento establece que los ciudadanos pueden realizar trámites administrativos electrónicamente, garantizando la accesibilidad y seguridad en el proceso45.
La normativa sobre administración electrónica incluye la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que consagran el derecho de las personas a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas6. Además, se complementa con otras leyes y normativas que regulan aspectos específicos como la identificación, firma electrónica y representación, registros electrónicos, sedes electrónicas, y la seguridad en la tramitación electrónica78.
11. Presupuestos Generales del Estado. Estructura. El ciclo presupuestario. La legislación de estabilidad presupuestaria y los presupuestos del Estado. Elaboración, discusión y aprobación del presupuesto. Modificaciones presupuestarias.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son el instrumento financiero a través del cual el Estado español prevé los ingresos y autoriza los gastos para un año fiscal. La estructura y contenido de los PGE se organizan en torno a varios ejes1:
Estructura de Gastos: Incluye clasificaciones orgánica, por programas y económica2.
Estructura de Ingresos: Se organiza por unidades orgánicas y categorías económicas2.
La elaboración y aprobación de los PGE comienza con la elaboración del Anteproyecto por parte del Ministerio de Hacienda, seguido de la aprobación del Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros y su posterior tramitación parlamentaria3.
Las modificaciones presupuestarias son ajustes que se realizan sobre el presupuesto inicialmente aprobado y pueden incluir transferencias de crédito, generaciones de crédito, incorporaciones de crédito, entre otros4.
Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito son figuras presupuestarias utilizadas para financiar gastos imprevistos o insuficientemente dotados. Los créditos extraordinarios se destinan a gastos no previstos, mientras que los suplementos de crédito aumentan los créditos ya existentes pero insuficientes5.
Las transferencias son modificaciones presupuestarias que consisten en trasvases de recursos entre diferentes aplicaciones presupuestarias de gasto6.
El Fondo de Contingencia es una reserva presupuestaria destinada a necesidades inaplazables y no discrecionales, como imprevistos o catástrofes naturales7. Este fondo asegura que el Estado pueda responder a situaciones imprevistas sin desequilibrar el presupuesto de otros departamentos.
Estos elementos son esenciales para la gestión financiera del Estado, permitiendo adaptabilidad y respuesta ante circunstancias cambiantes a lo largo del ejercicio fiscal.
12. Los contratos del sector público. Ámbito subjetivo y objetivo de la Ley de Contratos del Sector Público. Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a una regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Órganos competentes en materia de contratación. Requisitos para contratar con la Administración: capacidad, solvencia y prohibiciones para contratar.
La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en España regula la contratación de las entidades que forman parte del sector público y establece un marco legal para garantizar la transparencia y la competencia en la adjudicación de contratos públicos. Aquí tienes un resumen de los aspectos clave que mencionas:
Ámbito Subjetivo y Objetivo: La LCSP se aplica a las Administraciones Públicas, organismos autónomos, universidades públicas, y entidades del sector público en general12. El ámbito objetivo se refiere a los tipos de contratos que están regulados por esta ley, incluyendo obras, servicios, suministros, y concesiones3.
Delimitación de los Tipos Contractuales: Los contratos se clasifican en función de su naturaleza y el objeto del contrato. Se distingue entre contratos sujetos a regulación armonizada, contratos administrativos y contratos privados4.
Contratos Sujetos a una Regulación Armonizada: Son aquellos contratos que, por su valor estimado, están sujetos a normas especiales de publicidad y procedimiento basadas en la legislación europea para promover la competencia y la transparencia5.
Contratos Administrativos y Contratos Privados: Los contratos administrativos son aquellos en los que al menos una de las partes es una entidad pública y se rigen por la LCSP. Los contratos privados, en cambio, se rigen por el derecho privado y no están sujetos a la LCSP6.
Órganos Competentes en Materia de Contratación: Los órganos de contratación son los representantes de la entidad pública en el proceso de contratación. En el Estado, actúan como órganos de contratación los Ministros, Secretarios de Estado y otros cargos equivalentes7.
Requisitos para Contratar con la Administración: Para contratar con la Administración, se requiere capacidad de obrar, solvencia económica y técnica, y no estar incurso en prohibiciones para contratar. La capacidad se refiere a la aptitud legal para realizar contratos, la solvencia asegura que la empresa puede cumplir con el contrato, y las prohibiciones para contratar se aplican a empresas que, por ejemplo, han sido sancionadas con anterioridad8.
13. Las subvenciones: procedimiento de concesión. El reconocimiento de la obligación y el pago de las subvenciones. Reintegro y control. Tipos de propiedades administrativas. El Dominio Público.
Las subvenciones son una herramienta esencial en la política económica y social, utilizadas por las administraciones públicas para apoyar actividades o proyectos que contribuyen al interés general. A continuación, se desarrollan de forma extensa los aspectos clave de las subvenciones:
Procedimiento de concesión de subvenciones: El procedimiento de concesión de subvenciones se rige principalmente por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y puede ser de dos tipos12:
Concurrencia competitiva: Es el procedimiento ordinario y se basa en la comparación de solicitudes para establecer una prelación según criterios objetivos fijados previamente.
Concesión directa: Es un procedimiento excepcional, aplicable en supuestos específicos, donde no hay comparación de solicitudes.
Reconocimiento de la obligación y pago de las subvenciones: El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo por el cual se verifica que se han cumplido las condiciones para la concesión de la subvención y se determina la cantidad a pagar al beneficiario. El pago se efectúa tras el reconocimiento de la obligación y puede realizarse de diferentes maneras, incluyendo pagos a cuenta o pagos finales tras la justificación de la actividad subvencionada34.
Reintegro y control de subvenciones: El reintegro de subvenciones se produce cuando el beneficiario no cumple con las condiciones impuestas para su concesión o cuando la subvención se ha utilizado de manera incorrecta. El control de las subvenciones se lleva a cabo tanto internamente, por la entidad concedente, como externamente, por órganos de control como la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), para asegurar el correcto uso de los fondos públicos56.
Estos procesos garantizan que las subvenciones se otorgan y utilizan de manera justa, transparente y eficiente, cumpliendo con los objetivos de interés público para los que fueron creadas.
En el ámbito del Derecho Administrativo español, las propiedades administrativas se clasifican principalmente en dos categorías: Dominio Público y Patrimonio Privado.
Dominio Público (o demanial):
Son bienes de todos los españoles, aunque su uso y disfrute están limitados1.
Deben figurar como tales en las propias leyes. Para expropiarse, se debe previamente desafectar en la ley1.
Están sujetos a los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad1.
Patrimonio Privado:
En cuanto al Dominio Público, este término también se refiere al conjunto de obras intelectuales libres de exclusividad en su acceso y utilización, como obras literarias, artísticas o científicas cuyos derechos de autor han expirado3. En España, las obras pasan al dominio público 70 años después de la muerte del autor3.
14. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes del personal al servicio de la Administración Pública. Incompatibilidades.
El personal al servicio de las Administraciones Públicas en España se rige por un marco normativo específico que establece su régimen jurídico, derechos y deberes, así como el régimen de incompatibilidades. Aquí tienes un resumen de los aspectos clave:
Estatuto Básico del Empleado Público: Este estatuto establece las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, el acceso al empleo público, la provisión de puestos de trabajo, la movilidad y los derechos y deberes de los empleados públicos23.
Derechos y Deberes: Los empleados públicos tienen una serie de derechos básicos, como la estabilidad en el empleo, retribuciones justas, horario de trabajo, seguridad social y formación y desarrollo profesional. Sus deberes incluyen el cumplimiento de sus funciones, la imparcialidad en el ejercicio de sus actividades y la no discriminación4.
Incompatibilidades: El régimen de incompatibilidades busca garantizar la dedicación plena de los funcionarios a su labor pública, evitando cualquier tipo de actividad que pueda interferir con sus responsabilidades. La Ley 53/1984 regula las incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, estableciendo las limitaciones que deben cumplir los funcionarios en el ejercicio de otras actividades remuneradas56.
Para obtener información detallada, puedes consultar el texto completo del Estatuto Básico del Empleado Público y la legislación relacionada con las incompatibilidades.
15. El Poder Judicial. El control jurisdiccional de la actividad administrativa.
El Poder Judicial en España es uno de los tres pilares del Estado, junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Su independencia está garantizada por la Constitución y su función principal es administrar justicia, asegurando que la actuación de los poderes públicos y de los ciudadanos se ajuste a la ley1.
El Tribunal Supremo es el máximo órgano del Poder Judicial y actúa como última instancia en muchos procesos judiciales. Además, existen otros órganos como los Tribunales Superiores de Justicia en cada comunidad autónoma, Audiencias Provinciales y Juzgados de Primera Instancia1.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial y está compuesto por 21 miembros, incluido su presidente, que es también el presidente del Tribunal Supremo. Los miembros son jueces o juristas de reconocido prestigio y son nombrados por el Rey a propuesta de las Cortes Generales2.
El control jurisdiccional de la actividad administrativa es fundamental en un Estado de Derecho como España. La Constitución establece que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican3. Esto significa que no hay ámbitos de la actividad administrativa exentos de control judicial4.
Los ciudadanos pueden acudir a los tribunales para impugnar actos administrativos que consideren que vulneran sus derechos o no se ajustan a la ley. Este control se ejerce principalmente a través del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que tiene la competencia para conocer de los recursos contra las disposiciones y actos de la Administración, así como de las cuestiones que afecten a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas5.
El control jurisdiccional asegura que la Administración actúe dentro de los límites de la ley y respete los derechos de los ciudadanos. Además, promueve la transparencia y la responsabilidad en el actuar administrativo, contribuyendo a la confianza en las instituciones y al funcionamiento adecuado del Estado de Derecho5.
16. El control de la actividad financiera en España. Concepto y clases. El control externo: el Tribunal de Cuentas. El Control interno: la Intervención General de la Administración del Estado. La función interventora y el control a posteriori. La contabilidad pública: la Cuenta General del Estado.
El control de la actividad financiera en España se puede clasificar en control interno y control externo.
Control Interno: Es ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que verifica que la actividad económico-financiera del sector público estatal se ajuste a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia123. La IGAE también gestiona la contabilidad pública y elabora la Cuenta General del Estado, que refleja la situación patrimonial y financiera del sector público4.
Control Externo: El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Realiza el control externo, asegurando que la actividad económico-financiera del sector público se someta a los principios de legalidad y buena gestión financiera56.
Función Interventora: La función interventora controla los actos del sector público que generan derechos o gastos, así como los ingresos y pagos derivados, para garantizar que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables78.
17. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Régimen jurídico de la Dependencia. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
Las políticas de igualdad de género y las leyes que las respaldan son fundamentales para garantizar la equidad y proteger los derechos de las mujeres y hombres en la sociedad. Aquí tienes un desarrollo extenso sobre las políticas y leyes mencionadas:
Esta ley establece el marco legal para la igualdad de género en España y busca eliminar cualquier forma de discriminación. Se centra en garantizar la igualdad en el empleo, la educación, y la toma de decisiones políticas y económicas. Además, promueve la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y combate la violencia de género.
Políticas contra la violencia de género
Las políticas contra la violencia de género se enfocan en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Estas políticas incluyen medidas de protección y asistencia a las víctimas, así como programas de educación y sensibilización para cambiar patrones socioculturales que perpetúan la violencia.
Esta ley proporciona un enfoque integral para combatir la violencia de género. Establece medidas de prevención, atención y protección a las víctimas, y sanciones para los agresores. También incluye disposiciones para la sensibilización social y la formación de profesionales que intervienen en estos casos.
Régimen jurídico de la Dependencia
El régimen jurídico de la dependencia se refiere al conjunto de normativas que regulan la atención y cuidado de personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, requieren apoyo para realizar actividades básicas de la vida diaria.
Conocida como la Ley de Dependencia, esta legislación crea un sistema para garantizar la atención y promover la autonomía de las personas en situación de dependencia. Define los grados de dependencia, establece un catálogo de servicios y prestaciones, y regula la financiación y colaboración entre las administraciones públicas para su implementación.
Estas leyes y políticas son esenciales para construir una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y estén protegidas contra cualquier forma de discriminación o violencia.
18. La Gobernanza Pública y el Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores del Gobierno Abierto: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de Gobierno Abierto en España. Legislación sobre transparencia.
La Gobernanza Pública y el Gobierno Abierto en España se fundamentan en la promoción de una cultura de transparencia, participación ciudadana, colaboración y rendición de cuentas. Estos principios buscan fortalecer la democracia y el crecimiento inclusivo1.
Datos Abiertos y Reutilización: Los datos abiertos se refieren a la información del sector público que está disponible para que cualquier persona pueda acceder, usar y compartir. La reutilización de estos datos permite la creación de servicios y aplicaciones innovadoras que pueden aportar valor económico y social234.
Marco Jurídico y Planes de Gobierno Abierto: El marco jurídico del Gobierno Abierto en España se sustenta en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta ley establece las obligaciones de publicidad activa y garantiza el derecho de acceso a la información pública5. Los planes de Gobierno Abierto incluyen compromisos de las administraciones públicas para avanzar en estos principios6.
Para más detalles sobre estos temas, puedes consultar los documentos y recursos disponibles en los portales oficiales del Gobierno de España1256.
19. Estructura y competencias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los Organismos Públicos: organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias y sociedades del Ministerio. Fundaciones participadas por el Ministerio o por sus organismos y sociedades. Las sociedades estatales de aguas.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de España tiene una estructura organizativa diseñada para abordar los desafíos ambientales y demográficos del país. Según el Real Decreto 500/2020, el MITECO se encarga de la propuesta y ejecución de políticas gubernamentales en áreas como la lucha contra el cambio climático, la protección del patrimonio natural y la biodiversidad, la gestión de recursos hídricos y marítimos, y la transición a un modelo energético sostenible1.
La estructura del MITECO incluye varias Secretarías de Estado y Direcciones Generales, cada una con sus propias competencias:
Secretaría de Estado de Energía: Se ocupa de la política energética nacional y las medidas para asegurar el abastecimiento energético.
Secretaría de Estado de Medio Ambiente: Gestiona la legislación estatal en materia de aguas, costas, cambio climático, y más.
En cuanto a los Organismos Públicos, el MITECO supervisa una variedad de entidades que incluyen:
Organismos Autónomos: Como el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN).
Entidades Públicas Empresariales: Como la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA).
Agencias: Como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Sociedades Estatales: Como la sociedad estatal ACUAES, que gestiona infraestructuras hidráulicas2.
Las Fundaciones participadas por el MITECO o sus organismos incluyen la Fundación Biodiversidad, que recientemente lanzó una convocatoria de hasta 30 millones de euros para proyectos de capacitación que impulsen la transición ecológica3.
Finalmente, las Sociedades Estatales de Aguas en España, como Acuaes y Acuamed, se encargan de la construcción, conservación y explotación de obras e infraestructuras relacionadas con la regulación de los recursos hídricos, su conducción, potabilización, desalinización, y el saneamiento y depuración de las aguas residuales45.
20. La Unión Europea: antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los Tratados originarios y modificativos. Las instituciones de la Unión Europea. Política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Cooperación en los ámbitos de justicia e interior
La Unión Europea (UE) es una entidad política y económica única que comprende a 27 países europeos que delegan parte de su soberanía para actuar en intereses comunes. Su desarrollo y estructura están fundamentados en una serie de tratados y principios jurídicos.
Antecedentes de la Unión Europea: Los antecedentes de la UE se remontan al período posterior a la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de fomentar la cooperación económica y evitar conflictos futuros. En 1946, Winston Churchill propuso la creación de los “Estados Unidos de Europa”. La UE surgió de la Comunidad Económica Europea (CEE), establecida por los Tratados de Roma en 19571.
Objetivos y Naturaleza Jurídica: La UE tiene como objetivo promover la paz, sus valores y el bienestar de sus ciudadanos. Busca ofrecer libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, regular el asilo y la inmigración, y prevenir la delincuencia. La UE tiene una naturaleza jurídica compleja, siendo una asociación de Estados soberanos con competencias concretas y limitadas2.
Tratados Originarios y Modificativos: Los tratados originarios incluyen el Tratado de la UE (TUE), el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) y el Tratado Euratom. Los tratados modificativos son aquellos que han reformado los tratados originarios, como el Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam y el Tratado de Lisboa3.
Las instituciones de la Unión Europea son el marco fundamental para la toma de decisiones y la implementación de políticas a nivel comunitario. Entre las principales instituciones se encuentran:
Parlamento Europeo: Representa a los ciudadanos de la UE y es elegido directamente por ellos. Tiene funciones legislativas, presupuestarias y de supervisión.
Consejo Europeo: Define la dirección política general de la UE, pero no tiene funciones legislativas.
Consejo de la Unión Europea: También conocido como el Consejo de Ministros, es la institución donde los gobiernos de los Estados miembros defienden sus intereses y políticas.
Comisión Europea: Actúa como el brazo ejecutivo de la UE, proponiendo legislación, implementando decisiones y gestionando las políticas diarias.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): Garantiza la interpretación y aplicación uniformes del derecho comunitario.
Banco Central Europeo (BCE): Gestiona la moneda única, el euro, y la política monetaria de la UE.
Tribunal de Cuentas Europeo: Controla las finanzas de la UE1234.
La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE busca desarrollar una política exterior coherente y efectiva, manteniendo la paz y reforzando la seguridad internacional. La PESC incluye la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), que permite a la UE llevar a cabo misiones civiles y militares en terceros países. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad lidera la PESC, con el apoyo del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)567.
En cuanto a la cooperación en los ámbitos de justicia e interior, la UE trabaja para mantener y desarrollar un espacio donde se garantice la libertad, la seguridad y la justicia. Esto incluye políticas de asilo, control de fronteras, inmigración, cooperación policial y judicial, y la lucha contra la delincuencia8910.
El mercado único es una de las piedras angulares de la UE, permitiendo la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. El mercado único busca eliminar barreras técnicas, jurídicas y burocráticas, facilitando así la vida cotidiana y estimulando el crecimiento y la innovación. Además, la UE está trabajando en la creación de una unión de mercados de capitales y un mercado único digital para adaptarse a las necesidades de la economía moderna111213.
21. El Derecho comunitario. Fuentes. Derecho originario. Las relaciones entre el Derecho comunitario y el ordenamiento jurídico de los estados miembros.
Derecho Comunitario y Fuentes: El Derecho comunitario, también conocido como Derecho de la UE, incluye el derecho originario y el derecho derivado. El derecho originario se basa en los tratados constitutivos y de adhesión, mientras que el derecho derivado proviene de los actos legislativos y decisiones de las instituciones de la UE4.
Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Ordenamiento Jurídico de los Estados Miembros: El Derecho de la UE tiene primacía sobre el derecho nacional de los Estados miembros. Esto significa que en caso de conflicto entre una norma europea y una norma nacional, prevalecerá la norma europea5.
Instrumentos Jurídicos: Los principales instrumentos jurídicos de la UE son los reglamentos, que son vinculantes y de aplicación directa; las directivas, que establecen objetivos que los Estados miembros deben cumplir; y las decisiones, que son vinculantes para sus destinatarios específicos6.
22. El medio ambiente como objeto de derecho: concepto de medio ambiente y su tratamiento en el ámbito constitucional español. Evolución del concepto y tratamiento del medio ambiente en la normativa comunitaria. La importancia del medio ambiente en la Unión Europea. Programas de Acción en materia de medio ambiente. Las estrategias temáticas. El Pacto Verde Europeo. Finanzas sostenibles. El marco de las finanzas sostenibles en la Unión Europea.
El medio ambiente como objeto de derecho es un tema amplio y multifacético que abarca desde la definición y el concepto de medio ambiente hasta su protección y regulación a nivel constitucional y comunitario. A continuación, se presenta un desarrollo extenso sobre estos aspectos:
Concepto de Medio Ambiente y su Tratamiento en el Ámbito Constitucional Español
El medio ambiente se define como el conjunto de elementos naturales, sociales, culturales y económicos que interactúan entre sí y con los seres humanos, influyendo en su vida y determinando la calidad de vida. En el ámbito constitucional español, el medio ambiente es protegido por el artículo 45 de la Constitución Española de 19781, que establece el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo. Los poderes públicos tienen la responsabilidad de velar por la utilización racional de los recursos naturales para proteger y mejorar la calidad de vida y restaurar el medio ambiente1.
Evolución del Concepto y Tratamiento del Medio Ambiente en la Normativa Comunitaria
La normativa comunitaria ha evolucionado para adaptarse a los desafíos ambientales emergentes y a la creciente conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad. La Unión Europea ha establecido una estructura legislativa que incluye la normativa Comunitaria, Estatal, Autonómica y Municipal, todas ellas orientadas a la protección del medio ambiente y al establecimiento de un sistema más sostenible2.
Importancia del Medio Ambiente en la Unión Europea
La Unión Europea reconoce la importancia crítica del medio ambiente para la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Se han destinado programas de investigación, legislación y financiación para proteger, conservar y mejorar el capital natural de la UE, convertirla en una economía de bajas emisiones, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, y proteger a los ciudadanos de las presiones y riesgos medioambientales3.
Programas de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión Europea
La Unión Europea ha implementado varios programas de acción en materia de medio ambiente que incluyen la protección del medio ambiente marino y costero, la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, la reducción de la contaminación acústica y la acción sobre la producción y la contaminación de plásticos para contribuir a una economía circular4.
Estrategias Temáticas de Medio Ambiente de la Unión Europea
Las estrategias temáticas de la Unión Europea abarcan una amplia gama de áreas, incluyendo la protección de especies amenazadas y zonas naturales, la seguridad del agua potable y de baño, la mejora de la calidad del aire y la gestión de residuos, y la reducción de los efectos de los productos químicos nocivos3.
El Pacto Verde Europeo
El Pacto Verde Europeo es una estrategia integral de la UE para transformar la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, con el objetivo final de alcanzar la neutralidad climática para 2050. Este pacto incluye un conjunto de iniciativas políticas que abordan el clima, la energía, el transporte y la fiscalidad, con el fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 19905.
Estos elementos constituyen la base de la política ambiental en España y la Unión Europea, reflejando un compromiso continuo con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.
Las finanzas sostenibles son un enfoque de inversión que considera criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para promover prácticas responsables y contribuir al desarrollo sostenible. Este enfoque busca equilibrar los beneficios económicos con un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente12.
En la Unión Europea, el marco de las finanzas sostenibles se ha desarrollado significativamente como parte de su compromiso con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La UE ha implementado un Plan de Acción sobre finanzas sostenibles, que incluye medidas para canalizar el dinero hacia actividades sostenibles y mejorar el flujo de inversiones hacia proyectos que apoyen los objetivos ambientales y sociales3.
El Reglamento (UE) 2020/852, conocido como la Taxonomía de la UE, es un elemento clave de este marco. Establece criterios claros para determinar si una actividad económica es ambientalmente sostenible, ayudando a los inversores a dirigir sus fondos hacia proyectos más verdes4.
Además, la UE está trabajando en la creación de un sistema financiero que permita el desarrollo sostenible, lo que incluye la propuesta de nuevos actos delegados medioambientales sobre taxonomía y la regulación de proveedores de calificaciones ESG, mejorando su fiabilidad y transparencia5.
Estas iniciativas son parte de un esfuerzo más amplio para asegurar que las finanzas contribuyan a una economía más ecológica y sostenible, en línea con el Pacto Verde Europeo6.
23. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Principios, objetivos, evolución, instrumentos y planes de trabajo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es la autoridad ambiental líder a nivel mundial, estableciendo la agenda global y promoviendo la implementación coherente de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible dentro del sistema de las Naciones Unidas1. Aquí tienes un resumen de sus principios, objetivos, evolución, instrumentos y planes de trabajo:
Principios:
Fomentar el intercambio de formación, tecnología e innovación.
Promover acciones en defensa de la naturaleza.
Trabajar bajo el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Objetivos:
Orientar decisiones que influyen en el medio natural a nivel local e internacional.
Asesorar a gobiernos y sociedad civil sobre gestión ambiental.
Promover el desarrollo sostenible mediante acciones educativas3.
Evolución:
Fundado en 1972 tras la Conferencia de Estocolmo.
Ha liderado iniciativas globales como el Protocolo de Montreal y el Convenio de Minamata.
Impulsa la restauración de ecosistemas y la reducción de la huella ecológica4.
Instrumentos:
Convenio sobre la Biodiversidad Biológica.
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas.
Convenio de Minamata sobre el Mercurio.
Protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono5.
Planes de trabajo:
24. Medio ambiente y desarrollo sostenible. Agenda 2030: principios y objetivos. Aplicación en la Unión Europea y en España. La Agencia Europea de Medio Ambiente. Evolución, funciones y organización.
El concepto de desarrollo sostenible se refiere a un modelo de crecimiento que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer las suyas. Implica un equilibrio entre el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente12.
La Agenda 2030 es un plan de acción global adoptado por los estados miembros de las Naciones Unidas en 2015. Establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abarcan aspectos económicos, sociales y ambientales del desarrollo sostenible. Los ODS buscan, entre otros, erradicar la pobreza, garantizar la educación y la salud, lograr la igualdad de género, y promover el uso sostenible de los océanos y los bosques3.
En la Unión Europea, la Agenda 2030 se ha integrado en las políticas e iniciativas, con un enfoque en los tres pilares del desarrollo sostenible: social, medioambiental y económico. La UE se compromete a informar periódicamente sobre los avances hacia la aplicación de la Agenda 20304.
En España, la Agenda 2030 se ha adoptado como un cambio en la concepción del desarrollo sostenible y el progreso, respetando los límites del planeta. El país ha mostrado avances en varios ODS, aunque aún hay desafíos significativos por delante5.
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), con sede en Copenhague, es una agencia de la UE que proporciona información independiente sobre el medio ambiente. Su función es apoyar el desarrollo sostenible y contribuir a una mejora significativa del medio ambiente europeo. La AEMA desarrolla y coordina la Red europea de información y observación del medio ambiente (Eionet), y sus actividades son fundamentales para la toma de decisiones y la gestión medioambiental en Europa67.
25. Derecho ambiental comunitario. Instrumentos jurídicos: reglamentos, directivas y decisiones.
El Derecho ambiental comunitario de la Unión Europea (UE) se compone de una serie de instrumentos jurídicos diseñados para proteger el medio ambiente, combatir el cambio climático y promover la sostenibilidad. Estos instrumentos son fundamentales para la implementación de políticas ambientales y se clasifican en:
Reglamentos: Son normas vinculantes y directamente aplicables en todos los Estados miembros sin necesidad de transposición a la legislación nacional. Tienen un alcance general y son obligatorios en todos sus elementos1.
Directivas: Establecen objetivos que todos los Estados miembros deben alcanzar, pero les dejan libertad en cuanto a la forma y los medios para lograr esos objetivos. Las directivas deben ser transpuestas a la legislación nacional, lo que permite cierta flexibilidad en función de las particularidades de cada país2.
Decisiones: Son vinculantes en su totalidad para aquellos a quienes van dirigidas, ya sean Estados miembros, empresas o individuos. A diferencia de los reglamentos, no tienen un alcance general sino que se centran en casos específicos3.
Estos instrumentos se complementan con recomendaciones y dictámenes, que no son vinculantes pero pueden influir en la interpretación del Derecho de la UE y en la conducta de quienes van dirigidos.
El marco jurídico del Derecho ambiental comunitario se basa en principios como la precaución, la prevención y el principio de “quien contamina paga”, y se ha desarrollado a través de tratados internacionales y legislación que aborda problemas ambientales emergentes45.
26. Instrumentos comunitarios de financiación en materia de medioambiente. Evolución y perspectivas. Especial referencia al caso español. Plan de recuperación para Europa: NextGenerationEU y su impacto en el medio ambiente y lucha contra el cambio climático. Principio DNSH. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los instrumentos comunitarios de financiación en materia de medio ambiente son esenciales para apoyar las políticas y proyectos ambientales en la Unión Europea. Estos instrumentos han evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, reflejando la creciente importancia del medio ambiente y la sostenibilidad en la agenda política de la UE.
Evolución y Perspectivas
La financiación comunitaria en materia de medio ambiente ha pasado de ser un tema marginal a ocupar un lugar central en la política de la UE. El Programa LIFE es el principal instrumento financiero de la UE dedicado exclusivamente al medio ambiente y la acción por el clima1. Desde su creación en 1992, LIFE ha financiado miles de proyectos en toda la UE, incluyendo España, con un enfoque en la conservación de la naturaleza, la política climática y la transición hacia una economía circular2.
El Pacto Verde Europeo y el Programa de Acción de la UE en materia de Medio Ambiente hasta 2030 son ejemplos recientes de cómo la UE está intensificando sus esfuerzos. Estos programas buscan lograr la neutralidad climática para 2050 y proteger la biodiversidad, promoviendo una economía regenerativa y eficiente en el uso de los recursos2.
Caso Español
España se ha beneficiado significativamente de los fondos de la UE destinados al medio ambiente. Proyectos como LIFE eCOadapt50, coordinado por la Diputación de Barcelona, son ejemplos de cómo estos fondos ayudan a los países miembros a alcanzar sus objetivos ambientales y climáticos3.
Plan de Recuperación para Europa: NextGenerationEU
NextGenerationEU es una respuesta sin precedentes a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, con un enfoque en la recuperación económica que también aborda los desafíos ambientales y climáticos. Este plan asigna una parte significativa de su presupuesto a la transición ecológica, asegurando que todas las inversiones y reformas financiadas no causen daños significativos al medio ambiente4.
Impacto en el Medio Ambiente y la Lucha Contra el Cambio Climático
NextGenerationEU tiene como objetivo que la Europa post-COVID-19 sea más verde y resiliente. Los Estados miembros deben dedicar al menos el 37% del gasto total a inversiones y reformas que apoyen la acción climática, y un mínimo del 20% a la transición digital4.
El principio DNSH (Do No Significant Harm, por sus siglas en inglés) es un concepto clave en el marco de las finanzas sostenibles y la inversión en la Unión Europea. Se refiere a la condición de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente y se basa en seis objetivos medioambientales definidos en el Reglamento 852/20201. Estos objetivos son:
Mitigación del cambio climático: Evitar actividades que resulten en emisiones significativas de gases de efecto invernadero.
Adaptación al cambio climático: No incrementar los efectos adversos del cambio climático en la actividad o en el entorno.
Uso y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos: No deteriorar el estado ecológico de las aguas.
Economía circular: Evitar el daño a la prevención y el reciclaje de residuos.
Prevención y control de la contaminación: No aumentar significativamente la contaminación del aire, agua o suelo.
Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas: No perjudicar gravemente los ecosistemas o la biodiversidad.
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España es un proyecto ambicioso que busca modernizar la economía española, fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, y preparar al país para los retos futuros. Este plan se alinea con los objetivos de NextGenerationEU y se espera que tenga un impacto significativo en la mejora del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático en España5.
Estos instrumentos y planes representan un compromiso firme de la UE y sus Estados miembros para avanzar hacia un futuro más sostenible y resiliente, con especial énfasis en la protección del medio ambiente y la mitigación del cambio climático.
27. Política medioambiental en España. La distribución de competencias en materia de medio ambiente entre la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la Administración Local.
La política medioambiental en España se estructura en un marco de competencias distribuidas entre distintos niveles de la administración, cada uno con responsabilidades específicas en la protección y gestión del medio ambiente. A continuación, se detalla la distribución de estas competencias:
Administración General del Estado: La Administración General del Estado tiene competencias exclusivas en la legislación básica y el régimen económico del medio ambiente, así como en la legislación sobre montes, aprovechamientos forestales, vías pecuarias y conservación de la naturaleza. Además, gestiona la representación del Estado en asuntos internacionales relacionados con el medio ambiente y coordina las relaciones con la Unión Europea en esta materia123.
Administración Autonómica: Las Comunidades Autónomas tienen competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de protección del medio ambiente. Esto incluye la gestión de los parques naturales y la regulación de las actividades que pueden afectar al medio ambiente dentro de su territorio. Cada Comunidad Autónoma puede establecer sus propias normativas ambientales, siempre que estas sean más restrictivas que las estatales y comunitarias45.
Administración Local: Los Ayuntamientos y otras entidades locales tienen competencias en la gestión de residuos sólidos urbanos, protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas, y la conservación de parques y jardines públicos. Además, son responsables de la gestión del abastecimiento de agua potable, evacuación y tratamiento de aguas residuales, y otros servicios relacionados con el medio ambiente urbano6789.
La Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que las Entidades Locales deben ejercer competencias en la protección y gestión del medio ambiente, como la ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas, la prevención y extinción de incendios, y la protección civil10.
En resumen, la política medioambiental en España se caracteriza por un sistema de competencias compartidas y coordinadas entre diferentes niveles de la administración, lo que permite una gestión integral y adaptada a las necesidades y características de cada territorio. La colaboración entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales es fundamental para alcanzar los objetivos de protección y mejora del medio ambiente en el país.
28. Derecho de acceso a la información y a la participación pública en materia de medio ambiente: Convenio de Aarhus, Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, y Ley 27/2006, de 18 de julio. La educación ambiental en España: el Centro Nacional de Educación Ambiental CENEAM.
El Derecho ambiental comunitario es un conjunto de normativas y directrices establecidas por la Unión Europea (UE) para proteger el medio ambiente y promover la sostenibilidad. Este marco legal se basa en principios como la precaución, la prevención y la corrección de la contaminación en su origen12.
El Convenio de Aarhus es un tratado internacional que garantiza el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. España ratificó este convenio y lo implementó a través de la Ley 27/20063.
La participación en la gestión ambiental en la UE se refleja en el compromiso con la transparencia y la inclusión ciudadana en la toma de decisiones ambientales. El sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) es un ejemplo de cómo las organizaciones pueden comprometerse con la mejora continua del desempeño ambiental4.
La normativa de la Unión Europea en materia ambiental es extensa y abarca desde la calidad del aire y el agua hasta la gestión de residuos y el cambio climático. Estas políticas buscan proteger el medio ambiente y promover un desarrollo sostenible2.
En España, la información ambiental se gestiona y difunde a través de varios canales, incluyendo informes como el “Perfil Ambiental de España” y bases de datos accesibles al público56.
La Ley 27/2006 regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente en España, incorporando las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE78.
La educación ambiental en España se promueve a través de iniciativas como el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS), que establece un marco de trabajo para la educación ambiental y la sostenibilidad910.
El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), ubicado en Valsaín, Segovia, es una institución de referencia en educación para la sostenibilidad. Ofrece recursos informativos, programas de formación y actividades de sensibilización ambiental1112.
29. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Órganos de colaboración y participación pública. Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027, aspectos medioambientales e intervenciones forestales y agroambientales.
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes es una normativa española que regula los espacios forestales. Establece un marco legislativo para la conservación, mejora y aprovechamiento sostenible de los montes, en línea con la Constitución Española y los principios de gestión forestal sostenible1.
En cuanto a los órganos de colaboración y participación pública, la ley prevé la participación de diversos agentes sociales y económicos en la toma de decisiones sobre el medio forestal. Esto incluye representantes de gobiernos autonómicos, ayuntamientos, propietarios privados, industrias, técnicos, empresarios, productores agrarios, ONGs, universidades, entre otros2.
El Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027 tiene como objetivo responder a las necesidades del campo español y alcanzar los objetivos de la Política Agrícola Común (PAC) y la ambición del Pacto Verde Europeo. Incluye intervenciones o medidas que se aplicarán en el periodo mencionado, basadas en un análisis de las condiciones agrarias, económicas, sociales y medioambientales de España3.
Los aspectos medioambientales en el Plan Estratégico incluyen un compromiso significativo con el medio ambiente y la acción climática, con un porcentaje importante del gasto del Plan destinado a contribuciones medioambientales y climáticas4.
Las intervenciones forestales y agroambientales del Plan contemplan inversiones para fines ambientales, apoyo a agricultores que asuman compromisos ambientales plurianuales, y medidas para la innovación, asesoramiento y formación en el sector5.
30. Planificación forestal en España: Estrategia Forestal Española horizonte 2050 y Plan Forestal Español 2022-2032. Objetivos, metas, ejes estratégicos y líneas de acción. Política forestal internacional: Conferencias ministeriales para la protección de bosques en Europa (Forest Europe). La Estrategia de la UE en favor de los bosques para 2030 y su implementación.
La Estrategia Forestal Española horizonte 2050 y el Plan Forestal Español 2022-2032 son instrumentos clave para la planificación forestal en España. La Estrategia Forestal Española establece la política forestal a largo plazo y fue aprobada por el Consejo de Ministros el 20 de diciembre de 20221. Se estructura en cinco ejes estratégicos que abarcan 25 líneas de acción2. Estos ejes incluyen la conservación del patrimonio natural, la prevención y adaptación al cambio climático, y el desarrollo de la bioeconomía forestal3.
En el ámbito internacional, Forest Europe es una iniciativa política de alto nivel que promueve la protección y gestión sostenible de los bosques en Europa4. España ha jugado un papel activo en este proceso, ejerciendo la presidencia y acogiendo conferencias ministeriales5.
La Estrategia de la UE en favor de los bosques para 2030 es una iniciativa del Pacto Verde Europeo que busca aumentar la cantidad y calidad de los bosques en la UE y reforzar su protección, restauración y resiliencia. Esta estrategia se alinea con los objetivos de neutralidad climática para 2050 y se centra en la adaptación de los bosques europeos a las condiciones cambiantes y fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático67.
31. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y sus modificaciones. Principios y elementos. Desarrollos normativos
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, es una normativa española que establece el régimen jurídico para la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad en España. A continuación, se detallan sus aspectos más relevantes:
Principios de la Ley
Mantenimiento de procesos ecológicos esenciales: Apoyo a los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano.
Conservación y restauración de la biodiversidad: Incluyendo la conservación de hábitats naturales y fauna y flora silvestres.
Uso ordenado de los recursos: Garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.
Conservación de la variedad y singularidad de los ecosistemas: Preservación de la diversidad geológica y del paisaje.
Integración de la conservación en políticas sectoriales: Participación equitativa en el reparto de beneficios derivados de los recursos genéticos.
Prevalencia de la protección ambiental: Sobre la ordenación territorial y urbanística.
Precaución: En intervenciones que puedan afectar a espacios naturales o especies silvestres.
Información y participación ciudadana: Concienciación sobre la importancia de la biodiversidad.
Elementos de la Ley
La Ley 42/2007 se estructura en varios títulos que abarcan desde la planificación y conocimiento del patrimonio natural hasta la catalogación y conservación de hábitats y espacios naturales2. Algunos elementos clave incluyen:
Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: Herramienta para conocer el estado de conservación del patrimonio natural.
Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: Define objetivos y acciones para la conservación y uso sostenible del patrimonio natural.
Estrategia estatal de infraestructura verde: Promueve la conectividad y restauración ecológicas.
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales: Planificación de los recursos y espacios naturales a proteger.
Desarrollos Normativos
La Ley 42/2007 ha sido modificada para mejorar su aplicación y adaptarse a las necesidades actuales y a la normativa de la Unión Europea. La Ley 33/2015, de 21 de septiembre, es una de las modificaciones más significativas, que ajusta aspectos relacionados con la gestión de espacios protegidos y la incorporación de la normativa de la Unión Europea3.
32. La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales: concepto, objetivos y efectos jurídicos. La Red de Parques Nacionales. Instrumentos de planificación. La gestión de los parques nacionales. Órganos de participación, consultivos, de colaboración y coordinación
La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales de España, es una normativa que actualiza y desarrolla el régimen jurídico de los Parques Nacionales en el país. A continuación, te presento un resumen detallado de sus aspectos más relevantes:
Concepto de Parques Nacionales: Los Parques Nacionales son áreas naturales con características ecológicas y culturales excepcionales. La Ley 30/2014 los define como espacios naturales terrestres, marítimos o mixtos, declarados por su representatividad ecológica, belleza paisajística y valor cultural1.
Objetivos de la Ley: La ley tiene como objetivo garantizar la conservación de estos espacios, promover la investigación y educación ambiental, y facilitar el disfrute y conocimiento público respetando su integridad2.
Efectos Jurídicos: La declaración de un área como Parque Nacional implica su inclusión en la Red de Parques Nacionales y el compromiso del Estado en su conservación, así como la aplicación de un régimen jurídico especial para su protección3.
La Red de Parques Nacionales: La Red está compuesta por los Parques Nacionales declarados, el marco normativo, los medios materiales y humanos, las instituciones y el sistema de relaciones necesario para su funcionamiento. La gestión de los parques corresponde a las comunidades autónomas4.
Instrumentos de Planificación: Los principales instrumentos de planificación son el Plan Director de la Red de Parques Nacionales y los planes rectores de uso y gestión. Estos documentos establecen las directrices para la conservación y uso público de los parques56.
Gestión de los Parques Nacionales: La gestión se lleva a cabo de manera compartida entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y las comunidades autónomas, con representación paritaria en las Comisiones Mixtas de Gestión7.
Órganos de Participación: Cada Parque Nacional cuenta con un Patronato o Consejo de Participación que actúa como órgano de participación de la sociedad en la gestión del parque8.
Órganos Consultivos: El Consejo de la Red de Parques Nacionales es un órgano colegiado de carácter consultivo, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico9.
Órganos de Colaboración: Existen órganos de colaboración, coordinación y consultivos que aseguran una gestión coherente y participativa de la Red, incluyendo reuniones de sus plenos, comités y grupos de trabajo5.
Esta ley es fundamental para la conservación del patrimonio natural de España y establece un marco legal para la protección y gestión de los Parques Nacionales, asegurando su disfrute responsable y sostenible para las generaciones futuras.
33. La Estrategia de la UE sobre biodiversidad para 2030. Principales elementos y aplicación. El Plan Estratégico Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad
La Estrategia de la UE sobre biodiversidad para 2030 es un componente clave del Pacto Verde Europeo y tiene como objetivo principal situar la biodiversidad en la senda de la recuperación para el año 2030. Los principales elementos de esta estrategia incluyen1:
Protección de al menos el 30% de las zonas marinas y terrestres de la UE, incluyendo bosques, humedales y ecosistemas costeros.
Protección estricta de al menos el 10% de las zonas marinas y terrestres de la UE, incluyendo todos los bosques primarios y maduros.
Restauración de al menos 25,000 km de ríos que fluyen libremente.
Reducción de los riesgos y el uso de pesticidas en un 50% para 2030.
Plantación de 3 mil millones de árboles.
La aplicación de la estrategia implica la adopción de medidas concretas por parte de los Estados miembros para alcanzar estos objetivos, así como la integración de la biodiversidad en todas las políticas de la UE2.
Por otro lado, el Plan Estratégico Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad de España a 2030 es una herramienta para promover la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio natural y la biodiversidad. Este plan asume los principios del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y responde a los compromisos internacionales y de la UE. Entre sus líneas de actuación prioritarias se incluye3:
Mejora del conocimiento sobre la biodiversidad para la elaboración de estrategias y políticas eficaces de conservación.
Desarrollo e implantación de la infraestructura verde y la conectividad y restauración ecológicas.
Valoración económica de los servicios de los ecosistemas de España.
Ambos marcos estratégicos son fundamentales para la protección y mejora de la biodiversidad y el patrimonio natural, tanto a nivel europeo como nacional.
34. Cooperación con las Comunidades Autónomas en programas de conservación. La Comisión Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y sus comités especializados. Principales características y actividades. Participación en materia de conservación de la biodiversidad. El Consejo Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en España es fundamental para la conservación de la biodiversidad. La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad actúa como un órgano consultivo y de cooperación, y está compuesta por varios comités especializados que abordan diferentes aspectos de la conservación, como espacios naturales protegidos, humedales, flora y fauna silvestres, recursos genéticos forestales y la lucha contra incendios forestales1.
Las principales actividades de la Comisión incluyen la coordinación interadministrativa para una gestión eficaz de los recursos naturales y la toma de decisiones basadas en el principio de solidaridad. Además, la Comisión analiza técnicamente y propone medidas sobre temas específicos relacionados con la protección y mejora de los recursos naturales1.
Por otro lado, el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad es un órgano de participación pública que informa y asesora sobre normas y planes de ámbito estatal relativos al patrimonio natural y la biodiversidad. Este Consejo tiene un papel importante en la estrategia de conservación de hábitats, especies amenazadas y en la gestión de especies exóticas invasoras2.
Ambos órganos son clave para la participación y colaboración en la conservación de la biodiversidad en España, asegurando que se tomen en cuenta las perspectivas y necesidades de las distintas regiones y sectores involucrados.
35. El Convenio de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. La erosión del suelo y la desertificación. La desertificación en España. La Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación.
La erosión del suelo y la desertificación están estrechamente relacionadas. La erosión es el proceso de desgaste y transporte del suelo o roca que ocurre en cualquier superficie terrestre. La desertificación se refiere a la degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas debido a varios factores, incluyendo las variaciones climáticas y las actividades humanas2.
En España, más de dos tercios del territorio están clasificados como zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, lo que los hace susceptibles a la desertificación. Las causas incluyen el clima semiárido, la deforestación, la erosión, los incendios forestales, la sobreexplotación de acuíferos, y el abandono de tierras agrícolas, entre otros3.
Para enfrentar este desafío, España ha desarrollado la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación (ENLD), que actualiza el programa de acción nacional contra la desertificación de 2008. Esta estrategia establece un marco para políticas e iniciativas relacionadas con la desertificación, incluyendo la conservación y mejora del capital natural en las zonas afectadas y la restauración de áreas degradadas4.
36. La Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, que establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva marco del agua). Principales conceptos y obligaciones derivadas de su implantación. Transposición. Estrategia común de implantación. Guías metodológicas europeas de implantación.
La Directiva 2000/60/CE, conocida como la Directiva Marco del Agua (DMA), es una de las piezas legislativas más importantes de la Unión Europea en materia de gestión de recursos hídricos. Su objetivo es proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y promover un uso sostenible del agua1.
Principales Conceptos
“Buen estado” de las aguas: La DMA busca alcanzar un “buen estado” para todas las aguas europeas, lo que implica un buen estado ecológico y químico2.
Gestión por cuencas hidrográficas: Introduce la gestión integrada de cuencas hidrográficas, considerando las características específicas y necesidades de cada cuenca2.
Participación pública: Fomenta la participación activa de todos los interesados en la gestión del agua3.
Obligaciones Derivadas de su Implantación
Planes Hidrológicos de Cuenca: Los Estados miembros deben elaborar y actualizar periódicamente planes hidrológicos que incluyan objetivos específicos, medidas y programas de seguimiento para cada cuenca hidrográfica3.
Prevención del deterioro: Se debe prevenir el deterioro adicional del estado de las aguas y proteger y mejorar los ecosistemas relacionados2.
Reducción de la contaminación: Implementar medidas para reducir la contaminación de las aguas y eliminar gradualmente los vertidos de sustancias peligrosas2.
Transposición
La transposición de la DMA a la legislación nacional implica adaptar los objetivos y requerimientos de la Directiva al marco legal de cada Estado miembro, asegurando su cumplimiento efectivo3.
Estrategia Común de Implantación
Para facilitar la aplicación homogénea de la DMA, se desarrolló una Estrategia Común de Implantación (ECI), coordinada por los Directores Generales del Agua, que incluye el intercambio de información y la creación de guías metodológicas4.
Guías Metodológicas Europeas de Implantación
Las guías metodológicas son documentos técnicos que proporcionan orientación sobre cómo interpretar y aplicar los diversos aspectos de la DMA. Estas guías son el resultado del consenso entre expertos y tienen como objetivo asegurar una aplicación coherente de la Directiva en toda la UE5.
La DMA es un instrumento clave para la protección de los recursos hídricos en Europa, estableciendo un marco legal para la gestión sostenible del agua y la conservación de los ecosistemas acuáticos.
37. Texto refundido de la Ley de aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Reglamentos de desarrollo.
La administración pública del agua en España se rige por un marco legal y reglamentario que busca garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos. A continuación, te proporciono un resumen detallado de los aspectos clave:
Texto Refundido de la Ley de Aguas
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, aprobó el texto refundido de la Ley de Aguas, que constituye la norma principal en la materia1. Esta ley establece los principios básicos para la protección del dominio público hidráulico, el uso sostenible del agua, la planificación hidrológica y la administración del recurso.
Reglamentos de Desarrollo
El Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley de Aguas2. Este reglamento aborda aspectos como las concesiones y autorizaciones, el régimen económico-financiero del agua, y las infracciones y sanciones.
38. La Administración Pública del Agua en España. Principios generales. Demarcaciones Hidrográficas. Los Organismos de Cuenca. Órganos de gobierno y gestión. El Consejo del Agua de la Demarcación. El Comité de Autoridades Competentes. El Consejo Nacional del Agua
La gestión del agua en España es un tema complejo que involucra a diversas entidades y principios. Aquí tienes un resumen de los aspectos clave:
Principios Generales: La administración pública del agua en España se basa en principios de gobernanza efectiva, como la operación abierta de instituciones, el uso de lenguaje accesible, y la transparencia en las decisiones políticas123.
Demarcaciones Hidrográficas: España está dividida en varias demarcaciones hidrográficas, que corresponden a las cuencas hidrográficas y pueden incluir aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas4567.
Organismos de Cuenca: Los Organismos de Cuenca, también conocidos como Confederaciones Hidrográficas, son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, encargadas de la planificación y gestión de los recursos hídricos891011.
Órganos de Gobierno y Gestión: Las administraciones públicas, tanto autonómicas, locales como centrales, son responsables de la gestión del agua, con los Organismos de Cuenca siendo la máxima autoridad en la gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca121314.
El Consejo del Agua de la Demarcación: Es un órgano de participación y planificación de las Confederaciones Hidrográficas, encargado de promover la información, consulta y participación pública en el proceso planificador15161718.
El Comité de Autoridades Competentes: Este comité reúne a la administración pública que puede ejercer competencias en materia de agua, especialmente en demarcaciones hidrográficas intercomunitarias1920.
El Consejo Nacional del Agua: Funciona como el órgano consultivo superior en materia de agua en España, informando sobre proyectos importantes como el Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de Cuenca212212.
39. El dominio público hidráulico del Estado. Normativa aplicable. Zonas de servidumbre y policía. Actividades en la zona de flujo preferente. Apeo y deslinde del dominio público hidráulico.
El dominio público hidráulico del Estado se refiere a los bienes de dominio público afectos al uso general o al servicio público en materia de aguas, como los cauces de corrientes naturales, los lechos de lagos y lagunas, y los embalses en cauces públicos1. La normativa aplicable incluye el texto refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que establecen las directrices para su protección, uso y gestión2.
Las zonas de servidumbre y policía son áreas adyacentes a los cauces públicos sujetas a restricciones específicas para proteger el dominio público hidráulico y gestionar los riesgos de inundación. La zona de servidumbre tiene un ancho de cinco metros y se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento, mientras que la zona de policía se extiende a cien metros y regula el uso del suelo y las actividades que se desarrollan en ella3.
En la zona de flujo preferente, solo se pueden autorizar actividades no vulnerables a inundaciones y que no reduzcan significativamente la capacidad de desagüe de la vía. Esta zona está asociada a la avenida correspondiente a un periodo de retorno de 100 años4.
El apeo y deslinde del dominio público hidráulico es un procedimiento administrativo que establece los límites físicos del dominio público hidráulico y es llevado a cabo por los organismos de cuenca según lo regulado en la legislación vigente5.
40. La utilización del dominio público hidráulico. Los distintos usos del agua. Priorización de usos. Los usos comunes y el uso privativo. Declaraciones responsables. Autorizaciones administrativas.
El dominio público hidráulico en España está regulado para garantizar un uso sostenible y equitativo del agua. Aquí tienes un resumen de los aspectos clave:
Dominio Público Hidráulico: Incluye todos los bienes y recursos hídricos que son propiedad del Estado y están destinados al uso público o a un servicio público1.
Usos del Agua: Los principales usos del agua en España son la agricultura de regadío, el consumo doméstico/urbano, e industrial2. La agricultura de regadío es el uso principal, seguido por el abastecimiento a la población y la industria3.
Priorización de Usos: El abastecimiento de la población es el uso prioritario en todas las cuencas hidrográficas de España. Cada cuenca puede establecer un orden de preferencias diferente para otros usos3.
Usos Comunes vs. Uso Privativo:
Uso Común: Es libre, público y gratuito, como beber o bañarse en los cauces naturales.
Uso Privativo: Requiere concesión o autorización administrativa, como la extracción de aguas para riego o industria4.
Declaraciones Responsables: Son documentos donde el interesado declara cumplir con los requisitos normativos para realizar ciertas actividades menores en el dominio público hidráulico sin afectar a terceros5.
Autorizaciones Administrativas: Necesarias para cualquier obra o actividad que pueda afectar el dominio público hidráulico o su zona de protección. Sin autorización, estas acciones pueden ser sancionadas6.
41. Los convenios internacionales y regionales marinos. La Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Montego Bay, 10 de diciembre de 1982). El Convenio para la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo (Convenio de Barcelona). El Convenio OSPAR para la protección del medio marino del Atlántico Nordeste. El Tratado BBNJ para garantizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las áreas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales
Los convenios internacionales y regionales marinos son acuerdos fundamentales para la protección y el uso sostenible de los océanos y sus recursos. Aquí tienes un resumen de los que mencionaste:
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982)1: Establece un régimen legal para los océanos y mares y regula todos los usos posibles de los océanos y sus recursos.
Convenio de Barcelona (1976)2: Su objetivo es la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación y se ha enmendado para abordar la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo.
Convenio OSPAR (1992)3: Combina los esfuerzos del Convenio de Oslo y el Convenio de París para prevenir la contaminación marina y proteger el medio marino del Atlántico Nordeste.
Tratado BBNJ: Aunque no encontré información específica en los resultados de búsqueda, el tratado BBNJ se refiere al acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional, que complementa la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar4.
42. La Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina). La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. Las estrategias marinas españolas
La Directiva 2008/56/CE, conocida como la Directiva marco sobre la estrategia marina, establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino en la Unión Europea. Su objetivo principal es lograr o mantener un buen estado medioambiental del medio marino a más tardar en el año 202012. Esta directiva exige a los Estados miembros que elaboren estrategias marinas que incluyan la evaluación del estado actual del medio marino, la definición de un “buen estado medioambiental” y la adopción de programas de medidas necesarios para alcanzar o mantener ese estado2.
En España, la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, transpone la Directiva marco sobre la estrategia marina al ordenamiento jurídico español3. Esta ley busca garantizar la protección y conservación del medio marino, asegurando la disponibilidad de recursos marinos a largo plazo y promoviendo un uso sostenible de los mismos4.
Las estrategias marinas españolas se han desarrollado en cumplimiento de la Ley 41/2010 y la Directiva 2008/56/CE. España ha dividido su medio marino en cinco demarcaciones marinas: noratlántica, sudatlántica, Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria. Para cada una de estas demarcaciones, se ha elaborado una estrategia marina con un período de actualización de seis años, con el fin de evaluar el estado del medio marino y establecer medidas para alcanzar un buen estado ambiental54.
43. La Directiva 2014/89/UE, de 23 de julio de 2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. El Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas (POEM).
El Real Decreto 363/2017 transpone esta directiva al ordenamiento jurídico español, estableciendo un marco para la ordenación del espacio marítimo que contribuye a los objetivos de la política marítima integrada de la UE y las estrategias marinas reguladas en la Ley 41/2010, de protección del medio marino2.
El Real Decreto 150/2023 aprueba los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) de las cinco demarcaciones marinas españolas: noratlántica, sudatlántica, del Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria. Estos planes tienen como fin garantizar la sostenibilidad de las actividades humanas en el mar y facilitar el desarrollo de los sectores marítimos, alineándose con objetivos como el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad para 20303.
44. La Ley de costas y su reglamento. Régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre. Proyectos y actuaciones en el medio costero
La Ley de Costas y su reglamento son fundamentales para la gestión y protección del dominio público marítimo-terrestre en España. La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y sus modificaciones posteriores, junto con el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, que aprueba el Reglamento General de Costas, establecen el marco legal para la protección del litoral y el uso sostenible del mismo12.
El régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre incluye la regulación de las playas, dunas, acantilados, marismas y otros bienes naturales, asegurando su disfrute público y protegiendo su integridad física. La utilización de estos espacios es libre y gratuita para usos comunes como pasear o bañarse, mientras que actividades que requieran obras o instalaciones necesitan una autorización o concesión administrativa34.
En cuanto a proyectos y actuaciones en el medio costero, se llevan a cabo bajo directrices que buscan proteger la costa, garantizar el acceso y uso público, y asegurar el tránsito litoral. Estas directrices guían el contenido y objetivos de los proyectos, que deben ser coherentes con la Ley de Costas y enfocarse en la sostenibilidad del litoral56.
45. Distribución de competencias entre las diferentes Administraciones Públicas en materia de costas. Incidencia de los Estatutos de Autonomía de nueva generación en materia de costas. Principios que rigen las relaciones administrativas. Intervención de la Administración General del Estado en los procedimientos administrativos urbanísticos para la protección del dominio público marítimo-terrestre.
La distribución de competencias en materia de costas en España se establece principalmente entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estado tiene competencias exclusivas sobre la legislación básica y la protección del medio ambiente, incluyendo el litoral y el dominio público marítimo-terrestre1. Las Comunidades Autónomas pueden tener competencias en la gestión de las costas si así lo establecen sus Estatutos de Autonomía2.
Los Estatutos de Autonomía de nueva generación han ampliado las competencias de algunas Comunidades Autónomas en materia de costas. Por ejemplo, Canarias ha asumido competencias en Costas a partir del 1 de enero de 2023 tras un acuerdo con el Estado, gestionando las mismas competencias que Cataluña o Andalucía2.
Los principios que rigen las relaciones administrativas en España incluyen la cooperación, la coordinación, la eficiencia y el servicio al ciudadano. Estos principios buscan garantizar un servicio efectivo a los ciudadanos, la simplicidad y claridad en la actuación administrativa, y la racionalización y agilidad de los procedimientos3.
La Administración General del Estado interviene en los procedimientos administrativos urbanísticos para la protección del dominio público marítimo-terrestre a través de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que es el órgano de control interno del sector público estatal y gestiona la contabilidad pública4. Esta intervención asegura que la actividad económico-financiera del sector público estatal se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, lo cual incluye la protección del dominio público marítimo-terrestre.
46. El dominio público marítimo-terrestre. Elementos que lo integran. Características físicas y naturaleza jurídica de los mismos
El dominio público marítimo-terrestre (DPMT) en España está compuesto por una serie de elementos que son considerados de uso y disfrute público, y su regulación está establecida por la Constitución y desarrollada por la Ley de Costas. Aquí tienes un resumen de los elementos que lo integran, sus características físicas y su naturaleza jurídica:
Elementos que Integran el DPMT:
Zona Marítimo-Terrestre: Incluye las áreas cubiertas y descubiertas por el flujo y reflujo de las mareas1.
Playas: Espacios donde se depositan materiales sueltos como arena, gravas y otros sedimentos1.
Aguas Interiores: Aguas situadas tierra adentro desde la línea de costa1.
Mar Territorial: La franja de mar adyacente a la costa sobre la cual el Estado ejerce soberanía1.
Recursos Naturales: De la zona económica exclusiva y la plataforma continental1.
Características Físicas:
Zona Marítimo-Terrestre: Se extiende hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos2.
Playas: Formadas por la dinámica litoral y marina, pueden incluir dunas y sistemas dunares2.
Aguas Interiores y Mar Territorial: Delimitados por normativas específicas y sujetos a la soberanía del Estado2.
Naturaleza Jurídica:
El DPMT es un dominio público natural, lo que significa que los bienes que lo componen lo hacen por sus características naturales y no por una afectación a un fin concreto3.
La utilización del DPMT es libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de estos bienes, como pasear o bañarse4.
Los usos que requieran obras o instalaciones solo pueden realizarse bajo ciertas condiciones y con la correspondiente autorización administrativa4.
47. La utilización del dominio público marítimo-terrestre. Títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Definición y presupuestos que determinan el título a obtener.
La utilización del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) en España se rige por la Ley de Costas y su reglamento. Aquí tienes un resumen de los aspectos más relevantes:
Utilización del DPMT:
La utilización del DPMT es libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de este, como pasear, bañarse, navegar, entre otros1.
Los usos que requieran obras e instalaciones solo pueden realizarse con un título habilitante como autorización, concesión, adscripción o reserva2.
Títulos de Ocupación del DPMT:
Autorización: Permite usos temporales o actividades que no requieren obras permanentes3.
Concesión: Necesaria para ocupaciones con obras o instalaciones no desmontables o que requieran un plazo superior a cuatro años4.
Adscripción: Acto administrativo por el cual se destina un bien del DPMT a una entidad pública para un uso determinado3.
Reserva: La Administración se reserva el uso o aprovechamiento directo del DPMT para fines de su competencia3.
Definición y Presupuestos para el Título:
La definición del título a obtener dependerá del tipo de uso y del titular que pretenda realizar la ocupación4.
Los presupuestos para determinar el título incluyen la naturaleza y duración del uso, así como la necesidad de realizar obras o instalaciones4.
Para obtener uno de estos títulos, se deben seguir los procedimientos establecidos por la legislación vigente, considerando la protección del medio ambiente y el uso sostenible del litoral.
48. Las actividades humanas en los mares de España. Descripción. Principales presiones e impactos sobre el medio marino. El Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas y su modificación por el Real Decreto 218/2022, de 29 de marzo.
Las actividades humanas en los mares de España son diversas y tienen un impacto significativo en el medio marino. Incluyen la pesca, el turismo, la acuicultura, el tráfico marítimo, la minería marina, la biotecnología y la producción de energía1. Estas actividades pueden causar daños físicos o la destrucción de hábitats, capturas accidentales en la actividad pesquera, tráfico marítimo y colisiones con embarcaciones, ruido submarino, basuras marinas, contaminación química y la introducción de especies alóctonas invasoras2.
El Real Decreto 79/2019 regula el informe de compatibilidad y establece los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas. Este decreto desarrolla el procedimiento para la elaboración de informes de compatibilidad que debe emitir el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y establece los criterios de compatibilidad a tener en cuenta para su emisión3.
Posteriormente, el Real Decreto 218/2022 modificó el Real Decreto 79/2019 para actualizar los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas, reflejando los principios de cautela y precaución para las actuaciones de minería submarina en España, en consonancia con la estrategia europea y el llamamiento del Parlamento Europeo4.
49. La biodiversidad marina en España (hábitats y especies marinas) y los espacios marinos protegidos. La Red de áreas marinas protegidas (RAMPE)
La biodiversidad marina de España es notablemente rica y variada, reflejo de su complejo marco evolutivo y de las distintas condiciones oceanográficas y biogeográficas. España cuenta con más de 10.000 especies marinas, lo que la posiciona como el segundo país europeo con mayor biodiversidad marina1. Entre los hábitats marinos, se encuentran rías, marismas, lagunas litorales, costas acantiladas y conjuntos insulares, todos contribuyendo a la diversidad de flora y fauna marinas2.
En cuanto a la protección de esta biodiversidad, España ha establecido la Red de Áreas Marinas Protegidas (RAMPE), que incluye espacios naturales designados para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una protección especial3. La RAMPE se creó formalmente con la Ley 41/2010, y está regulada para incluir áreas marinas protegidas y otros espacios protegidos en el ámbito marino español3. Actualmente, más del 12% de la superficie marina de España está protegida, y hay un compromiso para alcanzar un 25% para 20254.
Estos esfuerzos de conservación son cruciales para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas marinos y la preservación del patrimonio natural marino de España.
50. La contaminación marina accidental. Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina. Orden AAA/702/2014, de 28 de abril, por la que se aprueba el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación
La contaminación marina accidental es un problema ambiental grave que afecta a los ecosistemas marinos y a la salud humana. En España, se han establecido marcos legales para responder eficazmente a tales incidentes:
Real Decreto 1695/2012: Este decreto aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina (SNRCM). Su objetivo es proporcionar un marco de actuación interadministrativa para enfrentar sucesos de contaminación marina accidental o deliberada, independientemente de su origen o naturaleza, que afecten o puedan afectar tanto a las aguas marítimas bajo soberanía española como a las costas del país1.
Orden AAA/702/2014: Esta orden aprueba el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación. El plan establece medidas y procedimientos para proteger la costa de la contaminación y es parte integral del SNRCM. Incluye un atlas de sensibilidad de la costa española y un análisis de vulnerabilidad y riesgo, así como las capacidades logísticas y de gestión necesarias para enfrentar episodios significativos de contaminación2.
Estas normativas son esenciales para garantizar una respuesta coordinada y efectiva ante incidentes de contaminación marina, protegiendo así el medio ambiente y la salud pública.
51. Erosión costera: causas naturales y antrópicas. Medidas correctoras de carácter general. Previsiones de la Ley de Costas. Tratamiento de la erosión costera debida a barreras al transporte litoral longitudinal de sedimentos. Trasvases de arenas. Regeneración de playas. Medidas de adaptación al cambio climático. Recuperación ambiental de espacios costeros.
La erosión costera es un fenómeno complejo que puede ser causado tanto por factores naturales como antrópicos. Entre las causas naturales se encuentran el viento, la lluvia, las olas, y eventos extremos como huracanes y tsunamis1. Las actividades humanas, como la construcción cerca de la costa, la extracción de arena, la deforestación de manglares y la minería marina, también contribuyen significativamente2.
Para mitigar la erosión costera, se pueden adoptar medidas correctoras de carácter general, como la retención de vegetación que absorba la humedad, desviar la escorrentía superficial, reducir la tasa de escorrentía y minimizar las áreas pavimentadas que aumentan el escurrimiento3. Además, la construcción de estructuras costeras como muros de contención y espigones, y la reposición de arena en las playas son prácticas comunes para aumentar la resistencia a la erosión4.
La Ley de Costas de España establece regulaciones para proteger las costas del país y prevé medidas para adaptarse a los efectos del cambio climático, como la subida del nivel del mar y la erosión costera5. Se están desarrollando estrategias para la protección de la costa en zonas con problemas significativos de erosión6.
El tratamiento de la erosión costera causada por barreras al transporte litoral de sedimentos incluye la optimización de las extracciones de áridos y la adecuación de barreras al transporte sedimentario7. Los trasvases de arenas deben realizarse de manera que no aumenten la vulnerabilidad de las costas a la erosión8.
La regeneración de playas es una estrategia clave para combatir la erosión costera. Esto puede incluir la restauración de ecosistemas dunares y la revegetación con especies nativas9. Las medidas de adaptación al cambio climático para la erosión costera pueden incluir la mitigación de presiones no climáticas y el aumento de la resiliencia de los ecosistemas costeros10.
Finalmente, la recuperación ambiental de espacios costeros implica la restauración de la vegetación afectada y la integración de espacios degradados en la estructura de la ciudad, mejorando así su valor social, cultural y ambiental11. Estas acciones buscan no solo proteger las costas, sino también mejorar la calidad de vida de las comunidades locales y preservar la biodiversidad.
52. La evaluación ambiental. Principios, justificación y definiciones. Marco jurídico de la evaluación ambiental: Directivas de la Unión Europea sobre evaluación ambiental.
La evaluación ambiental en España se rige por principios fundamentales como la precaución, la acción preventiva y cautelar, la corrección y compensación de los impactos sobre el medio ambiente, y el principio de que quien contamina paga. Estos principios buscan garantizar un equilibrio entre el desarrollo y la protección ambiental1.
La justificación para la evaluación ambiental se basa en la necesidad de considerar los efectos significativos que los planes, programas o proyectos pueden tener sobre el medio ambiente antes de su aprobación2. Esto es esencial para la protección del medio ambiente y para facilitar la incorporación de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones.
En cuanto a las definiciones clave, la evaluación ambiental se refiere al procedimiento técnico y administrativo que considera todos los aspectos relativos a la protección del medio ambiente en el proceso de toma de decisiones3.
El marco jurídico de la evaluación ambiental en España está establecido por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Esta ley unifica el régimen jurídico de la evaluación de planes, programas y proyectos, y establece disposiciones comunes para facilitar su aplicación en todo el territorio nacional4.
Las Directivas de la Unión Europea sobre evaluación ambiental, como la Directiva 2011/92/UE y sus modificaciones posteriores, establecen los principios y requisitos mínimos para la evaluación de impacto ambiental de ciertos proyectos públicos y privados, contribuyendo a un alto nivel de protección del medio ambiente y la salud humana en los estados miembros567.
53. El procedimiento de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, en el marco de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Órgano sustantivo, órgano ambiental y administraciones competentes. La participación pública en los procedimientos. Las consultas transfronterizas.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental en España, establece el marco para la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental. Aquí tienes un resumen de los aspectos clave:
Órgano Sustantivo y Órgano Ambiental:
Administraciones Competentes:
Las administraciones competentes varían según el proyecto y pueden incluir ayuntamientos, el Ministerio con competencia en Medio Ambiente o la Consejería de Medio Ambiente, dependiendo de si el órgano sustantivo es estatal, autonómico o local2.
Participación Pública:
La participación pública es un componente esencial del proceso de evaluación ambiental, permitiendo a los ciudadanos y partes interesadas involucrarse y expresar sus opiniones sobre los proyectos y sus impactos ambientales3.
Consultas Transfronterizas:
Las consultas transfronterizas se realizan cuando un plan, programa o proyecto ejecutado en España puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente de otro Estado miembro de la UE o de otro Estado con el que existan obligaciones de consulta según instrumentos internacionales4.
Para obtener más información detallada, puedes consultar la Ley 21/2013 y las guías proporcionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica5.
54. Responsabilidad medioambiental. Directiva 2004/35/CE de, 21 de abril, sobre responsabilidad medioambiental. La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y su desarrollo reglamentario. Responsabilidad objetiva y subjetiva. Obligación de prevenir, evitar y reparar. Garantías financieras y análisis de riesgos medioambientales. La Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales
La Responsabilidad Medioambiental en la Unión Europea y en España se centra en la prevención y reparación de daños al medio ambiente. La Directiva 2004/35/CE1 y la Ley 26/20072 son pilares fundamentales en este ámbito, estableciendo un marco legal que obliga a los operadores a asumir la responsabilidad por los daños causados a recursos naturales.
Directiva 2004/35/CE
Esta directiva europea introduce el principio de que “quien contamina paga”, estableciendo la responsabilidad objetiva de los operadores económicos para prevenir y reparar daños medioambientales. La responsabilidad es objetiva porque no depende de la existencia de culpa o negligencia; basta con que se haya causado un daño para que nazca la obligación de repararlo1.
Ley 26/2007
La Ley 26/2007 transpone la Directiva al ordenamiento jurídico español, instaurando un régimen de responsabilidad medioambiental de carácter objetivo e ilimitado2. Esta ley desarrolla mecanismos para que los operadores que causen daños medioambientales adopten medidas necesarias para prevenirlos o, en su defecto, repararlos2.
Responsabilidad Objetiva y Subjetiva
La responsabilidad objetiva implica que el operador es responsable de los daños medioambientales causados por su actividad, independientemente de su intención o negligencia. Por otro lado, la responsabilidad subjetiva se basaría en la culpa o negligencia del operador3.
Obligación de Prevenir, Evitar y Reparar
Los operadores tienen el deber de tomar medidas preventivas ante una amenaza inminente de daño medioambiental y, si el daño ocurre, deben adoptar medidas para evitar que se produzcan daños mayores y reparar los daños causados4.
Garantías Financieras y Análisis de Riesgos Medioambientales
La Ley 26/2007 establece la obligación de constituir garantías financieras que aseguren que los operadores dispongan de recursos suficientes para hacer frente a la responsabilidad medioambiental. Estas garantías se determinan a través de un análisis de riesgos medioambientales5.
Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales
Esta comisión es un órgano de cooperación técnica y colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Sus funciones incluyen la emisión de recomendaciones, elaboración de guías metodológicas, y evacuación de dictámenes periciales sobre determinación y reparación de daños medioambientales6.
La normativa de responsabilidad medioambiental busca equilibrar la actividad económica con la protección del medio ambiente, asegurando que los daños sean prevenidos, evitados y reparados por quienes los causan, promoviendo así un desarrollo sostenible.
55. Convenio de Basilea y su aplicación en la Unión Europea mediante el Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos.
El Convenio de Basilea es un tratado internacional que regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. Su objetivo principal es proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos nocivos que pueden resultar de tales desechos1.
En la Unión Europea, el Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo se encarga de aplicar los principios del Convenio de Basilea. Este reglamento establece procedimientos detallados para el control de los traslados de residuos entre los Estados miembros y con terceros países, con el fin de proteger el medio ambiente y reducir al mínimo los traslados de residuos peligrosos2.
Algunos puntos clave del reglamento incluyen:
La necesidad de consentimiento previo por escrito del Estado de importación para los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos.
La obligación de proporcionar información detallada sobre los movimientos propuestos de desechos peligrosos a los Estados afectados.
La prohibición de exportar desechos peligrosos a países que no son parte del Convenio de Basilea.
La promoción de la gestión y eliminación de desechos de manera ambientalmente racional, preferiblemente lo más cerca posible de su lugar de generación.
56. Normativa comunitaria en materia de residuos y sus correspondientes revisiones de 2018: La Directiva 2008/98/CE de 19 de noviembre marco de residuos, la Directiva 1999/31/CE de 26 de abril relativa al vertido de residuos y la Directiva 94/62/CE de 20 de diciembre de envases y residuos de envases. Normativa comunitaria en materia de incineración de residuos. Directiva 2019/904/UE de 5 de junio, relativa a la reducción del impacto en determinados productos de plástico en el medio ambiente.
La normativa comunitaria en materia de residuos y sus revisiones de 2018 incluyen:
Directiva 1999/31/CE: Se enfoca en la gestión de residuos mediante depósito en vertedero, con el objetivo de reducir la cantidad de residuos aptos para el reciclado o valorización que terminan en vertederos2.
Directiva 94/62/CE: Relativa a los envases y residuos de envases, promueve la prevención de la producción de residuos de envases y fomenta el reciclaje y la valorización3.
En cuanto a la incineración de residuos, la Directiva 2000/76/CE regula la incineración de residuos, estableciendo medidas para limitar los riesgos para la salud humana y los efectos negativos sobre el medio ambiente4.
Por último, la Directiva 2019/904/UE busca reducir el impacto de determinados productos de plástico de un solo uso en el medio ambiente, estableciendo restricciones y promoviendo alternativas más sostenibles5.
57. Normativa española en materia de residuos. Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Principios e instrumentos de la política de residuos. Competencias administrativas. Regulación de la producción, posesión y gestión de los residuos. Regulación general de la Responsabilidad ampliada del productor. Información sobre residuos. Plásticos de un solo uso. Instrumentos fiscales.
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, es la normativa española que establece el marco legal para la gestión de residuos y suelos contaminados1. Esta ley tiene como objetivo principal la prevención y reducción de la generación de residuos, así como la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos12.
Los principios e instrumentos de la política de residuos en España se basan en la jerarquía de residuos, la autosuficiencia y proximidad, y la participación ciudadana en la gestión de residuos3. Además, se establecen programas de prevención y planes de gestión de residuos como herramientas de planificación4.
En cuanto a las competencias administrativas, la gestión de residuos implica a distintas administraciones, y la ley define y delimita las competencias de cada una de ellas5. Por ejemplo, el Registro de Producción y Gestión de Residuos será compartido y único en todo el territorio nacional4.
La regulación de la producción, posesión y gestión de los residuos se orienta hacia la prevención de la generación de residuos y el fomento de su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización6.
La Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) en España implica que los productores deben garantizar que sus productos sean recogidos y tratados adecuadamente, estableciendo sistemas de retorno, recogida y reciclaje7. Esta responsabilidad se extiende al diseño y producción de productos, así como durante la gestión de los residuos que deriven de su uso8.
En relación con la información sobre residuos, la economía española generó 115,44 millones de residuos en 2021, con 3,6 millones correspondientes a residuos peligrosos y 111,7 millones a residuos no peligrosos9. La gestión de estos residuos se rige por la normativa nacional y las directrices de la Unión Europea10.
Respecto a los plásticos de un solo uso, la normativa española prohíbe la introducción en el mercado de ciertos productos de plástico de un solo uso y promueve el uso de alternativas más sostenibles11.
Finalmente, los instrumentos fiscales para la gestión de residuos incluyen tasas de residuos, sistemas de pago por generación e impuestos autonómicos, con el objetivo de financiar e incentivar una mejor gestión de los residuos12.
58. Plan de Acción de Economía Circular de la Comisión Europea e iniciativas desarrolladas bajo dichos planes. Desarrollo a nivel nacional a través de la Estrategia Española de Economía Circular y el I Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023.
El Plan de Acción de Economía Circular de la Comisión Europea es una iniciativa clave dentro del Pacto Verde Europeo, que busca crear una economía más limpia y competitiva en la UE. Este plan se centra en el ciclo completo de vida de los productos, desde el diseño y la producción hasta el consumo, la reparación, la reutilización y el reciclaje1.
Las iniciativas bajo el Plan de Acción incluyen:
La Estrategia Europea para el Plástico en una Economía Circular, que tiene como objetivo transformar la forma en que se diseñan, producen, usan y reciclan los plásticos en la UE.
A nivel nacional, la Estrategia Española de Economía Circular, denominada “España Circular 2030”, establece las bases para un nuevo modelo de producción y consumo. Se alinea con los objetivos de los planes de acción de la UE y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La estrategia incluye objetivos como reducir el consumo nacional de materiales y la generación de residuos, incrementar la reutilización y mejorar la eficiencia en el uso del agua2.
El I Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023 de España contiene 116 medidas con un presupuesto de 1.529 millones de euros. Estas medidas están distribuidas en cinco ejes: producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias y reutilización del agua. Además, incluye líneas de actuación transversales como la sensibilización, la investigación, la innovación y la formación3.
Estas políticas y planes son fundamentales para la transición hacia una economía circular que sea sostenible y eficiente en el uso de recursos, contribuyendo así a la protección del medio ambiente y al desarrollo económico sostenible.
59. El Reglamento (CE) n.º 1907/2006, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Políticas ambientales aplicadas a biocidas, fitosanitarios y a alteradores endocrinos. La Estrategia Europea para la Sostenibilidad de Sustancias y Mezclas Químicas
El Reglamento (CE) n.º 1907/2006, conocido como REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias y Mezclas Químicas), es una de las normativas más importantes de la Unión Europea en materia de seguridad química. Su principal objetivo es garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente frente a los riesgos que pueden presentar las sustancias químicas, al mismo tiempo que se mantiene y mejora la competitividad de la industria química de la UE1.
La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) es la entidad responsable de gestionar los aspectos técnicos, científicos y administrativos del REACH. Con sede en Helsinki, Finlandia, la ECHA colabora estrechamente con las empresas y las autoridades nacionales para cumplir con las regulaciones, promover el uso seguro de sustancias químicas y proporcionar información sobre ellas234.
En cuanto a las políticas ambientales aplicadas a los biocidas, fitosanitarios y fertilizantes, la UE ha establecido regulaciones específicas para cada uno de estos productos. Los biocidas, que incluyen una amplia gama de productos como desinfectantes y plaguicidas, están regulados por el Reglamento (UE) n.º 528/2012, que establece criterios para su autorización y comercialización, asegurando que sean seguros para la salud humana y el medio ambiente5. Los productos fitosanitarios, utilizados para proteger los cultivos, están sujetos al Reglamento (CE) n.º 1107/2009, que establece procedimientos para la aprobación de sustancias activas y la autorización de estos productos en el mercado de la UE6. Los fertilizantes, por su parte, están cubiertos por el Reglamento (CE) n.º 2003/2003, que armoniza los requisitos para su comercialización dentro de la UE.
Finalmente, los alteradores endocrinos son sustancias que pueden interferir con el sistema hormonal y causar efectos adversos en la salud de los seres humanos y la fauna. La UE ha tomado medidas para identificar y regular estas sustancias dentro del marco del REACH y otras legislaciones específicas, como el Reglamento sobre biocidas y el Reglamento de productos fitosanitarios, para minimizar la exposición y los riesgos asociados a estos compuestos78.
Estas regulaciones son fundamentales para la protección ambiental y la salud pública, y representan el compromiso de la UE con la gestión sostenible de sustancias químicas y la promoción de alternativas más seguras.
La Estrategia Europea para la Sostenibilidad de Sustancias y Mezclas Químicas es parte del compromiso del Pacto Verde Europeo para alcanzar la meta de “contaminación cero”. Adoptada el 14 de octubre de 2020, esta estrategia tiene como objetivo proteger mejor la salud humana y el medio ambiente de las sustancias químicas nocivas, al mismo tiempo que impulsa la innovación para promover el uso de productos químicos más seguros y sostenibles123.
La estrategia también busca reforzar la competitividad de las empresas y apoyar un entorno sin sustancias tóxicas. Se enfoca en la necesidad de una transición hacia sustancias químicas y tecnologías de producción que requieran menos energía, lo que contribuirá a limitar las emisiones de CO2 y avanzar hacia la neutralidad climática2.
La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) contribuye a la estrategia con sus conocimientos científicos y reglamentarios, bases de datos, herramientas y redes digitales, y con su experiencia práctica con la normativa sobre sustancias químicas2. Además, la ECHA se ha comprometido a ser climáticamente neutra de aquí a 2030, ampliando su certificación medioambiental con el Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales de la Unión (EMAS)2.
Esta estrategia es un paso adelante en la gestión racional de las sustancias químicas a nivel mundial, con la UE liderando en la producción y el uso de sustancias químicas sostenibles4.
60. Prevención y control integrados de la contaminación. Aspectos tecnológicos. Las mejores técnicas disponibles y los valores límites de emisión. Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y su desarrollo. La autorización ambiental integrada: régimen jurídico. El Registro de emisiones y fuentes contaminantes. El Protocolo PRTR de registro de emisión y transferencia de contaminantes del Convenio de Aarhus. La inspección ambiental. IMPEL y REDIA.
La Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) es un enfoque que busca reducir la contaminación desde el origen en las instalaciones industriales, promoviendo el uso de las mejores técnicas disponibles (MTD) para minimizar las emisiones contaminantes. Este enfoque se basa en la Directiva 2010/75/UE de emisiones industriales y se implementa en España a través del Real Decreto Legislativo 1/20161.
Las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) son prácticas, tecnologías o procesos que han demostrado ser efectivos en la prevención o, al menos, en la reducción significativa de las emisiones. Estas técnicas son evaluadas y documentadas en los documentos BREF a nivel europeo y deben ser consideradas al otorgar la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para las instalaciones industriales2.
Los valores límites de emisión (VLE) son estándares que establecen la cantidad máxima de contaminantes que una instalación puede emitir. Estos valores se basan en las MTD y consideran factores como la naturaleza de las emisiones, las características técnicas de la instalación y las condiciones ambientales locales3.
El Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-España) es una base de datos que recopila información sobre las emisiones de sustancias contaminantes al agua, atmósfera y suelo, así como las transferencias de residuos fuera de las instalaciones industriales. Este registro cumple con el Reglamento Europeo 166/2006 (E-PRTR) y permite la transparencia y el acceso público a la información ambiental4.
El Protocolo PRTR es un acuerdo internacional bajo el Convenio de Aarhus que establece un sistema de registro de emisiones y transferencia de contaminantes para mejorar el acceso a la información ambiental y promover la participación pública en la toma de decisiones ambientales4.
La inspección ambiental en España se realiza para asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y las condiciones establecidas en las autorizaciones ambientales. La Ley de Evaluación Ambiental y otros marcos normativos establecen los procedimientos y requisitos para estas inspecciones5.
IMPEL es la Red Europea para la Aplicación y Cumplimiento de la Legislación Ambiental, que promueve el intercambio de información y experiencias entre las autoridades ambientales para mejorar la aplicación de la legislación ambiental en Europa6.
REDIA es la Red de Inspección Ambiental en España, que incluye a los responsables de las inspecciones ambientales de las Administraciones Públicas. Su objetivo es coordinar y promover actividades relacionadas con la inspección ambiental a nivel nacional7.
61. El fenómeno del cambio climático. La evidencia científica. Tipos de gases de efecto invernadero (GEI). Evolución de las emisiones y fuentes de gases de efecto invernadero en el contexto global. El Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático. Funciones. Composición. Grupos de trabajo. Informes de evaluación.
El fenómeno del cambio climático es una alteración significativa y duradera en los patrones estadísticos del clima en la Tierra. Este fenómeno se ha intensificado en las últimas décadas debido a la actividad humana, principalmente la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
Evidencia Científica
La evidencia científica del cambio climático es abrumadora y proviene de múltiples fuentes, incluyendo mediciones atmosféricas, núcleos de hielo, anillos de árboles y observaciones satelitales. Estos datos muestran un aumento sin precedentes en la concentración de GEI desde la Revolución Industrial, un incremento en la temperatura global y cambios en los patrones climáticos12.
Tipos de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
Los principales GEI incluyen:
Dióxido de carbono (CO2): Emitido principalmente por la quema de combustibles fósiles y la deforestación.
Metano (CH4): Proviene de fuentes como la ganadería y la descomposición de residuos en vertederos.
Óxido nitroso (N2O): Asociado con prácticas agrícolas y de uso de fertilizantes.
Gases fluorados: Un grupo de gases industriales con un potente efecto invernadero.
Vapor de agua: Aunque es un GEI natural, su concentración puede verse afectada por la actividad humana3.
Evolución de las Emisiones y Fuentes de GEI
Las emisiones de GEI han aumentado significativamente desde la era preindustrial debido a la industrialización, el uso intensivo de combustibles fósiles y los cambios en el uso del suelo. La energía, la industria, el transporte y la agricultura son los principales sectores emisores45.
Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC)
El IPCC es una organización internacional que evalúa la información científica relacionada con el cambio climático. Fue establecido en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Funciones
El IPCC proporciona evaluaciones científicas sobre el cambio climático, sus impactos y posibles estrategias de respuesta. No realiza investigaciones propias, sino que revisa y sintetiza la literatura científica existente6.
Composición
El IPCC está compuesto por científicos y expertos de todo el mundo. Los miembros son designados por los gobiernos y trabajan de manera voluntaria7.
Grupos de Trabajo
El IPCC tiene tres grupos de trabajo:
Grupo de Trabajo I: Evalúa la base científica del cambio climático.
Grupo de Trabajo II: Examina los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad.
Grupo de Trabajo III: Se centra en la mitigación del cambio climático6.
Informes de Evaluación
El IPCC publica informes de evaluación que son la principal fuente de información científica sobre el cambio climático para responsables de políticas y el público en general. Estos informes son aprobados por todos los países miembros y proporcionan una visión integral y actualizada del conocimiento científico sobre el cambio climático6.
El cambio climático es un desafío global que requiere una acción colectiva y urgente para mitigar sus efectos y adaptarse a sus impactos. La evidencia científica y los informes del IPCC son fundamentales para informar estas acciones y políticas a nivel mundial.
62. Los principales impactos y riesgos derivados del cambio climático en la Unión Europea y en España. Principales impactos por sectores y regiones en el mundo. Adaptación al cambio climático: contexto internacional y de la Unión Europea. Situación en España.
El cambio climático representa un desafío significativo tanto para la Unión Europea como para España, con impactos y riesgos que varían por sectores y regiones. A continuación, te proporciono un resumen basado en la información más reciente:
Impactos y Riesgos en la Unión Europea y España:
España se encuentra entre los países de la UE más afectados, con sequías prolongadas que impactan la disponibilidad de agua y la agricultura, planteando riesgos para la seguridad alimentaria y la economía2.
Impactos por Sectores y Regiones en el Mundo:
El informe del IPCC sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad destaca que el cambio climático ya está causando estragos en todo el mundo, con un aumento en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y otros efectos3.
América Latina y el Caribe enfrentan desafíos particulares, con el sector agrícola contribuyendo significativamente a las emisiones y siendo altamente vulnerable a los cambios climáticos4.
Adaptación al Cambio Climático - Contexto Internacional y de la Unión Europea:
A nivel internacional, se han desarrollado marcos cooperativos para enfrentar los riesgos del cambio climático, con programas y mecanismos de financiación para apoyar la adaptación, especialmente en países menos desarrollados y vulnerables5.
La UE ha adoptado la nueva Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático para construir una sociedad resistente, mejorando el conocimiento y acelerando las medidas de adaptación6.
Situación en España:
España ha implementado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, que busca reducir los daños derivados del cambio climático y construir una sociedad y economía más resilientes7.
A pesar de estos esfuerzos, algunos análisis sugieren que España aún se encuentra en etapas iniciales de adaptación, con la necesidad de desarrollar indicadores medibles y especificar la asignación presupuestaria8.
Estos puntos resaltan la importancia de la adaptación y la mitigación en respuesta al cambio climático, así como la necesidad de una acción coordinada y sostenida a nivel global, regional y local.
63. La lucha multilateral contra el cambio climático: origen, evolución, principales instrumentos multilaterales: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Participación de agentes no gubernamentales en el proceso internacional: la Agenda de Acción Climática Global
La lucha multilateral contra el cambio climático es un esfuerzo global que ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas. Aquí tienes un desarrollo extenso y exhaustivo de este tema:
Origen y Evolución
El reconocimiento del cambio climático como un problema global comenzó a tomar forma en la década de 1970, pero fue en 1988 cuando se estableció el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que ha sido fundamental en la evaluación científica del cambio climático y sus impactos potenciales. La primera gran cumbre sobre el clima, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, condujo a la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)123.
Principales Instrumentos Multilaterales
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
Establecida en 1992 y en vigor desde 1994, la CMNUCC es el marco principal para la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático. Su objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera12.
Protocolo de Kioto
Adoptado en 1997 y en vigor desde 2005, el Protocolo de Kioto fue el primer acuerdo que estableció objetivos de reducción de emisiones legalmente vinculantes para los países desarrollados. Introdujo mecanismos de mercado como el comercio de emisiones y el Mecanismo de Desarrollo Limpio456.
Acuerdo de París
Firmado en 2015, el Acuerdo de París marca un hito en la lucha contra el cambio climático al establecer un marco legalmente vinculante para limitar el calentamiento global a menos de 2°C, preferiblemente a 1.5°C, por encima de los niveles preindustriales. Es notable por su enfoque en la acción climática de todos los países789.
Participación de Agentes No Gubernamentales
La Agenda de Acción Climática Global es una plataforma que involucra a actores no estatales como ciudades, regiones, empresas y la sociedad civil en la acción climática. Se lanzó en 2014 para apoyar la implementación del Acuerdo de París y ha crecido exponencialmente, implicando a más actores y sectores en la lucha contra el cambio climático101112.
Los agentes no gubernamentales juegan un papel crucial en la implementación de políticas y medidas de mitigación y adaptación. Organizaciones como la Oficina Española de Cambio Climático y el Consejo Nacional del Clima en España, así como iniciativas como la Race to Zero y Race to Resilience, son ejemplos de cómo los actores no estatales están contribuyendo significativamente a los esfuerzos globales131415.
En resumen, la lucha multilateral contra el cambio climático ha evolucionado desde el reconocimiento inicial del problema hasta la formación de acuerdos internacionales complejos y la participación activa de una amplia gama de actores. La colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y agentes no gubernamentales es esencial para abordar eficazmente los desafíos del cambio climático.
64. Marco 2030 de Energía y Clima: los sectores difusos, el comercio de derechos de emisión y el sector del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura en el marco 2030. Estrategia a largo plazo para 2050 de la Unión Europea. Ley Europea del Clima. El paquete «Fit for 55» y su relación con el marco legislativo de lucha contra el cambio climático.
La lucha multilateral contra el cambio climático es un esfuerzo global que ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas. Aquí tienes un desarrollo extenso y exhaustivo de este tema:
Origen y Evolución
El reconocimiento del cambio climático como un problema global comenzó a tomar forma en la década de 1970, pero fue en 1988 cuando se estableció el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que ha sido fundamental en la evaluación científica del cambio climático y sus impactos potenciales. La primera gran cumbre sobre el clima, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, condujo a la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)123.
Principales Instrumentos Multilaterales
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
Establecida en 1992 y en vigor desde 1994, la CMNUCC es el marco principal para la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático. Su objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera12.
Protocolo de Kioto
Adoptado en 1997 y en vigor desde 2005, el Protocolo de Kioto fue el primer acuerdo que estableció objetivos de reducción de emisiones legalmente vinculantes para los países desarrollados. Introdujo mecanismos de mercado como el comercio de emisiones y el Mecanismo de Desarrollo Limpio456.
Acuerdo de París
Firmado en 2015, el Acuerdo de París marca un hito en la lucha contra el cambio climático al establecer un marco legalmente vinculante para limitar el calentamiento global a menos de 2°C, preferiblemente a 1.5°C, por encima de los niveles preindustriales. Es notable por su enfoque en la acción climática de todos los países789.
Participación de Agentes No Gubernamentales
La Agenda de Acción Climática Global es una plataforma que involucra a actores no estatales como ciudades, regiones, empresas y la sociedad civil en la acción climática. Se lanzó en 2014 para apoyar la implementación del Acuerdo de París y ha crecido exponencialmente, implicando a más actores y sectores en la lucha contra el cambio climático101112.
Los agentes no gubernamentales juegan un papel crucial en la implementación de políticas y medidas de mitigación y adaptación. Organizaciones como la Oficina Española de Cambio Climático y el Consejo Nacional del Clima en España, así como iniciativas como la Race to Zero y Race to Resilience, son ejemplos de cómo los actores no estatales están contribuyendo significativamente a los esfuerzos globales131415.
En resumen, la lucha multilateral contra el cambio climático ha evolucionado desde el reconocimiento inicial del problema hasta la formación de acuerdos internacionales complejos y la participación activa de una amplia gama de actores. La colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y agentes no gubernamentales es esencial para abordar eficazmente los desafíos del cambio climático.
65. Principales instrumentos de lucha contra el cambio climático en España: Evolución. Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climatico 2021-2030.
España ha implementado una serie de instrumentos clave para abordar el cambio climático, reflejando su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. A continuación, se presenta un desarrollo extenso y exhaustivo de estos instrumentos:
Evolución de la lucha contra el cambio climático en España La lucha contra el cambio climático en España ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, con un enfoque creciente en la reducción de emisiones de CO2, la promoción de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética. Se han implementado políticas y medidas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y fomentar un modelo de desarrollo sostenible1.
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética La Ley 7/2021 es un hito legislativo que establece el marco para la descarbonización de la economía española y su transición hacia un modelo energético sostenible. La ley fija objetivos ambiciosos, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23% para 2030 en comparación con 1990 y alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050. Además, promueve la penetración de energías renovables y la eficiencia energética, con metas específicas para 203023.
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 El PNIEC 2021-2030 es un documento estratégico que define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética para España. Este plan establece una hoja de ruta para la transición energética del país, con el objetivo de reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 y aumentar la participación de las energías renovables en el consumo de energía final al 42% para 203045.
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 El PNACC 2021-2030 es una herramienta clave para la adaptación de España a los impactos del cambio climático. Define 81 líneas de acción sectoriales organizadas en 18 ámbitos de trabajo, con el objetivo principal de construir un país menos vulnerable y más resiliente a los riesgos del cambio climático. El plan incluye medidas para fortalecer la resiliencia de especies y ecosistemas, prevenir riesgos asociados a especies invasoras y mejorar la capacidad de anticipación y respuesta a un clima cambiante678.
Estos instrumentos representan la respuesta integral de España al desafío global del cambio climático, alineándose con los compromisos internacionales y las directrices de la Unión Europea.
66. Sistemas de comercio de emisiones. Fundamento. Características generales. Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión. Normativa europea aplicable en la materia. Directiva 2003/87/CE, sus modificaciones y normativa de desarrollo.
Los sistemas de comercio de emisiones son fundamentales para la política climática, ya que establecen un límite máximo a las emisiones de gases de efecto invernadero y permiten que los participantes del mercado compren o vendan derechos de emisión. Este enfoque incentiva la reducción de emisiones de manera eficiente y coste-efectiva1.
El Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE) es el más grande de su tipo y opera bajo principios clave como el “quien contamina, paga”, estableciendo un precio al carbono y promoviendo inversiones en tecnologías limpias2.
La normativa europea que regula este sistema se basa en la Directiva 2003/87/CE, que ha sido modificada varias veces para mejorar y expandir el régimen de comercio de derechos de emisión. Estas modificaciones incluyen la Directiva 2009/29/CE, que perfeccionó el sistema, y la Decisión (UE) 2015/1814, que estableció una reserva de estabilidad del mercado34.
La normativa de desarrollo de la Directiva 2003/87/CE incluye una serie de decisiones y regulaciones que aseguran su correcta implementación y ajuste a las necesidades cambiantes del mercado y la política climática3.
67. Las tecnologías de la información, los sistemas de información geográfica y su aplicación en las políticas ambientales: conservación de la naturaleza (medio terrestre y marino), gestión de las aguas, calidad del aire. Fuentes de información, normalización y documentación (metadatos) de la información. Análisis y manejo mediante la utilización de información estructurada
Las tecnologías de la información y los sistemas de información geográfica (SIG) desempeñan un papel crucial en las políticas ambientales, especialmente en áreas como la conservación de la naturaleza, la gestión de las aguas y la calidad del aire. Estos sistemas permiten recopilar, analizar y visualizar datos geoespaciales que son fundamentales para la toma de decisiones informadas y la implementación de políticas efectivas.
Conservación de la naturaleza: Los SIG se utilizan para mapear hábitats, monitorear especies en peligro y planificar áreas protegidas tanto en entornos terrestres como marinos123.
Gestión de las aguas: La tecnología de la información ayuda a monitorear y gestionar recursos hídricos, predecir inundaciones y asegurar una distribución eficiente del agua4567.
Calidad del aire: Los SIG son herramientas valiosas para rastrear la contaminación, evaluar el impacto de las emisiones y desarrollar estrategias para mejorar la calidad del aire89.
En cuanto a las fuentes de información, estas pueden incluir bases de datos estadísticos, cartográficos y documentales que recopilan información sobre recursos naturales y ambientales101112. La normalización y documentación (metadatos) de la información ambiental es esencial para garantizar la coherencia, calidad y confiabilidad de los datos, lo cual es crítico para el análisis y la toma de decisiones131415.
Finalmente, el análisis y manejo de información estructurada es fundamental para evaluar la eficacia de los instrumentos de política ambiental, identificar la funcionalidad de los instrumentos desde su origen y recalibrarlos antes de crear nuevos para resolver problemas ambientales recurrentes161718.
68. Las infraestructuras de datos espaciales, la Directiva INSPIRE y la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (LISIGE). Su aplicación en las políticas ambientales.
Las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) son fundamentales para la gestión y aplicación de políticas ambientales, ya que proporcionan un acceso integrado a datos geográficos y servicios de información geográfica. La Directiva INSPIRE de la UE y la Ley 14/2010 (LISIGE) en España son dos piezas clave en este contexto.
Directiva INSPIRE:
Establece normas generales para la creación de una infraestructura de información espacial en Europa1.
Orientada a la aplicación de políticas comunitarias de medio ambiente y políticas que puedan afectar al medio ambiente1.
Promueve la estandarización de datos geográficos para facilitar su reutilización y acceso entre los países miembros2.
Ley 14/2010 (LISIGE):
Transpone la Directiva INSPIRE en España, estableciendo el marco legal para las IDE en el país3.
Orientada a facilitar la aplicación de políticas basadas en la información geográfica por las Administraciones Públicas3.
Regula el acceso y utilización de la información geográfica, especialmente en políticas de medio ambiente3.
La aplicación de estas normativas en las políticas ambientales permite una mejor planificación y gestión del territorio, la conservación de la naturaleza, la gestión de las aguas y la calidad del aire, entre otros aspectos críticos para el medio ambiente. Además, facilitan la cooperación transfronteriza y la toma de decisiones basada en datos precisos y actualizados.
69. Organismos genéticamente modificados. Normativa comunitaria. Normativa española: la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. La Comisión Nacional de Bioseguridad.
Los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) son aquellos cuyo material genético ha sido alterado de una manera que no ocurre naturalmente. La modificación genética se realiza para obtener características específicas, como resistencia a plagas o tolerancia a herbicidas1.
Normativa Internacional
A nivel internacional, el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología regula el transporte, etiquetado y uso de OGM. Este protocolo, que forma parte del Convenio sobre Diversidad Biológica, busca proteger la biodiversidad de los posibles riesgos que los OGM puedan presentar2. Además, el Convenio de Aarhus establece derechos públicos sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en procesos de toma de decisiones que afecten al medio ambiente2.
Normativa Comunitaria
En la Unión Europea, las actividades con OGM están reguladas por dos directivas principales:
Directiva 2009/41/CE: Relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente.
Directiva 2001/18/CE: Sobre la liberación intencional en el medio ambiente de OGM3. Estas directivas han sido objeto de desarrollos y adaptaciones, incluyendo el Reglamento 1830/2003, que trata sobre la trazabilidad y el etiquetado de OGM y los alimentos y piensos producidos a partir de estos3.
Normativa Española
La Ley 9/2003, de 25 de abril, establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de OGM en España. Esta ley incorpora los preceptos de las Directivas de la UE y es desarrollada por el Real Decreto 178/2004, que detalla los requisitos y procedimientos para la realización de actividades con OGM4.
Comisión Nacional de Bioseguridad
La Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB) es un órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica. Su función es informar sobre las solicitudes de autorización de OGM presentadas a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas. Está compuesta por representantes de diferentes ministerios, comunidades autónomas y expertos en la materia56.
La regulación de los OGM es un tema complejo que involucra consideraciones de seguridad, ética y sostenibilidad. Las normativas mencionadas buscan equilibrar los beneficios potenciales de la biotecnología con la protección de la salud humana y el medio ambiente.
TEMAS ESPECÍFICOS
1. Convenio de Ramsar. Principales características y evolución del Convenio. Aplicación en España y en Europa. Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso racional de los Humedales.
El Convenio de Ramsar es un tratado intergubernamental enfocado en la conservación y uso racional de los humedales, especialmente como hábitat de aves acuáticas. Adoptado en 1971 en Ramsar, Irán, y en vigor desde 1975, es el único convenio medioambiental que se centra en un ecosistema específico1. Su objetivo es la conservación y el uso sostenible de los humedales a través de la acción nacional y la cooperación internacional1.
Evolución y Aplicación en Europa y España:
El convenio ha evolucionado para reconocer la importancia de los humedales en la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad2.
En Europa, el convenio promueve la cooperación entre los países miembros para la protección de los humedales3.
Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales:
Este convenio y el plan estratégico son esenciales para la conservación de los valiosos ecosistemas de humedales y la biodiversidad que sustentan.
2. Convenio de Washington (CITES). Principales características y evolución del Convenio. Reglamento CITES comunitario. El Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y Furtivismo Internacional de Especies Silvestres.
El Convenio de Washington, conocido como CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), es un acuerdo internacional que tiene como objetivo asegurar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no amenace su supervivencia. Entró en vigor en 1975 y regula el tráfico o movimiento transfronterizo internacional de las especies amenazadas o en peligro de estarlo12.
Evolución del Convenio:
Reglamento CITES comunitario:
En la Unión Europea, CITES se aplica mediante el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio34.
Este reglamento establece medidas de control del comercio más estrictas y las hace extensivas a algunas especies no protegidas por CITES4.
Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y Furtivismo Internacional de Especies Silvestres:
Este plan refleja el compromiso del Gobierno de España en contribuir a la aplicación del Plan de Acción de la Unión Europea, proporcionando el marco adecuado para la óptima utilización de los recursos del Estado a favor de la lucha contra esta problemática5.
Contempla un conjunto de medidas específicas para prevenir el tráfico ilegal y el furtivismo, aplicar y hacer cumplir más efectivamente las normas existentes, y reforzar la cooperación mundial para luchar mejor contra estas actividades ilegales67.
3. Convenio de Bonn. Principales características y evolución del Convenio. Los acuerdos regionales. Aplicación en España. Convenio de Berna. Principales características y evolución del Convenio. Los Planes de Acción.
El Convenio de Bonn, formalmente conocido como la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, se enfoca en la protección de especies migratorias que cruzan fronteras internacionales. Adoptado en 1979 y en vigor desde 1983, el convenio incluye dos apéndices: el Apéndice I para especies amenazadas y el Apéndice II para aquellas que se beneficiarían de la cooperación internacional12. Los acuerdos regionales bajo este convenio, como ACCOBAMS y ACAP, abordan la conservación de cetáceos y aves migratorias, respectivamente3. En España, el convenio se aplica desde 1985, y el país participa activamente en acuerdos como ACCOBAMS y ACAP4.
El Convenio de Berna, por otro lado, se centra en la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa. Entró en vigor en 1982 y es notable por su enfoque generalista, la lista única de especies protegidas y la integración de la política conservacionista en la planificación económica5. Este convenio ha sido pionero en la elaboración de Planes de Acción y Estrategias de conservación para especies amenazadas y la gestión de hábitats6. Recientemente, el Comité Permanente del Convenio de Berna adoptó un plan estratégico para alcanzar los objetivos de conservación de la naturaleza para 20307.
Ambos convenios son fundamentales para la protección de la biodiversidad y representan compromisos internacionales significativos para la conservación de especies y hábitats naturales.
4. Convenio sobre la Diversidad Biológica. Principales características, evolución y su aplicación en España. El Plan Estratégico y las metas de Aichi.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica es un tratado internacional con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos1. Fue adoptado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 y entró en vigor en diciembre de 19931.
Evolución y Aplicación en España:
La aplicación del Convenio en España se refleja en la legislación nacional y en la participación activa en los programas de trabajo del Convenio2.
Plan Estratégico y Metas de Aichi:
El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi establecieron un marco de acción decenal para la conservación de la biodiversidad y el aumento de sus beneficios para las personas3.
Las Metas de Aichi son 20 objetivos específicos agrupados en cinco objetivos estratégicos, diseñados para inspirar acciones a gran escala por todos los países y partes interesadas3.
La implementación del Plan Estratégico y el logro de las Metas de Aichi son fundamentales para la conservación de la biodiversidad a nivel global y nacional.
5. Organismos internacionales para la conservación de la naturaleza. La Plataforma Intergubernamental científico-normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), la UNESCO y la UICN. El Programa MaB y su desarrollo en España.
Los organismos internacionales desempeñan un papel crucial en la conservación de la naturaleza, y entre ellos destacan:
UNESCO: A través de su programa de Patrimonio Mundial, la UNESCO protege sitios naturales de importancia universal, contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas2
UICN: La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la mayor red medioambiental global, compuesta por organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, que trabaja en la ciencia de conservación y el desarrollo de políticas y buenas prácticas3
En España, el Programa MaB (Hombre y Biosfera) de la UNESCO se coordina a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales, con un enfoque en la Red Española de Reservas de la Biosfera. Este programa promueve la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible en las reservas de biosfera designadas por la UNESCO4.
6. La Directiva Aves y la Directiva Hábitats. Aplicación en España. La Red Natura 2000 en España y en la Unión Europea. Los planes de gestión de la Red Natura 2000. El Marco de Acción Prioritaria.
La Directiva Aves y la Directiva Hábitats son fundamentales para la conservación de la biodiversidad en la Unión Europea y su aplicación en España ha llevado a la creación de la Red Natura 2000, que es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. En España, esta red está formada por 1.468 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 662 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)1.
El Marco de Acción Prioritaria (MAP) para Natura 2000 en España es un instrumento de planificación estratégica plurianual que proporciona una visión completa de las medidas necesarias para implementar la red Natura 2000 y su infraestructura verde a escala de la UE, especificando las necesidades de financiación para estas medidas y vinculándolas a los correspondientes programas de financiación de la UE3.
7. Especies protegidas marinas y terrestres. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Catálogo Español y Catálogos Autonómicos de Especies Amenazadas. Desarrollo y aplicación. Estrategias de conservación de especies y de lucha contra las amenazas para la biodiversidad. Planes de recuperación y de conservación de especies en peligro de extinción y vulnerables. Ejemplos concretos. Resolución de interacciones entre fauna silvestre y aprovechamientos socioeconómicos. Excepciones al régimen de protección de especies en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
En España, la protección de las especies silvestres, tanto marinas como terrestres, se rige por la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que establece un marco para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Aquí tienes un resumen de los aspectos clave:
Catálogo Español de Especies Amenazadas: Incluye especies en dos categorías: “en peligro de extinción” y “vulnerable”, lo que permite establecer prioridades de acción e identificar especies que necesitan mayor atención2.
Estrategias de Conservación: Estas estrategias son elaboradas por el Comité de Flora y Fauna Silvestres y buscan conservar especies amenazadas y combatir las principales amenazas para la biodiversidad3.
Planes de Recuperación y Conservación: Los planes de recuperación aseguran la conservación de especies “en peligro de extinción”, mientras que los planes de conservación se centran en especies "vulnerables"4.
Ejemplos de Conservación: Algunos ejemplos de especies protegidas en España incluyen el lobo ibérico, el lince ibérico, la foca monje del Mediterráneo y el oso pardo5.
Interacciones entre Fauna Silvestre y Aprovechamientos Socioeconómicos: Se han desarrollado catálogos de medidas preventivas para evitar o minimizar las interacciones negativas entre la fauna silvestre protegida y las actividades agrícolas y ganaderas6.
Excepciones al Régimen de Protección de Especies: La Ley 42/2007 permite excepciones al régimen de protección general de las especies, bajo condiciones específicas y cuando no existen otras soluciones satisfactorias7.
Estos elementos forman parte de un esfuerzo integral para preservar la rica biodiversidad de España y garantizar su sostenibilidad para las generaciones futuras.
8. El Convenio de Barcelona y el Plan de Acción para el Mediterráneo. Convenio OSPAR para la protección del medio marino del Atlántico nordeste. Su aplicación a la conservación de los hábitats y especies marinas, así como a la gestión de las actividades humanas. Principales características, evolución y su aplicación en España.
9. La dinámica litoral. El oleaje: generación y propagación hacia la costa. Las corrientes asociadas al oleaje y su incidencia en el transporte longitudinal y transversal. Concepto de playa en equilibrio y desequilibrio. Escalas temporales para el análisis de las playas. Erosión costera. Medidas para la protección del litoral y adaptación al cambio climático. La gestión de sedimentos para la lucha contra la erosión costera.
El Convenio de Barcelona y su Plan de Acción para el Mediterráneo, junto con el Convenio OSPAR para la protección del medio marino del Atlántico nordeste, son dos acuerdos internacionales clave en la conservación marina y la gestión de actividades humanas que afectan al medio marino.
El Convenio de Barcelona, enmendado por última vez en 1995, tiene como objetivo la cooperación entre las partes para la protección y el desarrollo del Mediterráneo, incluyendo la supervisión y la investigación científica1. España, como parte contratante, se compromete a proteger el mar Mediterráneo de la contaminación y promover un desarrollo sostenible en la región2.
Por otro lado, el Convenio OSPAR, que entró en vigor en 1998, es el resultado de la unificación de los convenios de Oslo y París. Su objetivo es prevenir y eliminar la contaminación, así como proteger el Atlántico nordeste de los efectos adversos de las actividades humanas, con el fin de conservar los ecosistemas marinos y, cuando sea posible, restaurar las áreas marinas afectadas3. España ratificó este convenio y participa activamente en su implementación, lo que incluye la creación de Áreas Marinas Protegidas y la gestión integrada de las actividades humanas para minimizar su impacto en el medio marino3.
La aplicación de estos convenios en España ha llevado a la adopción de diversas medidas y estrategias para la conservación de hábitats y especies marinas, así como para la regulación de actividades como la pesca, el turismo y la industria, con el objetivo de proteger la biodiversidad y promover un uso sostenible de los recursos marinos.
10. Los ecosistemas costeros: acantilados, playas, sistemas dunares, deltas, rías, estuarios, marismas y marjales. Fragilidad de los sistemas costeros. Distribución en el litoral español. Recuperación ambiental de ecosistemas costeros. Elementos y características físicas que determinan la pertenencia al dominio público marítimoterrestre según la normativa de costas.
Los ecosistemas costeros, como los acantilados, playas, sistemas dunares, deltas, rías, estuarios, marismas y marjales, son áreas de gran importancia ecológica y alta biodiversidad. Sin embargo, son también muy frágiles debido a su sensibilidad a los cambios ambientales y a la presión humana1.
En España, la distribución de estos ecosistemas varía a lo largo del litoral, con diferencias notables entre la costa atlántica y la mediterránea. Por ejemplo, la vegetación de la costa mediterránea es más antigua que la atlántica, y tras los periodos glaciares, se produjeron migraciones de flora mediterránea al litoral atlántico2.
La recuperación ambiental de los ecosistemas costeros en España incluye iniciativas como la restauración de sistemas dunares y la conservación de especies de flora y fauna amenazadas. Estas acciones buscan mitigar los efectos de la urbanización y otras presiones antrópicas, protegiendo así la función clave que desempeñan estos ecosistemas en el litoral3456.
En cuanto a la normativa de costas, los elementos y características físicas que determinan la pertenencia al dominio público marítimoterrestre incluyen la ribera del mar y de las rías, las playas, las aguas interiores, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. La Ley de Costas y su reglamento definen y regulan estos espacios, asegurando su protección y uso sostenible7891011.
11. Los ecosistemas marinos: praderas de fanerógamas marinas, arrecifes y fondos biogénicos, fondos de maërl, montañas, volcanes y cañones submarinos, macroalgas, hábitats y especies de la zona intermareal.
Los ecosistemas marinos son increíblemente diversos y cada uno juega un papel vital en la salud del océano. Aquí tienes un resumen de los que mencionaste:
Praderas de fanerógamas marinas: Son ecosistemas formados por angiospermas marinas que proveen servicios ecosistémicos importantes, como la producción de oxígeno y la absorción de dióxido de carbono123.
Arrecifes y fondos biogénicos: Los arrecifes pueden ser de origen biogénico, formados por organismos como corales, o de origen geogénico, formados por sustratos no biogénicos. Son esenciales para la biodiversidad marina y actúan como barreras naturales contra las tormentas45.
Fondos de maërl: Compuestos principalmente por algas calcáreas, estos fondos ofrecen una estructura tridimensional que sirve de refugio y promueve una gran diversidad animal67.
Montañas, volcanes y cañones submarinos: Estas formaciones geológicas bajo el mar son fundamentales para la formación y evolución de los fondos oceánicos y pueden albergar ecosistemas únicos89101112.
Macroalgas: Organismos fotosintéticos multicelulares que viven en ambientes acuáticos, principalmente marinos. Son importantes productores primarios y se utilizan en diversas industrias13141516.
Hábitats y especies de la zona intermareal: Esta zona es hogar de una gran variedad de especies adaptadas a las condiciones cambiantes, como algas, crustáceos, moluscos y aves costeras. Son cruciales para la cadena alimentaria y contribuyen a la pesca y acuicultura local171819.
Cada uno de estos ecosistemas contribuye de manera única al equilibrio y la riqueza de la vida en nuestros océanos.
12. Las demarcaciones marinas: rasgos y características principales, comunidades bentónicas y pelágicas, principales presiones e impactos. Espacios marinos protegidos más significativos. Las demarcaciones marinas españolas y sus planes de ordenación.
Las demarcaciones marinas en España son áreas clave para la gestión y protección del medio marino. Aquí tienes un resumen de sus características y aspectos relevantes:
Comunidades bentónicas y pelágicas: Los organismos bentónicos viven en los fondos de los ambientes acuáticos y pueden ser sésiles o móviles, mientras que los organismos pelágicos habitan en las columnas de agua, desde la superficie hasta las profundidades234.
Principales presiones e impactos: Las demarcaciones marinas enfrentan diversas presiones como perturbaciones físicas del fondo marino, aporte de nutrientes y materias orgánicas, contaminantes, basuras marinas y sonido antropogénico567.
Espacios marinos protegidos más significativos: Algunos de los espacios marinos protegidos más destacados incluyen Montes submarinos del suroeste, Banco de la Concepción, Suroeste Balear, Sponge Sea Mounts, Cañones de Alicante y un corredor de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde Cabo Peñas hasta Costa da Morte891011.
Planes de ordenación: Los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas buscan un desarrollo sostenible de los usos del mar, con coexistencia de actividades1213141516.
Estos elementos son fundamentales para la conservación de la biodiversidad marina y el uso sostenible de los recursos marinos.
13. Las estrategias marinas. Evaluación del estado ambiental del medio marino. Programas de seguimiento. Programas de medidas. El informe de compatibilidad con las estrategias marinas y los informes de afección a Red Natura 2000 marina.
Las estrategias marinas en España son fundamentales para la protección del medio marino y se estructuran en varias fases y programas:
Estrategias Marinas: Son el marco general para la planificación del medio marino en España, ajustándose a la legislación europea y nacional1. Se han desarrollado para las cinco demarcaciones marinas españolas y buscan garantizar la conservación de los ecosistemas marinos y lograr o mantener un buen estado ambiental del medio marino1.
Evaluación del Estado Ambiental: Se realiza un diagnóstico ambiental del estado de las aguas marinas españolas, considerando diversos descriptores como la biodiversidad, las especies invasoras, la eutrofización y los contaminantes, entre otros2.
Programas de Seguimiento: Incluyen el control de basuras marinas en playas, en la columna de agua y los fondos marinos, así como de basuras ingeridas por algunas especies marinas indicadoras3.
Programas de Medidas: Definen las actuaciones a llevar a cabo para la consecución de los objetivos ambientales, pudiendo incluir normas, directrices, proyectos de actuación y medidas de control y reducción de la contaminación4.
Informe de Compatibilidad con las Estrategias Marinas: Es un informe preceptivo y vinculante que analiza la compatibilidad de ciertas actividades con la estrategia marina correspondiente, asegurando que no comprometan los objetivos de conservación5.
Estos componentes trabajan conjuntamente para proteger el medio marino y promover su uso sostenible, alineándose con los objetivos de conservación y sostenibilidad a largo plazo.
14. Impactos originados por las infraestructuras marítimas y las explotaciones industriales en el medio natural, con especial incidencia en el dominio público marítimoterrestre. Impactos originados por las infraestructuras hidráulicas y las actividades industriales y agrarias en el medio natural, con especial incidencia en el dominio público hidráulico.
Los impactos de las infraestructuras marítimas y las explotaciones industriales en el medio natural son variados y pueden ser significativos, especialmente en lo que respecta al dominio público marítimoterrestre. Estos impactos incluyen:
Contaminación: Las actividades industriales pueden liberar contaminantes al mar, afectando la calidad del agua y la salud de la vida marina2.
Erosión costera: Las infraestructuras pueden cambiar las dinámicas naturales de las corrientes y provocar erosión en otras áreas de la costa3.
En cuanto a las infraestructuras hidráulicas y las actividades industriales y agrarias, sus impactos en el medio natural y el dominio público hidráulico pueden ser igualmente importantes:
Alteración de cauces: Las represas y canales pueden modificar el flujo natural de los ríos, afectando a los ecosistemas fluviales y a las especies que dependen de ellos4.
Contaminación del agua: Las actividades agrícolas e industriales pueden contaminar las aguas superficiales y subterráneas con pesticidas, fertilizantes y otros químicos5.
Extracción de agua: El uso intensivo de agua para la agricultura y la industria puede reducir la disponibilidad de agua para los ecosistemas y para otros usos5.
Estos impactos requieren una gestión cuidadosa y la implementación de medidas de mitigación para proteger el medio ambiente y asegurar la sostenibilidad de las actividades humanas. Las estrategias pueden incluir la restauración de hábitats, la mejora de las prácticas de manejo de aguas residuales y la implementación de tecnologías más limpias y eficientes45.
15. La diversidad biológica, sus componentes y estado de conservación en el medio terrestre y marino: los hábitats naturales y seminaturales. Las especies silvestres. El Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Banco de Datos de la Naturaleza.
La diversidad biológica es la variedad de vida en todas sus formas y niveles de organización, incluyendo la diversidad genética, de especies y ecológica1. En España, el estado de conservación de los hábitats naturales y seminaturales se evalúa considerando su distribución, estructura, funciones y las especies típicas que albergan2. Las especies silvestres se clasifican según su riesgo de extinción, y se regulan mediante normativas estatales y comunitarias para su protección y conservación3.
El Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (IEPNB) es un instrumento clave para la planificación y conocimiento del patrimonio natural y de la biodiversidad en España. Está compuesto por inventarios, catálogos, registros y listados que permiten conocer los elementos del patrimonio natural, su riqueza, estado de conservación y uso de recursos4.
El Banco de Datos de la Naturaleza (BDN) es un sistema integrado de información que forma parte del IEPNB. Proporciona acceso a información alfanumérica, cartográfica, documental y multimedia sobre los distintos componentes del inventario, facilitando la armonización, análisis y difusión de toda la información contenida en el IEPNB5. Este banco de datos es fundamental para la gestión y conservación de la biodiversidad en España, permitiendo el intercambio y armonización de la información existente.
16. Las especies exóticas invasoras. El Reglamento 1143/2014, 22 de octubre, sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras. El Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Principales taxones, causas de la invasión, problemas ambientales y lucha contra ellas. Prevención de introducción de especies exóticas invasoras. Factores y metodología de análisis de riesgos. Estrategias de gestión, control y erradicación de especies exóticas invasoras.
Las especies exóticas invasoras (EEI) son aquellas que, introducidas fuera de su hábitat natural por acción humana, logran establecerse, proliferar y extenderse, causando daños significativos a la biodiversidad, la economía y la salud. En Europa y específicamente en España, la preocupación por las EEI ha llevado a la creación de legislaciones y estrategias para su manejo.
Reglamento (UE) n.º 1143/2014 El Reglamento (UE) n.º 1143/2014 establece normas para prevenir y mitigar los impactos adversos de las EEI en la biodiversidad y los ecosistemas. Este reglamento se actualiza periódicamente y prohíbe la introducción intencionada en la UE de especies incluidas en una lista de EEI preocupantes1.
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras El Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (CEEEI) es un instrumento legal que recoge las especies consideradas como invasoras en España. Incluye medidas para prevenir la introducción de EEI y para su control y posible erradicación2.
Principales Taxones Entre los principales taxones de EEI en España se encuentran especies como la tortuga de Florida, la cotorra argentina, el mapache, el visón americano, el cangrejo rojo y plantas como el ailanto y el camalote3.
Causas de la Invasión Las EEI pueden llegar accidentalmente a través del comercio o transporte, como el mejillón cebra, o ser introducidas intencionadamente para actividades como la caza, la pesca o la jardinería3.
Problemas Ambientales Las EEI pueden desplazar a especies nativas, alterar ecosistemas, transmitir enfermedades y causar problemas económicos y sanitarios4.
Lucha contra las EEI España ha implementado estrategias y planes de acción para abordar las vías de introducción y propagación de las EEI, con el objetivo de prevenir su introducción y mitigar su impacto5.
Prevención de Introducción La prevención incluye la sensibilización sobre la compra de mascotas exóticas y plantas invasoras, así como la implementación de planes de acción para abordar las vías de introducción prioritarias5.
En resumen, la gestión de las EEI en España y la UE es un esfuerzo coordinado que involucra legislación, investigación, prevención y acciones concretas de control y erradicación para proteger la biodiversidad y minimizar los impactos negativos de estas especies en los ecosistemas nativos.
17. La conservación ex situ de la diversidad biológica. Parques Zoológicos y Jardines Botánicos. Cría en cautividad. Bancos de germoplasma. Reintroducción de especies amenazadas o extinguidas. Directrices y normativas nacionales e internacionales. Ejemplos de éxito en España y en el mundo
La conservación ex situ es una estrategia importante para proteger la biodiversidad, complementando la conservación in situ (en el hábitat natural). Incluye varias prácticas y programas:
Parques Zoológicos y Jardines Botánicos: Estos lugares no solo sirven como atracciones educativas y de investigación, sino que también juegan un papel crucial en la conservación de especies. En Madrid, por ejemplo, el Zoo Aquarium y el Real Jardín Botánico son ejemplos destacados.
Cría en cautividad: Esencial para especies en peligro de extinción, como el lince ibérico, donde programas específicos han ayudado a aumentar su población1.
Bancos de germoplasma: Almacenan material genético como semillas, esporas o incluso ADN, para preservar la diversidad genética de las plantas y animales. En España, existen varios bancos de germoplasma dedicados a la conservación de especies autóctonas y agrícolas23.
Reintroducción de especies: Se refiere a la liberación de especies amenazadas o extintas en su hábitat natural. Un ejemplo es la reintroducción del lince ibérico en áreas de su distribución histórica4.
Directrices y normativas: Tanto a nivel nacional como internacional, existen directrices para la conservación ex situ, como las proporcionadas por la UICN y las leyes nacionales como la Ley 42/2007 en España5.
Ejemplos de éxito: En España, la conservación del lince ibérico y de especies endémicas de Canarias como los lagartos del género Gallotia son ejemplos notables de conservación ex situ67. A nivel mundial, hay muchos casos de éxito, como la conservación del panda gigante y el cóndor de California.
Estas acciones son fundamentales para la supervivencia de muchas especies y la preservación de la biodiversidad global.
18. Tala ilegal y deforestación. Reglamento (CE) n.º 2173/2005 (FLEGT) y su aplicación en España. Reglamento (UE) 2023/1115 y principales diferencias con el Reglamento (UE) n.º 995/2010 de la madera (EUTR). Sanidad forestal: principales enfermedades, plagas y daños abióticos en especies forestales en España. Incendios forestales: distribución espacial, temporal y causalidad. La Estadística General de Incendios Forestales. El dispositivo de apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La tala ilegal y la deforestación son problemas ambientales graves que afectan a la biodiversidad y contribuyen al cambio climático. En respuesta a esto, la Unión Europea ha implementado regulaciones como el Reglamento (CE) n.º 2173/2005, conocido como FLEGT, que establece procedimientos para la importación de madera de países socios con licencias FLEGT1. En España, este reglamento se aplica para asegurar que las importaciones de madera cumplan con los estándares legales y sostenibles.
El Reglamento (UE) 2023/1115 es una normativa reciente que busca combatir la deforestación y la degradación forestal asociadas a la comercialización de materias primas y productos en el mercado de la Unión y su exportación2. Este reglamento deroga el anterior Reglamento (UE) n.º 995/2010 (EUTR), que se centraba en la obligación de los operadores de ejercer la debida diligencia para prevenir la entrada de madera ilegal en el mercado de la UE.
En cuanto a la sanidad forestal, en España se enfrentan desafíos como enfermedades causadas por hongos patógenos, plagas como la procesionaria del pino y daños abióticos resultantes de factores ambientales y nutricionales34. Estos problemas requieren una gestión y control efectivos para preservar la salud de las masas forestales.
Los incendios forestales son otro aspecto crítico de la gestión forestal. La distribución espacial y temporal de los incendios está influenciada por factores humanos y naturales, y su causalidad puede incluir negligencias, rayos o acciones intencionadas5. La Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) es una base de datos que recopila información detallada sobre incendios forestales en España, proporcionando datos valiosos para la prevención y el análisis de tendencias6.
Finalmente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en España apoya iniciativas para combatir la despoblación y promover la cohesión territorial, lo que incluye medidas para la prevención y gestión de incendios forestales7. Este apoyo se manifiesta en la forma de estrategias, planes y ayudas que buscan una transición ecológica sostenible y equitativa.
19. Tratamientos culturales de las masas arboladas. Técnicas de repoblación forestal: elección de especie y maquinaria a emplear. Producción y comercialización de los materiales forestales de reproducción. Normativa nacional en materia de conservación de recursos genéticos forestales. Aprovechamientos maderables y no maderables. Principales industrias forestales de primera y segunda transformación.
Los tratamientos culturales de las masas arboladas son esenciales para mantener y mejorar la salud y productividad de los bosques. Incluyen prácticas como la poda, el aclareo y la selección de especies adecuadas para la repoblación forestal, teniendo en cuenta factores como el clima, el suelo y la biodiversidad local1.
En cuanto a las técnicas de repoblación forestal, es crucial elegir la especie correcta y la maquinaria adecuada para preparar el terreno, asegurando así la recuperación de bosques naturales y la protección contra la erosión2. La producción y comercialización de materiales forestales de reproducción, como semillas y plantas, están reguladas en España por el Real Decreto 289/2003, garantizando la calidad y trazabilidad de estos materiales3.
La normativa nacional en materia de conservación de recursos genéticos forestales está establecida por el Real Decreto 159/2022, que desarrolla la Ley de Montes y promueve la conservación tanto in situ como ex situ de la diversidad genética forestal4.
Los aprovechamientos maderables y no maderables se refieren a la extracción de recursos forestales, ya sea madera o productos derivados de otras partes del bosque que no implican la tala5. Las industrias forestales de primera transformación se encargan de procesar la madera en rollo para obtener productos con valor comercial, mientras que las de segunda transformación fabrican productos finales destinados al consumidor, como muebles o papel6.
Espero que esta información te sea útil para comprender mejor la gestión y la industria forestal. Si tienes alguna pregunta específica o necesitas más detalles, no dudes en preguntar.
20. El acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. El Protocolo de Nagoya. Reglamento UE 511/2014, 16 de abril, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya en la Unión. El Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos españoles procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización.
El acceso a los recursos genéticos y la distribución equitativa de los beneficios derivados de su uso son aspectos fundamentales regulados por el Protocolo de Nagoya, que es un acuerdo internacional que forma parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este protocolo tiene como objetivo garantizar que los beneficios derivados del uso de recursos genéticos se compartan de manera justa y equitativa con el país que proporciona dichos recursos1.
En la Unión Europea, el Reglamento UE 511/2014 establece las medidas de cumplimiento para los usuarios del Protocolo de Nagoya, asegurando que los recursos genéticos utilizados dentro de la jurisdicción de la Unión hayan sido accedidos de conformidad con el marco nacional del país proveedor2.
En España, el Real Decreto 124/2017 regula el acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y el control de su utilización. Este decreto desarrolla preceptos de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y asegura la correcta utilización de los recursos genéticos en España conforme al Reglamento UE 511/2014 y al Protocolo de Nagoya3.
21. Técnicas de recolección y preparación de muestras biológicas para estudios de biodiversidad. Técnicas de estudio de la flora y la fauna en la naturaleza. Captura y marcaje. Presentación y análisis de resultados. Inventario y seguimiento de poblaciones y especies
Las técnicas para estudios de biodiversidad abarcan una amplia gama de métodos, cada uno adaptado a diferentes tipos de muestras y objetivos de estudio. Aquí tienes un resumen de las técnicas clave:
Recolección y Preparación de Muestras Biológicas:
Recolección: Se deben seguir protocolos estériles y usar guantes para evitar contaminación1.
Preparación: Las muestras acuosas se procesan con cambios de disolventes como etanol y xileno antes de la inclusión en parafina2.
Estudio de Flora y Fauna:
Observación Directa: Esencial para identificar especies y características del hábitat3.
Muestreo de Biodiversidad: Utiliza métodos estándar y herramientas tecnológicas avanzadas3.
Captura y Marcaje:
Captura: Se emplean técnicas como redes y trampas, siempre minimizando el estrés y el daño a los animales4.
Marcaje: Incluye anillas, marcas visuales y dispositivos electrónicos para seguimiento5.
Presentación y Análisis de Resultados:
Formato de Presentación: Se utilizan tablas y figuras para mostrar los datos recolectados6.
Análisis: Se evalúa la confiabilidad y validez de los datos, y se aplican pruebas estadísticas si es necesario6.
Inventario y Seguimiento de Poblaciones:
Inventario: Se documentan las poblaciones y especies, prestando especial atención a las migratorias7.
Seguimiento: Se monitorea el estado de conservación y se informa sobre los cambios en las poblaciones8.
Estas técnicas son fundamentales para la investigación y conservación de la biodiversidad, permitiendo a los científicos obtener datos precisos y confiables sobre las especies y sus hábitats.
22. La fauna y la flora españolas. Características biogeográficas. Grupos y taxones principales
España es reconocida por su rica biodiversidad, resultado de su diversidad de ecosistemas y su ubicación geográfica única, entre Europa y África y entre el Atlántico y el Mediterráneo. Esto ha dado lugar a una variedad de climas y, por ende, a una amplia gama de hábitats que van desde bosques oceánicos hasta desiertos semiáridos1.
Características Biogeográficas:
Grupos y Taxones Principales:
Fauna: España tiene la mayor cantidad de vertebrados de Europa, con especies emblemáticas como el lince ibérico, el oso pardo y el lobo ibérico. También destaca por su fauna africana, como el camaleón común y la tortuga mora2.
Flora: La flora española es igualmente diversa, con especies adaptadas a sus diferentes climas y ecosistemas. La península Ibérica ha sido un refugio para muchas especies vegetales durante los períodos de aridez y frío1.
España se divide en tres grandes regiones biogeográficas: la Eurosiberiana, la Mediterránea y la Macaronésica, cada una con su propia composición de vegetación y fauna3. La conservación de esta biodiversidad es fundamental, y España cuenta con numerosas áreas protegidas, incluyendo espacios declarados Reserva de la Biosfera por la UNESCO1.
23. Evaluaciones de impacto ambiental de proyectos que puedan afectar a espacios de la red Natura 2000. Contenidos del estudio de impacto ambiental. Impactos residuales. La aplicación de medidas compensatorias en el marco del artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Los bancos de conservación de la naturaleza.
Las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) son procesos cruciales para identificar, predecir y evaluar los efectos que los proyectos pueden tener en el medio ambiente, especialmente en áreas protegidas como la red Natura 2000. A continuación, te proporciono una descripción detallada de los temas que mencionaste:
Evaluaciones de Impacto Ambiental en Espacios de la Red Natura 2000 La red Natura 2000 es una red ecológica de áreas de conservación en la Unión Europea. Los proyectos que puedan afectar estos espacios deben someterse a una evaluación rigurosa para asegurar que no tendrán efectos perjudiciales significativos, considerando sus objetivos de conservación1.
Contenidos del Estudio de Impacto Ambiental Un estudio de impacto ambiental debe incluir:
Descripción detallada del proyecto.
Evaluación de los impactos ambientales.
Medidas de mitigación propuestas.
Análisis de alternativas, incluida la no acción.
Impactos Residuales Los impactos residuales son aquellos que persisten después de aplicar medidas de mitigación. Pueden incluir efectos sobre la calidad del aire, agua, biodiversidad y salud humana. Es crucial identificar y gestionar estos impactos para minimizar su efecto en el medio ambiente3.
Medidas Compensatorias según el Artículo 46 de la Ley 42/2007 Cuando un proyecto afecta significativamente a la red Natura 2000 pero se considera necesario por razones de interés público, se deben adoptar medidas compensatorias. Estas medidas buscan garantizar que la coherencia global de la red se mantenga, y deben ser diseñadas para compensar el daño ocasionado sobre los hábitats o especies afectados4.
Bancos de Conservación de la Naturaleza Los Bancos de Conservación de la Naturaleza (BCN) son herramientas que permiten la creación o mejora de valores naturales. Se establecen mediante acuerdos que definen las acciones de conservación a realizar en ciertas propiedades y otorgan créditos representativos de esos valores naturales5.
24. El medio físico y su relación con la diversidad biológica. El clima, el relieve y los suelos. Las unidades morfoestructurales españolas y las principales unidades del relieve. Las grandes unidades naturales de España. Criterios ecológicos para la restauración de los ecosistemas españoles.
El medio físico, incluyendo el clima, el relieve y los suelos, tiene una relación directa con la diversidad biológica. En España, esta diversidad se manifiesta a través de sus distintas unidades morfoestructurales y del relieve, que incluyen zócalos, macizos antiguos, cordilleras alpinas y depresiones o cuencas sedimentarias1. Estas unidades conforman las grandes unidades naturales del país, como la Meseta Central, las cordilleras circundantes y las depresiones exteriores23.
Para la restauración de los ecosistemas españoles, se aplican criterios ecológicos que buscan recuperar ecosistemas dañados y consolidar una red de zonas naturales y seminaturales conectadas. Esto incluye prácticas como la restauración pasiva, la aplicación de la escala de paisaje y el fomento de la inversión público-privada4. Además, se han desarrollado guías prácticas que ofrecen herramientas y recomendaciones para incorporar la Restauración Ecológica como enfoque y metodología óptima56.
25. El paisaje. Los paisajes españoles. Principales problemas de conservación. Medidas de protección. La biogeografía terrestre de España. Aspectos generales. Los pisos bioclimáticos. Las regiones biogeográficas marinas en España. Ámbito geográfico y características diferenciales. Principales ecosistemas y especies. Espacios naturales protegidos más significativos.
Los paisajes en España son de gran importancia para la conservación debido a su diversidad y la presencia de especies endémicas. Los principales problemas de conservación incluyen la pérdida de hábitats, la contaminación y la sobreexplotación de recursos1. Para proteger estos paisajes, se han implementado medidas como el Convenio Europeo del Paisaje y la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad2.
La biogeografía terrestre de España es notable por su alta biodiversidad, influenciada por su posición geográfica y la variedad de climas y relieves3. Los pisos bioclimáticos reflejan la variación de la vegetación y fauna con la altitud4.
En cuanto a las regiones biogeográficas marinas, España se extiende por las regiones Atlántica, Macaronesia y Mediterránea, cada una con sus propias características ecológicas5. Los principales ecosistemas y especies incluyen una amplia gama desde montañas y desiertos hasta humedales y zonas marinas, con más de 85.000 especies registradas6.
Finalmente, España cuenta con una red de espacios naturales protegidos que incluyen parques nacionales, reservas naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos y áreas marinas protegidas, todos ellos fundamentales para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural del país7.
26. Las regiones Alpina, Atlántica, Mediterránea y Macaronésica en España. Ámbitos geográficos y características diferenciales. Principales ecosistemas y especies. Espacios naturales protegidos más significativos
Las regiones biogeográficas de España, como la Alpina, Atlántica, Mediterránea y Macaronésica, son áreas con características ecológicas distintivas que albergan una diversidad de ecosistemas y especies. Aquí tienes un resumen de cada una:
Región Alpina
Características: Clima frío, alta montaña, vegetación adaptada a la altitud2.
Ecosistemas y especies: Bosques, matorrales y praderas alpinas; fauna como grandes carnívoros y aves rapaces2.
Región Atlántica
Ámbito geográfico: Extiende por el norte y noroeste de la península3.
Características: Clima oceánico, vegetación abundante y siempre verde3.
Ecosistemas y especies: Bosques caducifolios, especies como el lobo ibérico y el oso pardo3.
Región Mediterránea
Ámbito geográfico: La más extendida por la Península Ibérica2.
Características: Clima mediterráneo, veranos secos y calurosos2.
Ecosistemas y especies: Maquis, garrigas, especies como el lince ibérico y el águila imperial2.
Región Macaronésica
Características: Clima subtropical, gran diversidad de microclimas2.
Ecosistemas y especies: Laurisilva, especies endémicas como el pinzón azul de Gran Canaria2.
Espacios Naturales Protegidos
Estos espacios son esenciales para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural de España. Si necesitas información más detallada o sobre otros aspectos, no dudes en preguntar.
27. Los ecosistemas españoles de bosques, los matorrales y los pastos naturales. Definición, tipología y características. Estado de conservación. Recursos legales, administrativos y técnicos para su conservación. Los ecosistemas esteparios españoles. Definición, tipología y características. Estado de conservación y medidas aplicadas para su conservación.
Los ecosistemas forestales españoles incluyen una gran variedad de bosques, matorrales y pastos naturales, cada uno con características únicas y diversos grados de conservación. Aquí tienes un resumen de cada uno:
Bosques Españoles:
Características: Varían desde bosques de coníferas hasta bosques de frondosas y mixtos, con una extensión de más de 14 millones de hectáreas2.
Estado de Conservación: Generalmente, el estado de los bosques en España es bueno, con un 55% ocupado por frondosas, 37% por coníferas y 8% por masas mixtas3.
Matorrales y Pastos Naturales:
Características: Los matorrales son vegetación leñosa de porte inferior al arbóreo y los pastos naturales son áreas de vegetación herbácea4.
Recursos para la Conservación:
Legales: España cuenta con códigos forestales que incluyen normas generales, ordenación y aprovechamientos forestales, incendios forestales y guardería forestal5.
Administrativos y Técnicos: Se establecen instrumentos para la planificación del patrimonio natural y la biodiversidad, como el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad6.
Ecosistemas Esteparios Españoles:
Definición y Tipología: Son ecosistemas de relieve llano o de suave pendiente, con vegetación de tipo herbáceo o matorral, y generalmente sin arbolado7.
Características: Clima semiárido con temperaturas promedio de 10 a 16 °C y precipitaciones anuales de 100 a 300 mm. Flora típica incluye tomillo, romero, albardín y esparto8.
Estado de Conservación y Medidas: Las aves esteparias y sus hábitats están en un estado desfavorable de conservación, y se han establecido estrategias para su protección, incluyendo la conservación y restauración de hábitats y el seguimiento de poblaciones9.
Estos ecosistemas son fundamentales para la biodiversidad y el equilibrio ecológico de España, y su conservación es esencial para mantener la riqueza natural del país.
28. Los humedales españoles. Definición, tipología y características. Estado de conservación y medidas aplicadas para su conservación. La restauración y recuperación de los humedales. Las aguas subterráneas. Principales características de los acuíferos españoles. Principales problemas de conservación en relación con la diversidad biológica.
Los humedales en España son zonas de gran importancia ecológica y ambiental. Aquí tienes un resumen de su definición, tipología, estado de conservación y otros aspectos relevantes:
Definición de Humedales: Son áreas donde el agua es el principal factor que controla el ambiente y la vida vegetal y animal asociada. Pueden ser naturales o artificiales, permanentes o temporales, con agua estancada o corriente, dulce, salobre o salada1.
Tipología de Humedales en España: Existen varios tipos, incluyendo:
Humedales interiores: Lagunas y humedales fluviales, sistemas de alta montaña, lagos y lagunas profundos kársticos calcáreos, entre otros2.
Humedales costeros: Mezcla de agua dulce y salada, como marismas y manglares3.
Estado de Conservación: Aproximadamente la mitad de los humedales españoles están bien conservados, mientras que el resto están alterados o muy alterados. Desde el siglo XIX, ha desaparecido al menos el 60% de la superficie húmeda original de España4.
Medidas para la Conservación: España ha implementado el Plan Estratégico de Humedales a 2030 para evitar, detener y revertir la pérdida y degradación de humedales, asegurando el mantenimiento de hábitats y especies, impulsando su recuperación y poniendo en valor sus beneficios5.
Restauración y Recuperación de Humedales: El Plan Estratégico también busca aumentar la superficie de humedales, con proyectos financiados principalmente por administraciones públicas y que han demostrado ser exitosos incluso con acciones de bajo coste6.
Aguas Subterráneas y Acuíferos: Los acuíferos en España se caracterizan por su alta capacidad de almacenamiento y suministro de agua, aunque algunos pueden tener problemas de drenaje y transporte debido a su composición geológica7.
Problemas de Conservación Relacionados con la Diversidad Biológica: Los principales desafíos incluyen la falta de estructuras institucionales y políticas adecuadas para la conservación efectiva, así como la contaminación de las aguas superficiales que afecta a las aguas subterráneas y, por ende, a la biodiversidad asociada89.
Estos puntos ofrecen una visión general de la situación actual de los humedales en España y los esfuerzos realizados para su conservación y restauración.
29. Caracterización de los ríos, los embalses y sus riberas. Principales presiones e impactos en los ríos españoles. Ríos en Buen Estado o en Buen Potencial. Dimensiones y funcionamiento de los corredores fluviales. Régimen natural de caudales. Estructura biológica de los ríos. Dinamismo y evolución del sistema fluvial. Erosión, transporte y sedimentación. Actuaciones y proyectos para la mejora y restauración de los ríos. Régimen de caudales ecológicos. La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.
La caracterización de los ríos en España abarca diversos aspectos, desde su estructura física y biológica hasta las intervenciones humanas para su conservación y restauración. Aquí tienes un resumen de los puntos clave:
Caracterización de Ríos y Embalses: Los ríos españoles se dividen en 11 cuencas hidrográficas, cada una con características únicas y ríos principales como el Duero, Ebro, Guadalquivir, entre otros12.
Presiones e Impactos: Las principales amenazas incluyen la contaminación, la deforestación y la alteración del cauce, lo que afecta la salud de los ecosistemas fluviales13.
Ríos en Buen Estado o Potencial: Casi un 54% de las masas de tipo río se encuentran en buen estado o potencial, mientras que el 46% sigue por debajo de este nivel45.
Corredores Fluviales: Los corredores fluviales son esenciales para la biodiversidad y la gestión sostenible de hábitats en varias cuencas fluviales67.
Régimen Natural de Caudales: El régimen natural de caudales en España se caracteriza por una alta variabilidad inter e intranual, típica de los ríos mediterráneos8.
Estructura Biológica: La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos busca alcanzar el buen estado ecológico de los ríos y fomentar la gestión sostenible de los ecosistemas fluviales6.
Dinamismo y Evolución: Los sistemas fluviales están sujetos a cambios ambientales, y su dinámica es un indicador clave de estos cambios910.
Erosión, Transporte y Sedimentación: Estos procesos son fundamentales en la transformación del relieve y están influenciados por factores naturales y humanos1112131415.
Mejora y Restauración: Se han ejecutado o están en ejecución proyectos de restauración en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, con un enfoque en infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza1617.
Régimen de Caudales Ecológicos: España cuenta con una normativa ambiciosa que busca mantener la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados1819.
Estrategia Nacional de Restauración de Ríos: Esta estrategia incluye programas de protección, conservación, restauración y adaptación al cambio climático, así como voluntariado en ríos16.
Estos elementos son cruciales para entender la complejidad de la gestión de los recursos hídricos y los esfuerzos realizados para preservar y mejorar los sistemas fluviales en España.
30. La erosión del suelo y la desertificación. La restauración hidrológico-forestal: principios generales y objetivos. Ordenación de cuencas hidrográficas. Trabajos de restauración de la cubierta vegetal. Trabajos de corrección de torrentes. Restauración tras grandes incendios. Relación de la desertificación y el cambio climático
La erosión del suelo y la desertificación en España son problemas significativos, exacerbados por factores como los incendios forestales, la salinización y la erosión1. La restauración hidrológico-forestal busca proteger el suelo contra la erosión y la desertificación, regular las avenidas y mejorar el régimen hídrico, y planificar de manera sostenible la cuenca hidrográfica2.
Los principios generales de la restauración hidrológico-forestal incluyen la protección del suelo, la regulación de las avenidas y la planificación dinámica de las cuencas hidrográficas para una gestión integrada de los recursos naturales2. Las cuencas hidrográficas en España se ordenan por superficie y se gestionan para prevenir la desertificación y promover el uso sostenible del agua3.
Los trabajos de restauración de la cubierta vegetal implican repoblación forestal, conservación y mejora de la vegetación protectora, y reforestación en tierras agrarias4. Para la corrección de torrentes, se realizan obras como diques y protecciones longitudinales de márgenes para reducir la erosión y el arrastre de sedimentos5.
Tras grandes incendios, se llevan a cabo acciones como el apeo de árboles quemados, la mejora de pistas forestales y la construcción de estructuras para frenar el arrastre de sedimentos6. La relación entre la desertificación y el cambio climático es directa, ya que se espera que las condiciones climáticas futuras agraven los problemas de desertificación, especialmente en zonas semiáridas de España7.
31. Los suelos contaminados. Concepto. Regulación en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados
Los suelos contaminados en España se definen como aquellos donde hay presencia confirmada de sustancias peligrosas a un grado tal que representan un riesgo para la salud humana o el ecosistema, considerando el uso del suelo y causada por la actividad de seres humanos1. La regulación de estos suelos se encuentra en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero2.
La Ley 7/2022 establece los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos y suelos contaminados. Esta ley busca reducir la producción de residuos y regula su tratamiento, basándose en un principio de jerarquía de residuos y pensando en la economía circular3.
El Real Decreto 9/2005 establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Desarrolla así el artículo 27 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y establece los niveles genéricos de referencia y los procedimientos para la declaración de un suelo como contaminado4.
32. Instrumentos de planificación en materia de residuos: Plan Estatal Marco de Gestión de residuos y el Programa Estatal de Prevención de Residuos. Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y normativa española en materia de incineración de residuos.
En España, la gestión de residuos se rige por varios instrumentos de planificación y normativas que buscan promover una gestión sostenible y eficiente de los residuos, en línea con los principios de la economía circular.
El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) establece la estrategia general de la política de residuos del país, proporcionando orientaciones y estructuras para los planes autonómicos y definiendo objetivos mínimos de prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación12.
El Programa Estatal de Prevención de Residuos se centra en la reducción de la generación de residuos y en la disminución del contenido de sustancias peligrosas o contaminantes3. Este programa se articula en torno a cuatro líneas estratégicas y busca desvincular el crecimiento económico del incremento en la generación de residuos.
El Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Este decreto establece el marco jurídico y técnico para las actividades de eliminación de residuos, garantizando la reducción progresiva de los residuos depositados y estableciendo medidas para prevenir y reducir los efectos negativos en el medio ambiente relacionados con el vertido de residuos4567.
En cuanto a la normativa española en materia de incineración de residuos, se incluyen regulaciones que controlan las emisiones y consumos de las instalaciones de incineración, asegurando que se minimicen los impactos ambientales. El Reglamento de emisiones industriales, aprobado en el Real Decreto 815/2013, define las instalaciones de incineración y coincineración y establece las principales emisiones a la atmósfera que deben ser controladas8. Además, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos9.
33. Concepto de subproducto y su regulación en la nueva ley. Normativa nacional sobre subproductos. Concepto de fin de condición de residuo y su regulación en la nueva ley. Normativa comunitaria y nacional sobre fin de la condición de residuo.
El concepto de subproducto y su regulación en la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se refiere a sustancias u objetos resultantes de un proceso de producción cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto. Pueden ser considerados como subproductos y no como residuos si se cumplen ciertas condiciones12.
La normativa nacional sobre subproductos en España incluye el Real Decreto 1528/2012, que establece normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano3.
El fin de la condición de residuo es un concepto legal que permite que ciertos residuos dejen de ser considerados como tales tras haber sido sometidos a una operación de valorización, incluido el reciclado, siempre que cumplan con ciertas condiciones establecidas en la Ley 7/20224.
La normativa comunitaria y nacional sobre fin de la condición de residuo incluye reglamentos de la Unión Europea que establecen criterios para determinar cuándo ciertos tipos de residuos dejan de ser considerados como tales, como el Reglamento (UE) Nº 333/2011 para la chatarra5. A nivel nacional, las comunidades autónomas pueden autorizar que un residuo valorizado deje de ser considerado como tal para usos específicos5.
34. La Responsabilidad Ampliada del productor del producto: concepto. Regulación en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Normativa de aplicación: envases y residuos de envases, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos al final de su vida útil, neumáticos fuera de uso, pilas y acumuladores, aceites industriales usados.
En España, la regulación de la RAP se encuentra en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta ley tiene como objetivo la prevención y reducción de la generación de residuos, así como la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos para proteger el medio ambiente y la salud humana2.
La normativa específica para cada tipo de residuo es la siguiente:
Envases y residuos de envases: Regulados por el Real Decreto 1055/2022, que entró en vigor el 29 de diciembre de 2022, junto con la Ley 7/20223.
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): Regulados por el Real Decreto 110/2015, que establece los procedimientos para la correcta gestión, trazabilidad y contabilización de estos residuos4.
Vehículos al final de su vida útil: Regulados por el Real Decreto 265/2021, que establece medidas para prevenir la generación de residuos procedentes de vehículos y regula su gestión5.
Neumáticos fuera de uso: Regulados por el Real Decreto 1619/2005, modificado por el Real Decreto 731/2020, que establece las normas para prevenir su incidencia ambiental6.
Pilas y acumuladores: Regulados por el Real Decreto 106/2008, que establece requisitos específicos para su recogida, tratamiento y reciclaje7.
Aceites industriales usados: Regulados por el Real Decreto 679/2006, modificado por la Orden ARM/795/2011, que obliga a los fabricantes e importadores a asegurar la gestión y sufragar el coste total de la gestión de estos residuos8.
Estas normativas buscan garantizar una gestión adecuada de los residuos, minimizando su impacto ambiental y promoviendo una economía más sostenible y circular.
35. Otra normativa en materia de residuos: Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de lodos de depuradora en el sector agrario. Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores.
Aquí tienes un resumen de las normativas mencionadas en materia de residuos:
Real Decreto 1310/1990: Regula la utilización de lodos de depuradora en el sector agrario, incorporando la Directiva 86/278/CEE del Consejo, relativa a la protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura2.
Real Decreto 975/2009: Se ocupa de la gestión de los residuos de las industrias extractivas y de la protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras3.
Real Decreto 293/2018: Trata sobre la reducción del consumo de bolsas de plástico y crea el Registro de Productores. Este decreto busca disminuir el impacto ambiental de las bolsas de plástico y promover un uso más eficiente de los recursos4.
Estas normativas reflejan el esfuerzo por gestionar diferentes tipos de residuos de manera sostenible y responsable, protegiendo así el medio ambiente.
36. La contaminación atmosférica: tipos, orígenes y características. Sus fuentes. Sectores y actividades contaminantes. La evaluación de la calidad del aire. La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y su desarrollo. Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones a la Atmósfera. El Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica.
La contaminación atmosférica en España se clasifica por tipos de contaminantes como SO2, NO2, PM10, Pb, C6H6, CO, PM2,5, O3, As, Cd, Ni y B (a)P1. Los orígenes y características de esta contaminación incluyen fuentes naturales como erupciones volcánicas y actividades humanas como la industria y el transporte2345.
Las principales fuentes de contaminación atmosférica en España son los aerosoles, óxidos de azufre, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, ozono y anhídrido carbónico (CO2), siendo este último un importante gas de efecto invernadero678.
Los sectores y actividades más contaminantes incluyen la producción de energía, procesos de combustión, industria cementera, transformaciones químicas y tratamiento y transformación de hidrocarburos91011.
La evaluación de la calidad del aire se realiza mediante modelos de dispersión y se informa al público a través de índices de calidad del aire y reportes anuales121314.
La Ley 34/2007 establece el marco jurídico para la prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica en España15161718.
El Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones a la Atmósfera (SEI) elabora el Inventario Nacional de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero y de contaminantes atmosféricos, así como las proyecciones de emisiones y absorciones1920.
El Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA) implementa medidas para alcanzar los objetivos de reducción de contaminantes atmosféricos establecidos por la Directiva 2284/201621222324.
37. La calidad del aire: los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud y medio ambiente. Normativa europea en materia de calidad del aire. Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Evaluación de la calidad del aire y planes de mejora de la calidad del aire. Índice nacional de la calidad del aire. La calidad del aire en España.
La calidad del aire y la contaminación atmosférica son temas de gran importancia debido a sus efectos significativos sobre la salud y el medio ambiente. La contaminación atmosférica puede originar problemas como el cambio climático, la lluvia ácida y la destrucción de la capa de ozono1. En cuanto a la salud, puede provocar desde un aumento de la mortalidad por causas respiratorias y cardiovasculares hasta alteraciones del funcionalismo pulmonar2.
La normativa europea en materia de calidad del aire está representada principalmente por la Directiva 2008/50/CE, que busca asegurar una atmósfera más limpia en Europa3. En España, el Real Decreto 102/2011 transpone al ordenamiento jurídico español el contenido de las directivas europeas, con el objetivo de evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de ciertas sustancias sobre la salud humana y el medio ambiente4.
La evaluación de la calidad del aire en España se realiza mediante modelos y mediciones que proporcionan información sobre la situación actual y permiten la elaboración de planes de mejora5. Estos planes buscan reducir los niveles de contaminantes como NO2, PM10 y SO2, entre otros6.
El Índice Nacional de Calidad del Aire (ICA) es una herramienta que muestra la calidad del aire en tiempo real en las diferentes ciudades de España, ofreciendo recomendaciones sanitarias para la población general y sensible7. Este índice utiliza datos en tiempo real procedentes de las estaciones de monitorización y, en caso necesario, por datos modelizados del Servicio de Vigilancia Atmosférica de la Unión Europea7.
38. Los efectos de la contaminación acústica sobre la salud y el medio ambiente. La prevención de la contaminación acústica. Normativa comunitaria y española sobre el ruido. La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y su desarrollo reglamentario. Aspectos teóricos: Fuentes y técnicas de medición. Medidas correctoras
La contaminación acústica es un problema ambiental y de salud pública que se produce por la presencia excesiva de ruido en el entorno, afectando tanto a seres humanos como a ecosistemas. Los efectos sobre la salud pueden incluir problemas cardiovasculares, estrés, insomnio, y depresión, entre otros1. En el medio ambiente, puede alterar los ecosistemas y comportamientos animales, afectando la reproducción y alimentación de las especies2.
Para prevenir la contaminación acústica, es esencial adoptar medidas como el aislamiento adecuado de viviendas, limitar el uso de vehículos ruidosos, promover el transporte público y usar protección auditiva en entornos ruidosos3.
La normativa comunitaria y española sobre el ruido incluye la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que busca prevenir y reducir la contaminación acústica para proteger la salud y el medio ambiente4. Esta ley se complementa con el Real Decreto 1513/2005, que desarrolla la evaluación y gestión del ruido ambiental5.
En cuanto a los aspectos teóricos, las fuentes de ruido más comunes incluyen el tráfico, la industria y actividades recreativas. Las técnicas de medición del ruido se basan en el uso de sonómetros y la elaboración de mapas de ruido para evaluar la exposición6.
Finalmente, las medidas correctoras pueden incluir la instalación de barreras acústicas, el diseño urbano que minimice la propagación del ruido y la regulación de horarios para actividades ruidosas7. Estas medidas buscan crear entornos más silenciosos y saludables para todos.
39. Instrumentos voluntarios de la política ambiental comunitaria. El Reglamento europeo (CE) n.º (1221/2009) relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). Concepto. Objeto. Ámbito de aplicación. La revisión de la aplicación del reglamento. La relación entre el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales e ISO 14001 (Organización Internacional de Normalización)
El Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, conocido como EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), es un instrumento voluntario de política ambiental comunitaria que permite a las organizaciones participar en un sistema de gestión y auditoría medioambientales12.
Concepto: EMAS es un marco que ayuda a las organizaciones a evaluar, informar y mejorar su desempeño ambiental.
Objeto: El objetivo de EMAS es promover la mejora continua del desempeño ambiental de las organizaciones mediante la implementación de un sistema de gestión medioambiental y la realización de auditorías periódicas.
Ámbito de aplicación: EMAS está abierto a cualquier organización que desee mejorar su desempeño ambiental, no limitándose solo a las industrias, sino extendiéndose también a las organizaciones del sector público y privado.
Revisión de la aplicación del reglamento: El reglamento ha sido revisado para asegurar que sigue siendo relevante y efectivo en el fomento de prácticas sostenibles y responsables en las organizaciones.
Relación con ISO: EMAS se alinea con la serie de normas ISO 14000, que son estándares internacionales para sistemas de gestión ambiental. La ISO es una organización no gubernamental que desarrolla y publica normas internacionales para diversos sectores, incluyendo la gestión ambiental3. La relación entre EMAS e ISO radica en que ambas buscan la mejora y la eficiencia en la gestión ambiental, aunque EMAS se enfoca más en la Unión Europea mientras que ISO tiene un alcance global.
40. El Reglamento europeo (CE) n.º (66/2010) relativo a la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea. Concepto. Objeto. Ámbito de aplicación y la Contratación Pública Ecológica
El Reglamento (CE) n.º 66/2010 es una normativa clave de la Unión Europea que establece el sistema de la Etiqueta Ecológica de la UE, un distintivo que se otorga a productos y servicios que tienen un impacto ambiental reducido a lo largo de su ciclo de vida. A continuación, te proporciono una descripción detallada de sus aspectos más importantes:
Concepto: La Etiqueta Ecológica de la UE es un marcado voluntario que se concede a productos y servicios que cumplen con altos estándares de rendimiento ambiental. Está diseñada para guiar a los consumidores hacia opciones que benefician al medio ambiente.
Objeto: El objetivo principal del reglamento es fomentar productos y servicios que reduzcan los efectos adversos sobre el medio ambiente y promover la eficiencia en el uso de los recursos durante todo el ciclo de vida del producto.
Ámbito de aplicación: La Etiqueta Ecológica de la UE se aplica a una amplia gama de grupos de productos y servicios, incluyendo detergentes, papel, textiles, alojamiento turístico y muchos otros. Los criterios específicos varían según la categoría del producto, pero todos tienen en común el objetivo de reducir el impacto ambiental.
Contratación Pública Ecológica: La Contratación Pública Ecológica (CPE) es el proceso mediante el cual las entidades públicas procuran adquirir bienes, servicios y obras con un menor impacto ambiental. El Reglamento fomenta la integración de criterios ecológicos en los procesos de contratación pública, contribuyendo así a un mercado más sostenible y a la promoción de prácticas de producción y consumo responsables.
El Reglamento (CE) n.º 66/2010 forma parte de una política más amplia de producción y consumo sostenibles y se complementa con otras iniciativas y normativas de la UE, como los criterios de Contratación Pública Ecológica de la Unión Europea123. Estos criterios son de carácter voluntario y pueden ser incorporados en los pliegos de contratación como criterios de selección, adjudicación, especificaciones técnicas y condiciones especiales de ejecución456.
La CPE y la Etiqueta Ecológica de la UE son herramientas que trabajan conjuntamente para mejorar el desempeño ambiental de los productos y servicios en el mercado, incentivando a las empresas a desarrollar soluciones más verdes y ayudando a los consumidores y entidades públicas a tomar decisiones más informadas y responsables con el medio ambiente.
41. Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre contaminantes orgánicos persistentes. Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo. Convenio de Minamata y Reglamento relativo al mercurio. El enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional (SAICM).
El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes es un tratado global que tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes (COP). Fue adoptado en 2001 y entró en vigor en 20041. Este convenio busca la eliminación o restricción de la producción y uso de COP, así como la gestión de sus desechos2.
El Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo actualiza y refuerza la legislación de la Unión Europea sobre los COP, alineándola con el Convenio de Estocolmo3. Este reglamento establece controles sobre la fabricación, comercialización y uso de los COP, y promueve la eliminación segura de los residuos que los contienen3.
El Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo en España es un documento que detalla las acciones y estrategias para cumplir con las obligaciones del convenio. Incluye medidas para reducir o eliminar las liberaciones de COP y proteger la salud pública y el medio ambiente4.
El Convenio de Minamata sobre el Mercurio es otro tratado internacional que tiene como fin proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio. Fue adoptado en 2013 y entró en vigor en 20175. Este convenio abarca todo el ciclo de vida del mercurio, incluyendo controles y reducciones en una variedad de productos, procesos e industrias5.
El Reglamento relativo al mercurio en España transpone la Directiva 2010/75/UE en relación con los valores límite de emisión de mercurio y establece medidas para la gestión de residuos de mercurio y su eliminación segura6.
Finalmente, el Enfoque Estratégico para la Gestión de los Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM) es un marco político para promover la gestión segura de productos químicos a nivel mundial. Es un acuerdo voluntario no vinculante jurídicamente que busca proteger la salud humana y el medio ambiente de los riesgos asociados con los productos químicos7.
42. El Reglamento (CE) n.º 1272/2008 de clasificación, etiquetado y envasado. Relación con el sistema globalmente armonizado (GHS)
El Reglamento (CE) n.º 1272/2008, conocido como el Reglamento CLP (Clasificación, Etiquetado y Envasado), es una normativa de la Unión Europea que alinea la legislación anterior de la UE con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS) de las Naciones Unidas1. Este reglamento tiene como objetivo garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, así como facilitar el comercio internacional de sustancias químicas, asegurando la coherencia entre las normativas de clasificación y etiquetado a nivel mundial1.
El GHS es un sistema diseñado para identificar los peligros químicos y comunicar información sobre estos peligros y las medidas de precaución a través de etiquetas y fichas de datos de seguridad estandarizadas a nivel internacional. El Reglamento CLP adopta estos criterios y los implementa dentro de la UE, lo que ayuda a las empresas a cumplir con los estándares internacionales y facilita el comercio global de productos químicos, proporcionando un sistema de clasificación y etiquetado coherente y comprensible12.
43. El Convenio de Rotterdam. El Convenio de Minamata sobre Mercurio. El Reglamento 649/2012/UE sobre exportación e importación de productos químicos peligrosos. Procedimiento PIC. El Convenio de Viena y su Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono. Los gases fluorados y su relación con el cambio climático. La enmienda de Kigali. Normativa europea y nacional de aplicación.
Aquí tienes un resumen de los tratados y regulaciones que mencionaste:
Reglamento 649/2012/UE: Implementa el Convenio de Rotterdam dentro de la UE, regulando la exportación e importación de productos químicos peligrosos3.
Procedimiento PIC: Parte del Reglamento (UE) nº 649/2012, promueve la responsabilidad compartida en el movimiento internacional de sustancias químicas peligrosas4.
Convenio de Viena y Protocolo de Montreal: Tratan sobre la protección de la capa de ozono y la reducción de sustancias que la agotan5.
Gases fluorados: Son potentes gases de efecto invernadero y su regulación es clave para mitigar el cambio climático6.
Normativa sobre contaminantes orgánicos persistentes: El Reglamento (UE) 2019/1021 actualiza la legislación para proteger contra estos contaminantes8.
Estos acuerdos y regulaciones son fundamentales para la gestión ambiental y la protección de la salud pública a nivel global y europeo.
44. El Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia. El protocolo de Gotemburgo. Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos. Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
El Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, también conocido como Convenio de Ginebra de 1979, tiene como objetivo eliminar, mitigar y reducir la contaminación del aire de forma transfronteriza1. Este convenio se complementa con varios protocolos, entre los que destaca el Protocolo de Gotemburgo de 1999, que establece límites máximos permitidos de emisiones para ciertos contaminantes2.
En cuanto a la legislación española, el Real Decreto 818/2018 establece medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, en línea con los compromisos de la Unión Europea3. Por otro lado, el Real Decreto 1042/2017 regula la limitación de las emisiones a la atmósfera de agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera4.
Estas normativas son esenciales para la protección de la calidad del aire y la atmósfera, contribuyendo a la salud pública y al medio ambiente.
45. Energía y cambio climático en el contexto global. Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Principales medidas de mitigación del cambio climático en el sector energético. Impactos del cambio climático en el sector energético. El papel de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética. Situación en España: objetivos, evolución de las emisiones y políticas y medidas puestas en marcha en el ámbito del cambio climático.
La energía y el cambio climático son temas cruciales en el contexto global. Las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero incluyen la combustión de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas, así como la deforestación y la agricultura12.
Las medidas de mitigación en el sector energético abarcan el aumento de la eficiencia energética, el impulso a las energías renovables, y la transición hacia tecnologías de bajo carbono3. Los impactos del cambio climático en este sector pueden ser significativos, afectando tanto la demanda como la oferta de energía y pudiendo provocar alteraciones en la infraestructura energética4.
El papel de las energías renovables y la eficiencia energética es fundamental para reducir las emisiones y combatir el cambio climático. La transición hacia fuentes de energía más limpias y el uso más eficiente de la energía son pasos clave hacia un futuro sostenible5.
En cuanto a España, el país ha adoptado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, con el objetivo de construir una nación menos vulnerable y más resiliente a los impactos del cambio climático6. Además, España trabaja en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, buscando reducir las emisiones y promover un modelo energético sostenible7.
46. Industria, transporte, sector residencial, residuos y cambio climático en el contexto global. Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero de estos sectores. Impactos y riesgos del cambio climático en estos sectores. Principales medidas de mitigación y adaptación. Situación en España: objetivos, evolución de las emisiones, políticas y medidas puestas en marcha.
En el contexto global, la industria, el transporte, el sector residencial y la gestión de residuos son sectores significativos en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Estas emisiones provienen principalmente de la combustión de combustibles fósiles, procesos industriales, calefacción doméstica y descomposición de residuos12.
Los impactos y riesgos del cambio climático en estos sectores incluyen la alteración de la producción y distribución de energía, daños a la infraestructura y aumento de los costos operativos debido a eventos climáticos extremos3456.
Para mitigar y adaptarse al cambio climático, se están implementando medidas como el aumento de la eficiencia energética, la promoción de energías renovables, la electrificación de procesos industriales y la mejora de la gestión de residuos789.
En España, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 busca construir un país menos vulnerable y más resiliente a los impactos y riesgos del cambio climático. Este plan incluye 81 líneas de acción en diversos sectores socioeconómicos y se alinea con las políticas de recuperación frente a la pandemia10. Además, España trabaja en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con el objetivo de reducir las emisiones y promover un modelo energético sostenible111213.
47. Agricultura, ganadería, selvicultura, otros usos del suelo y cambio climático en el contexto global. Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y sumideros de gases de efecto invernadero. Impactos y riesgos del cambio climático en estos sectores. Principales medidas de mitigación y adaptación. Situación en España: evolución de las emisiones, políticas y medidas puestas en marcha.
La agricultura, ganadería, selvicultura y otros usos del suelo juegan un papel crucial en el contexto global del cambio climático. Estos sectores son tanto fuentes de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) como sumideros que pueden capturar y almacenar carbono. Las principales fuentes de emisión de GEI incluyen la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la producción agrícola y ganadera1.
El cambio climático impacta estos sectores aumentando los riesgos de fenómenos extremos como sequías e inundaciones, alterando los patrones de precipitación y elevando las temperaturas, lo que puede afectar negativamente la productividad y la seguridad alimentaria. Además, el estrés térmico puede afectar la salud y la productividad del ganado23.
Para mitigar y adaptarse al cambio climático, se están implementando diversas medidas. En la agricultura, esto incluye prácticas de cultivo que mejoran la captura de carbono, como la agroforestería y la agricultura de conservación. En la ganadería, se pueden adoptar dietas mejoradas para el ganado que reduzcan las emisiones de metano. La selvicultura puede contribuir mediante la reforestación y la gestión sostenible de los bosques4.
En España, la evolución de las emisiones de GEI ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos años, especialmente debido a la disminución del uso de carbón y el aumento de las energías renovables. El país ha implementado políticas y medidas como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, que buscan construir un país menos vulnerable y más resiliente a los impactos y riesgos del cambio climático567.
48. Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: origen, principios, características y principales compromisos. El Protocolo de Kioto y la enmienda de Doha: objetivos, principios y características. Principales resultados de las Conferencias de las Partes de la Convención y el Protocolo. Aplicación en España.
La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue adoptada en 1992 y entró en vigor en 1994. Su objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para prevenir riesgos al sistema climático. Se basa en principios de precaución, sostenibilidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas1.
El Protocolo de Kioto, adoptado en 1997, establece compromisos más firmes para los países industrializados, con metas de reducción de emisiones de GEI. La enmienda de Doha extendió el protocolo hasta 2020 e introdujo nuevos compromisos de reducción23.
Las Conferencias de las Partes (COP) son reuniones anuales donde se evalúan y negocian los avances en la lucha contra el cambio climático. Han resultado en acuerdos significativos como el Acuerdo de París, que establece un marco global para la reducción de emisiones45.
En España, la CMNUCC se ratificó en 1993, y el país ha adoptado medidas para cumplir con sus compromisos, incluyendo políticas de reducción de emisiones y promoción de energías renovables6.
49. El Acuerdo de París. Desarrollo, principios, principales características y contenidos. Compromisos y obligaciones de las Partes firmantes. Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas. Aplicación en España
El Acuerdo de París es un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre el cambio climático, adoptado en la COP21 en París el 12 de diciembre de 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre de 20161. Sus principales objetivos son mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2°C respecto a los niveles preindustriales y realizar esfuerzos para limitar el calentamiento a 1,5°C12.
Los principios del Acuerdo incluyen la equidad y el reconocimiento de las diferentes circunstancias de los países, especialmente en lo que respecta a los países en desarrollo. Además, establece un marco para la transparencia, la rendición de cuentas y el apoyo financiero a los países en desarrollo12.
Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) son compromisos de reducción de emisiones que cada país establece y comunica en el marco del Acuerdo. Estas contribuciones son el núcleo del Acuerdo y representan los esfuerzos de cada país para reducir sus emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático3.
En cuanto a la aplicación en España, el país ratificó el Acuerdo de París el 12 de enero de 2017. España se ha comprometido a la transición hacia una economía baja en carbono y ha implementado políticas y medidas para alcanzar los objetivos del Acuerdo, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética1.
50. Financiación climática en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Fondos de lucha contra el cambio climático en el ámbito de Naciones Unidas. La promoción del desarrollo y transferencia de tecnología en el contexto de la Convención; el mecanismo tecnológico de la Convención Marco.
La financiación climática en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se refiere a los recursos destinados a reducir emisiones y mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero, así como a disminuir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante los efectos negativos del cambio climático1.
Existen varios fondos dentro del ámbito de las Naciones Unidas dedicados a la lucha contra el cambio climático, como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Fondo de Adaptación, el Centro y Red de Tecnologías para el Clima, y el Fondo Verde para el Clima. Estos fondos canalizan el apoyo financiero y promueven el establecimiento de compromisos financieros2.
La promoción del desarrollo y transferencia de tecnología es un aspecto clave de la CMNUCC, con el objetivo de respaldar la aplicación del Acuerdo de París y otros compromisos internacionales. El Mecanismo Tecnológico de la Convención, compuesto por el Comité Ejecutivo de Tecnología y el Centro y Red de Tecnología del Clima, trabaja para fortalecer la colaboración y mejorar la transmisión de tecnologías en apoyo de la acción climática3.
En cuanto a la aplicación en España, el país participa activamente en estos mecanismos y se compromete con la financiación climática internacional, alineando sus políticas y medidas con los objetivos globales de mitigación y adaptación al cambio climático4.
51. Adaptación al cambio climático y tratamiento de las pérdidas y daños asociados a los impactos del cambio climático en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. El Marco de Adaptación de Cancún. El objetivo global de adaptación del Acuerdo de París. El programa de trabajo de Nairobi. Las pérdidas y daños asociados a los impactos del cambio climático, el mecanismo internacional de Varsovia sobre pérdidas y daños y la Red de Santiago.
La adaptación al cambio climático y el tratamiento de las pérdidas y daños asociados a sus impactos son aspectos fundamentales en la lucha global contra el cambio climático. Aquí tienes un resumen de los elementos clave que mencionaste:
Marco de Adaptación de Cancún: Establecido en 2010, este marco busca mejorar las medidas de adaptación, especialmente a través de la cooperación internacional y la revisión coherente de cuestiones relacionadas con la adaptación en el marco de la CMNUCC123.
Objetivo Global de Adaptación del Acuerdo de París: El Acuerdo de París establece un objetivo mundial sobre la adaptación, que incluye aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático45.
Programa de Trabajo de Nairobi: Iniciado en 2005, su propósito es asistir a los países, particularmente a los en desarrollo, para mejorar su comprensión y evaluación de los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, y tomar decisiones informadas basadas en una sólida base científica, técnica y socioeconómica6.
Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y Daños: Creado en 2013, este mecanismo es el principal vehículo dentro de la Convención para promover enfoques orientados a abordar las pérdidas y daños asociados a los impactos del cambio climático de manera integrada y coherente37.
Red de Santiago: Formada para movilizar asistencia técnica para los países en desarrollo vulnerables, con el fin de apoyar sus esfuerzos para evitar, minimizar y hacer frente a las pérdidas y los daños relacionados con el clima8.
Estos elementos son parte de un esfuerzo global para enfrentar los desafíos del cambio climático y trabajar hacia un futuro más sostenible y resiliente.
52. Uso del suelo, cambio de uso del suelo y selvicultura y su tratamiento en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París. El papel de los bosques de los países en desarrollo en la lucha contra el cambio climático: REDD+ en el contexto de la de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El uso del suelo, el cambio de uso del suelo y la selvicultura (LULUCF, por sus siglas en inglés) son aspectos clave en las políticas climáticas internacionales, ya que estas actividades pueden ser fuentes significativas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o actuar como sumideros de carbono1. En el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, se han establecido marcos para reportar y reducir las emisiones de GEI provenientes de LULUCF.
El Protocolo de Kioto introdujo compromisos cuantitativos de reducción de emisiones para los países desarrollados, incluyendo el sector LULUCF. Se incentivó a los países a reportar las emisiones y absorciones de carbono en sus inventarios nacionales de GEI2.
El Acuerdo de París, adoptado en 2015, marcó un hito al establecer un marco global para la mitigación del cambio climático, reconociendo la importancia de la integridad de los ecosistemas y la necesidad de promover prácticas sostenibles de uso del suelo. Los países deben esforzarse por alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropogénicas y las absorciones de GEI en la segunda mitad de este siglo, lo que implica un papel crucial para el sector LULUCF3.
En cuanto a los bosques en los países en desarrollo, el programa REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal) se ha convertido en un componente esencial de la estrategia global para combatir el cambio climático. REDD+ busca incentivar a los países en desarrollo a reducir las emisiones de GEI y mejorar las reservas de carbono forestal a través de cinco actividades: reducción de la deforestación, reducción de la degradación forestal, conservación de las reservas de carbono forestal, manejo sostenible de los bosques y aumento de las reservas de carbono forestal1.
Los bosques desempeñan un papel vital en la mitigación del cambio climático al almacenar carbono y proporcionar otros beneficios ambientales y sociales. La implementación efectiva de REDD+ puede contribuir significativamente a la reducción de las emisiones de GEI, al tiempo que promueve el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad456.
53. Evolución de los mecanismos de mercado en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático: mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto y enfoques de cooperación voluntaria del Acuerdo de París.
Los mecanismos de mercado han evolucionado significativamente en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Aquí tienes un resumen de su evolución:
Comercio de Emisiones: Permite a los países comprar y vender derechos de emisión.
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): Genera créditos de emisión a través de proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo.
Mecanismo de Aplicación Conjunta (AC): Similar al MDL, pero se aplica en países del Anexo I.
Enfoques de Cooperación Voluntaria del Acuerdo de París: El Acuerdo de París, a través de su Artículo 6, establece enfoques de cooperación voluntaria que incluyen2:
Transferencia Internacional de Resultados de Mitigación (ITMO): Permite a los países transferir resultados de mitigación entre sí.
Mecanismo de Mercado Centralizado: Aún en desarrollo, tiene como objetivo generar créditos de emisión a través de proyectos aprobados a nivel internacional.
Estos mecanismos buscan incrementar la ambición climática y facilitar la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), manteniendo la integridad ambiental y promoviendo el desarrollo sostenible.
54. Sistema europeo de comercio de emisiones de aviación. Reglamento (UE) 2015/757 relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de CO2 del transporte marítimo. Emisiones de transporte aéreo y marítimo internacional. Su tratamiento en Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Marítima Internacional
El Sistema Europeo de Comercio de Emisiones de Aviación (EU ETS) es un mecanismo que establece un límite máximo de emisiones para el sector de la aviación, basado en los niveles de referencia de 2004-20061. Este sistema se aplica a los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo y busca promover la reducción de las emisiones de CO2 de una manera rentable2.
El Reglamento (UE) 2015/757 se centra en el seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de CO2 del transporte marítimo. Establece normas para un seguimiento preciso de las emisiones de CO2 y otra información relevante de los buques que visitan puertos bajo jurisdicción de un Estado miembro3. Además, se busca promover la reducción de las emisiones de CO2 del transporte marítimo de una forma rentable3.
Las emisiones de transporte aéreo y marítimo internacional han aumentado significativamente desde 1990, siendo la aviación internacional y el transporte marítimo dos de los sectores con el crecimiento más rápido en emisiones dentro del sector del transporte4. La Unión Europea está trabajando para reducir estas emisiones en línea con el Pacto Verde Europeo y el paquete legislativo "Objetivo 55"5.
En cuanto al tratamiento de las emisiones en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), se ha trabajado en el Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA), que busca desarrollar un sistema internacional para la gestión de las emisiones de la aviación5.
Por otro lado, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha adoptado medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques, como el índice de eficiencia energética de proyecto (EEDI) y el Plan de gestión de la eficiencia energética del buque (SEEMP). Además, en 2018, la OMI adoptó la Estrategia inicial para reducir los gases de efecto invernadero, con el objetivo de eliminar las emisiones tan pronto como sea posible durante este siglo67.
55. Los sectores difusos en la legislación europea. Decisión de reparto de esfuerzos: principales características, objetivos, sectores afectados y flexibilidades. Evolución y estado de cumplimento actual. Directiva (UE) 2018/2001 de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre, relativa a la eficiencia energética con sus modificaciones posteriores.
Los sectores difusos en la legislación europea se refieren a aquellos sectores no sujetos al comercio de derechos de emisión y que son menos intensivos en el uso de la energía. Incluyen sectores como residencial, comercial e institucional, transporte, agrícola y ganadero, gestión de residuos, gases fluorados e industria no sujeta al comercio de emisiones1.
La Decisión de reparto de esfuerzos establece objetivos anuales vinculantes para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para cada Estado miembro para el periodo 2021-2030, basados en principios de equidad, rentabilidad e integridad medioambiental. Los objetivos varían según el PIB per cápita de los Estados miembros, asegurando que aquellos con mayores ingresos asuman objetivos más ambiciosos2.
En cuanto a la evolución y el estado de cumplimiento actual, la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores difusos en un 10% respecto a los niveles de 2005 para el año 2020. Para el período 2021-2030, se estableció un recorte del 30% de las emisiones en los sectores no cubiertos por el RCDE UE2.
La Directiva (UE) 2018/2001 del 11 de diciembre de 2018 establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables y fija un objetivo vinculante para la Unión en relación con la cuota general de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la Unión en 20303.
La Directiva 2012/27/UE del 25 de octubre sobre eficiencia energética, modificada posteriormente, establece un marco para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión Europea y establece acciones concretas para alcanzar el potencial de ahorro de energía. Esta directiva modifica otras directivas relacionadas y deroga algunas anteriores, creando un marco común más actualizado4.
56. Marco 2030 de Energía y Clima de la Unión Europea. Objetivos. Desarrollo legislativo. Gobernanza. Estructura para el cumplimiento de los objetivos de los Estados Miembros. Estado de situación. Ley Europea del Clima. Paquete «Fit for 55» y su relación con la legislación de cambio climático.
El Marco 2030 de Energía y Clima de la Unión Europea establece objetivos ambiciosos para una transición energética sostenible y una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los principales objetivos son:
El desarrollo legislativo y la gobernanza del Marco 2030 se basan en una serie de regulaciones y directivas que establecen un sistema integrado para la planificación, el monitoreo y la presentación de informes sobre el progreso hacia los objetivos climáticos y energéticos de la UE2.
La estructura para el cumplimiento de los objetivos de los Estados Miembros incluye planes nacionales de energía y clima que deben ser actualizados y alineados con los objetivos de la UE. Estos planes son esenciales para garantizar que cada país contribuya adecuadamente al objetivo común1.
En cuanto al estado de situación, la UE ha adoptado medidas para monitorear el progreso y ajustar las acciones según sea necesario, con revisiones programadas cada cinco años en línea con el ejercicio de balance global del Acuerdo de París3.
La Ley Europea del Clima, aprobada en junio de 2021, es un hito legislativo que establece el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050 y define un marco para avanzar en los esfuerzos de adaptación a los impactos del cambio climático4.
El paquete «Fit for 55» es un conjunto de propuestas legislativas diseñadas para alinear las políticas de la UE con el objetivo de reducción de emisiones del 55% para 2030. Incluye medidas como la reforma del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE), el incremento del uso de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética, entre otras5. Este paquete es fundamental para la legislación de cambio climático de la UE, ya que proporciona un marco coherente y equilibrado para alcanzar los objetivos climáticos de manera justa y socialmente equitativa5.
57. Obligaciones de información relacionadas con cambio climático ante la Unión Europea. Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. Relación con las obligaciones de información de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto.
Las obligaciones de información relacionadas con el cambio climático ante la Unión Europea están detalladas en el Reglamento (UE) 2018/19991. Este reglamento establece un marco para la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, asegurando que los objetivos de la Unión Europea en materia de energía y clima para 2030 y a largo plazo se cumplan de manera eficiente y transparente1.
Este reglamento también está alineado con los compromisos internacionales de la UE, como los establecidos en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto. La CMNUCC y el Protocolo de Kioto requieren que los países informen regularmente sobre sus políticas y medidas en materia de cambio climático, incluyendo las emisiones de gases de efecto invernadero y los esfuerzos de mitigación y adaptación23.
El Reglamento (UE) 2018/1999 complementa estas obligaciones internacionales al requerir que los Estados miembros de la UE elaboren planes nacionales de energía y clima, informen sobre sus estrategias a largo plazo y proporcionen información regular sobre su progreso hacia los objetivos de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima1. Esto incluye la integración de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) en el marco del Acuerdo de París, así como la formulación y comunicación de estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero4.
En resumen, el Reglamento (UE) 2018/1999 sirve como un mecanismo clave para coordinar y asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la acción climática de la UE, en consonancia con sus compromisos internacionales bajo la CMNUCC y el Protocolo de Kioto.
58. Obligaciones de información relacionadas con cambio climático ante la Convención Marco de Cambio Climático. Las Comunicaciones Nacionales de España ante la Convención. Los Informes Bienales. Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. El Marco de Transparencia Mejorado del Acuerdo de París.
Las obligaciones de información de España en relación con el cambio climático bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París incluyen varios componentes clave:
Comunicaciones Nacionales: España presenta un informe cada cuatro años que incluye información sobre emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero (GEI), medidas para combatir el cambio climático, y programas de adaptación y mitigación1.
Informes Bienales: Estos informes se presentan cada dos años y contienen detalles del progreso en el cumplimiento de los objetivos de la Convención hasta 2020, emisiones y absorciones en coherencia con el último inventario anual disponible, y la cuantificación de los objetivos a 20202.
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero: España elabora anualmente este inventario, que incluye emisiones por fuentes antropogénicas y su absorción por sumideros, siguiendo las directrices de la CMNUCC y los Acuerdos de París3.
Marco de Transparencia Mejorado del Acuerdo de París: Este marco establece un sistema común para todos los países, desarrollados y en desarrollo, que mejora la visión global de las emisiones y absorciones de GEI al disponer de información armonizada y comparable de todos los países4.
Estos informes y el inventario son herramientas esenciales para evaluar el progreso y planificar futuras acciones en la lucha contra el cambio climático.
59. Los órganos relevantes en materia de cambio climático a nivel nacional: el Consejo Nacional del Clima, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, la Comisión Interministerial para el Cambio Climático, las Mesas de Diálogo Social, la Asamblea Ciudadana para el Clima y la Oficina Española de Cambio Climático.
En España, la estructura organizativa en materia de cambio climático a nivel nacional incluye varios órganos clave:
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático (CCPCC): Se encarga del seguimiento del cambio climático y adaptación a sus efectos, la prevención y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y el fomento de la capacidad de absorción de carbono por las formaciones vegetales2.
Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética: Creada para lograr el mejor tratamiento de las políticas públicas en materia de transición hacia un modelo productivo y social más ecológico3.
Mesas de Diálogo Social: Son espacios de encuentro entre diferentes actores sociales para abordar temas como la igualdad, la conciliación, la prevención de riesgos sociales o la formación del personal al servicio de las Administraciones Públicas4.
Asamblea Ciudadana para el Clima: Refuerza los mecanismos de participación existentes y ofrece a los ciudadanos la oportunidad de intervenir de manera innovadora en el debate sobre cómo frenar el cambio climático5.
Oficina Española de Cambio Climático (OECC): Es el órgano directivo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, adscrito a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, responsable de desarrollar las políticas relacionadas con el cambio climático6.
Estos órganos trabajan conjuntamente para formular, implementar y monitorear las políticas de cambio climático en España, asegurando que se cumplan los compromisos nacionales e internacionales en esta materia.
60. Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo de España.
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, es una normativa clave en la política ambiental de España. Su objetivo es asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y facilitar la transición de la economía española hacia un modelo más sostenible1. Entre sus metas, se incluye la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23% para 2030 respecto a 1990, y alcanzar la neutralidad climática no más tarde del año 20502.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 establece las directrices para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, incremento de energías renovables y mejora de la eficiencia energética. Propone una reducción de emisiones de GEI de un 23% respecto a 1990 y busca posicionar a España como líder en energías renovables34.
La Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo de España perfila la ruta para que el país alcance emisiones netas cero de GEI no más tarde de 2050. Se basa en el PNIEC y profundiza en aspectos como el ahorro energético, la electrificación de la economía y la conservación del capital natural56.
Estos documentos son fundamentales para la transición energética y la lucha contra el cambio climático en España, estableciendo un marco normativo y estratégico para la descarbonización de la economía y la promoción de un desarrollo sostenible.
61. El comercio de derechos de emisión en España. Normativa aplicable. Organización y reparto competencial de todos sus componentes. Principales cifras de interés.
El comercio de derechos de emisión en España es un mecanismo clave en la estrategia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Aquí tienes un resumen de los aspectos más relevantes:
Normativa aplicable:
Esta ley ha sido modificada para incorporar los cambios derivados de la Directiva 2023/959, de 10 de mayo de 20232.
Organización y reparto competencial:
La organización competencial en la aplicación del comercio de derechos de emisión en España se establece fundamentalmente en la Ley 1/20053.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) juega un papel central en la gestión y supervisión del sistema2.
Principales cifras de interés:
El sistema incluye más de 10.000 instalaciones y abarca más de 2.000 millones de toneladas de CO2, lo que representa en torno al 45% de las emisiones totales de GEI en la Comunidad4.
El comercio de derechos de emisión contribuye significativamente al objetivo de la UE de reducir sus emisiones de GEI en al menos un 55% en 2030 con respecto a los niveles de 19902.
Este sistema es un instrumento de mercado que busca incentivar la reducción de emisiones de una manera flexible y coste-eficiente, alineándose con el principio de “quien contamina, paga”.
62. Principales impactos y riesgos del cambio climático en España. Diferentes impactos y riesgos sectoriales. Primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC): origen, objetivos y principales resultados. Segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030.
Los principales impactos y riesgos del cambio climático en España abarcan una amplia gama de sectores y sistemas naturales. Algunos de los impactos más significativos incluyen la reducción de las precipitaciones, el aumento de fenómenos extremos como olas de calor más prolongadas, el incremento de temperaturas máximas y mínimas, y cambios en el medio marino como el aumento de la temperatura superficial del agua y la subida del nivel del mar12.
Primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC):
Origen: El PNACC fue establecido como el marco de referencia para la generación de conocimiento y la construcción de respuestas adaptativas frente al cambio climático en España desde 20063.
Objetivos: Su principal objetivo era evitar o reducir los daños derivados del cambio climático y construir una economía y una sociedad más resilientes3.
Principales resultados: Se desarrolló a través de tres Programas de Trabajo sucesivos, que permitieron priorizar y estructurar las acciones definidas en el mismo. Los resultados alcanzados se han materializado a lo largo de sus distintos ejes y pilares de actuación3.
Segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030:
Aprobación: Fue aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de septiembre de 20204.
Objetivo principal: Construir un país menos vulnerable y más resiliente a los impactos y riesgos del cambio climático, capaz de anticipar, responder y adaptarse a un contexto de clima cambiante4.
Enfoque: Define 81 líneas de acción a desarrollar en 18 ámbitos de trabajo, incluyendo salud humana, agua y recursos hídricos, biodiversidad, costas y medio marino, protección forestal, lucha contra la desertificación, agricultura y ganadería, entre otros4.
Estos planes son esenciales para la adaptación de España a los desafíos del cambio climático, promoviendo la acción coordinada y coherente en respuesta a los riesgos y amenazas presentes y futuros.
63. Fondo de Carbono: Real Decreto 1494/2011 de 24 de octubre, por el que se regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible. Huella de Carbono: Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono
El Fondo de Carbono para una Economía Sostenible se regula mediante el Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre. Este fondo fue creado con el objetivo de generar actividad económica baja en carbono y contribuir al cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por España. El Fondo se financia con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y puede financiarse también con recursos derivados de la enajenación de los créditos de carbono adquiridos1.
Por otro lado, la Huella de Carbono se gestiona a través del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, que crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Este registro permite a las empresas calcular y registrar su huella de carbono, así como inscribir proyectos de absorción de CO2 y compensar sus emisiones2. Además, se establecen medidas para fomentar la reducción de la huella de carbono y su compensación mediante absorciones de CO2, contribuyendo así al cumplimiento de los compromisos internacionales y comunitarios de España en materia de cambio climático3.
64. La lucha contra el cambio climático en la cooperación al desarrollo. Plan Director de la Cooperación española y programas específicos medioambientales en la cooperación española. La cooperación con Iberoamérica: la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC).
La lucha contra el cambio climático es un pilar fundamental en la cooperación al desarrollo de España, articulada según la Ley 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Los Planes Directores de la Cooperación Española son los documentos que establecen las líneas estratégicas, objetivos y prioridades de la cooperación española, alineándose con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París1.
En cuanto a los programas específicos medioambientales, el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 incluye el cambio climático como un eje prioritario, destacando la importancia de integrarlo en todas las actuaciones de cooperación2.
La cooperación con Iberoamérica en materia de cambio climático se canaliza a través de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC), creada en 2004. La RIOCC promueve el diálogo político, el desarrollo sostenible y una economía baja en carbono, además de facilitar la identificación de problemas y soluciones comunes en materia de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático34.