TEMARIO AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE OOAA 2024
TEMAS GENERALES
1. La Constitución Española de 1978: características, estructura, principios y valores fundamentales. Los derechos fundamentales y su especial protección. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.
La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del Estado español, que establece los principios fundamentales del país y regula los derechos y deberes de los ciudadanos1. Aquí te proporciono un resumen de los aspectos que mencionaste:
Características:
Es cerrada y codificada, aunque necesita ser desarrollada por leyes orgánicas u ordinarias2.
Es extensa en cuanto al número de artículos que la componen2.
Estructura:
La Constitución Española de 1978 consta de un Preámbulo y 169 artículos3.
Los artículos se dividen en un Título Preliminar y 10 títulos3.
Principios y valores fundamentales:
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho4.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado4.
Derechos fundamentales y su especial protección:
El Tribunal Constitucional:
El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional que no forma parte del Poder Judicial7.
Tiene competencia en toda España y solo queda sometido a la Constitución y a su propia Ley Orgánica7.
La reforma constitucional:
2. La Corona: atribuciones y competencias. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
La Corona: atribuciones y competencias La Corona, cuyo titular es el Rey, ejerce una serie de competencias con sometimiento a la Constitución y a las leyes1. La Constitución atribuye a la Corona tres funciones genéricas: la función simbólico-representativa del Estado, la función moderadora y la función arbitral2. Algunas de las potestades específicamente atribuidas al Rey incluyen la sanción y promulgación de las leyes, la convocatoria y disolución de las Cortes Generales y la convocatoria a referéndum en los casos previstos en la Constitución3.
Las Cortes Generales: Composición y atribuciones Las Cortes Generales son el Parlamento español, constituido y regulado en el Título III de la Constitución4. Están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado5. Representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución45.
Composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado El Congreso de los Diputados se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto6. El Senado es la Cámara de representación territorial6. Ambas Cámaras ejercen funciones legislativas, presupuestarias y de control, y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución5.
3. El Gobierno y la Administración. El Gobierno: composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado. La Administración: Organización y Funcionamiento del Sector Público. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: estructura básica.
El Gobierno: Composición, Designación, Funciones y Relaciones con el Resto de los Poderes del Estado El Gobierno de España se compone del Presidente, los Vicepresidentes (en su caso), los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley12. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo12. La Constitución Española de 1978 reconoce la división de poderes, otorgándole el poder ejecutivo al Gobierno, el cual se sirve de la Administración Pública para hacer efectivas sus decisiones34.
La Administración General del Estado y su Organización Periférica La Administración General del Estado (AGE) es una de las Administraciones Públicas de España, caracterizada por su competencia sobre todo el territorio nacional5. La AGE comprende la organización central (Ministerios y servicios comunes), la organización territorial, y la administración general del Estado en el exterior5. La Administración Periférica del Estado es la encargada de ejercer la actividad del Estado en el ámbito provincial, correspondiendo al Delegado del Gobierno la dirección de la misma en el ámbito autonómico y su coordinación con la Administración de la propia comunidad autónoma678.
Principios Generales de las Relaciones Interadministrativas Las relaciones interadministrativas se rigen por principios generales del Derecho que se aplican en defecto de ley o costumbre9. Estos principios incluyen la colaboración, la cooperación y la coordinación1011. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula las relaciones interadministrativas, aunque no lo hace de forma rigurosa, completa y sistemática10.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de España tiene una estructura organizativa diseñada para abordar los desafíos ambientales y demográficos del país. Según el Real Decreto 500/2020, el MITECO se encarga de la propuesta y ejecución de políticas gubernamentales en áreas como la lucha contra el cambio climático, la protección del patrimonio natural y la biodiversidad, la gestión de recursos hídricos y marítimos, y la transición a un modelo energético sostenible1.
La estructura del MITECO incluye varias Secretarías de Estado y Direcciones Generales, cada una con sus propias competencias:
Secretaría de Estado de Energía: Se ocupa de la política energética nacional y las medidas para asegurar el abastecimiento energético.
Secretaría de Estado de Medio Ambiente: Gestiona la legislación estatal en materia de aguas, costas, cambio climático, y más.
En cuanto a los Organismos Públicos, el MITECO supervisa una variedad de entidades que incluyen:
Organismos Autónomos: Como el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN).
Entidades Públicas Empresariales: Como la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA).
Agencias: Como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Sociedades Estatales: Como la sociedad estatal ACUAES, que gestiona infraestructuras hidráulicas2.
Las Fundaciones participadas por el MITECO o sus organismos incluyen la Fundación Biodiversidad, que recientemente lanzó una convocatoria de hasta 30 millones de euros para proyectos de capacitación que impulsen la transición ecológica3.
Finalmente, las Sociedades Estatales de Aguas en España, como Acuaes y Acuamed, se encargan de la construcción, conservación y explotación de obras e infraestructuras relacionadas con la regulación de los recursos hídricos, su conducción, potabilización, desalinización, y el saneamiento y depuración de las aguas residuales45.
4. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Distribución competencial. Los conflictos de competencias. La coordinación entre las distintas administraciones públicas. La Administración General del Estado y su organización periférica.
La organización territorial del Estado español se regula en el Título VIII de la Constitución, desde los artículos 137 a 1581. El artículo 137 establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan1. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses1.
Las Comunidades Autónomas son entidades territoriales que, dentro del actual ordenamiento jurídico constitucional, están dotadas de autonomía, con instituciones y representantes propios y determinadas competencias legislativas, ejecutivas y administrativas2.
La distribución competencial es la atribución precisa de las competencias y constituye la traducción jurídica de la lucha entre los poderes y las Administraciones3. El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se prevé en los artículos 148, 149 y 150 de la Constitución4.
Los conflictos de competencias son discrepancias sobre la titularidad de las competencias entre los diversos poderes del Estado, entre las diversas Administraciones Públicas y entre los órganos de éstas3. Los conflictos positivos de competencia oponen al Estado con una o más Comunidades Autónomas o a dos o más Comunidades Autónomas entre sí5.
La Administración Local se regula en el Título VIII de la Constitución, en los artículos 137 a 1424. Las entidades que la integran son los municipios, las provincias y las islas en los archipiélagos Balear y Canarias6. Su organización corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales7.
La autonomía local es reconocida por el artículo 137 de la Constitución para la gestión de sus intereses a Municipios y Provincias7. Esta autonomía es indisponible para el legislador ordinario, que no puede eliminar la institución garantizada en la Constitución ni tampoco vaciar o desconocer su contenido esencial7.
La Administración General del Estado y su Organización Periférica La Administración General del Estado (AGE) es una de las Administraciones Públicas de España, caracterizada por su competencia sobre todo el territorio nacional5. La AGE comprende la organización central (Ministerios y servicios comunes), la organización territorial, y la administración general del Estado en el exterior5. La Administración Periférica del Estado es la encargada de ejercer la actividad del Estado en el ámbito provincial, correspondiendo al Delegado del Gobierno la dirección de la misma en el ámbito autonómico y su coordinación con la Administración de la propia comunidad autónoma678.
5. El medio ambiente en la Constitución española. Distribución de competencias entre las Administraciones Públicas en esta materia: Administración del Estado, autonómica y local. Principios constitucionales en materia de aguas y costas. Artículos 132 y 45 de la Constitución
6. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Decreto-Ley y Decreto Legislativo. El Reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del Derecho Administrativo.
Las fuentes del Derecho Administrativo en España se organizan jerárquicamente de la siguiente manera:
La Constitución: Es la norma suprema del ordenamiento jurídico.
Leyes Orgánicas y Ordinarias: Regulan materias reservadas por la Constitución y otras materias no reservadas, respectivamente.
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley:
Decreto-Ley: Normas con rango de ley que el Gobierno puede emitir en casos de extraordinaria y urgente necesidad.
Decreto Legislativo: Normas delegadas por las Cortes Generales al Gobierno para desarrollar leyes marco o textos articulados.
El Reglamento: Normas jurídicas de carácter general dictadas por el Ejecutivo sin intervención del legislativo. Se dividen en:
Reglamentos Ejecutivos o de Ejecución: Desarrollan leyes y deben respetar el principio de jerarquía normativa y la reserva de ley.
Reglamentos Independientes: Regulan materias no reservadas a la ley y no pueden contradecir lo establecido en una ley.
Reglamentos de Organización: Regulan la estructura interna de la Administración Pública.
Otras fuentes: Incluyen la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la costumbre y la doctrina científica.
Cada tipo de fuente debe respetar la jerarquía establecida, y las normas inferiores no pueden contradecir a las superiores. Además, los reglamentos tienen límites claros y no pueden regular materias reservadas a la ley, como derechos fundamentales o el régimen electoral.
7. El acto administrativo: concepto, clases, y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Conversión, conservación y consolidación.
El acto administrativo es una declaración realizada por la Administración Pública en ejercicio de su función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma inmediata. Se clasifica en:
Reglados: Cuando la Administración actúa siguiendo criterios fijados por la normativa aplicable.
Discrecionales: Cuando la Administración tiene cierto margen de decisión dentro de lo que la ley permite.
Los elementos esenciales de un acto administrativo son:
Competencia: La autoridad que emite el acto debe estar habilitada para ello.
Objeto: El contenido del acto debe ser posible, lícito y determinado.
Fines: Debe perseguir un interés público y ajustarse a la finalidad prevista por el ordenamiento jurídico.
Motivación: Es la justificación del acto, que debe ser expresada cuando la ley lo exija o cuando se limite derechos.
Forma: Debe cumplir con las formalidades necesarias para su validez.
La eficacia de un acto administrativo se refiere a la aptitud para producir todos sus efectos jurídicos, mientras que la validez se relaciona con su conformidad con el ordenamiento jurídico. Un acto puede ser eficaz pero no válido si incumple alguna norma.
La motivación es la exposición de las razones que justifican la adopción del acto. La notificación es el proceso mediante el cual se comunica formalmente el acto al interesado, y es esencial para garantizar su eficacia.
La conversión, conservación y consolidación son conceptos clave en el derecho administrativo español, especialmente en lo que respecta a la validez de los actos administrativos. Estos conceptos están regulados principalmente por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Conversión del acto administrativo: La conversión se refiere a la posibilidad de transformar un acto administrativo inválido, ya sea nulo o anulable, en otro acto con efectos jurídicos diferentes, siempre que contenga los elementos constitutivos de este último1. Esto permite aprovechar ciertos elementos del acto original que son válidos y evitar la pérdida total de los efectos jurídicos debido a vicios formales o de fondo.
Conservación del acto administrativo: La conservación implica mantener la validez de ciertos actos y trámites administrativos que, a pesar de estar vinculados a un procedimiento viciado, su contenido no se vería afectado si la infracción no hubiera ocurrido1. Esto se alinea con el principio de eficiencia y economía procedimental, buscando preservar aquellos elementos del acto que son correctos y útiles.
Consolidación del acto administrativo: Aunque el término “consolidación” no se utiliza específicamente en la Ley 39/2015, podría interpretarse como el proceso por el cual un acto administrativo se vuelve firme y definitivo, ya sea porque no ha sido impugnado en plazo o porque ha superado los recursos administrativos y judiciales posibles, adquiriendo plena validez y ejecutividad.
Estos mecanismos buscan proteger la seguridad jurídica y los intereses generales, permitiendo que la Administración pueda corregir errores sin necesidad de anular completamente los actos y procedimientos, siempre en el marco de los principios de legalidad y buena administración.
8. El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y caracterización. Fases del procedimiento administrativo. La revisión de actos en vía administrativa
El procedimiento administrativo es el conjunto de actos y trámites que la Administración Pública sigue para la toma de decisiones y la emisión de actos administrativos. Su naturaleza es garantizar la legalidad y la seguridad jurídica, así como proteger los derechos de los ciudadanos1.
Las fases del procedimiento administrativo son:
Iniciación: Puede ser de oficio o a petición del interesado.
Ordenación: Ordena los trámites necesarios para la resolución del procedimiento.
Instrucción: Recoge la información y pruebas pertinentes para resolver.
Finalización: Concluye con una resolución que pone fin al procedimiento.
La revisión de actos en vía administrativa puede darse de oficio o a petición del interesado, y puede ser:
Revisión de oficio: La propia Administración detecta irregularidades y actúa para corregirlas.
Recursos administrativos: Los interesados pueden presentar recursos como el de alzada, reposición o extraordinario de revisión contra actos que consideren lesivos a sus intereses.
Estos mecanismos buscan garantizar la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos frente a la actividad administrativa.
9. Potestad sancionadora. Regulación en las leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La potestad sancionadora es una facultad que tienen las Administraciones Públicas para imponer sanciones en caso de comisión de infracciones administrativas. Esta facultad está regulada por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Legalidad: La Administración debe actuar conforme a lo establecido por la ley.
Irretroactividad: Se aplican las disposiciones vigentes en el momento de cometerse la infracción.
Proporcionalidad: La sanción debe ser adecuada a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción.
Ejercicio de la potestad sancionadora: El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por una norma de rango legal o reglamentario2.
Determinación normativa del régimen sancionador: En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones, las Administraciones Públicas deben observar la idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción2.
La Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 han introducido novedades significativas en la regulación de la potestad sancionadora, manteniendo un enfoque de regular separadamente las vertientes sustantiva y procedimental del ejercicio de esta potestad3. Por ejemplo, el artículo 25 de la Ley 40/2015 introduce cambios en cuanto a la extensión subjetiva de la potestad sancionadora4.
10. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes del personal al servicio de la Administración Pública. Incompatibilidades.
El personal al servicio de las Administraciones Públicas en España se rige por un conjunto de normativas que establecen su régimen jurídico, las clases de personal, así como las normas sobre conflicto de intereses e incompatibilidades. A continuación, se desarrolla de forma extensa cada uno de estos aspectos:
Régimen Jurídico: El régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas está establecido por la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y otras normas complementarias. Este marco legal define los derechos y deberes de los empleados públicos, las condiciones de acceso, promoción, formación, retribución y régimen disciplinario1.
Clases de Personal: Existen diversas clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas2:
Funcionarios de carrera: Son aquellos que, tras superar el correspondiente proceso selectivo, son nombrados para ocupar una plaza de carácter permanente.
Funcionarios interinos: Son nombrados de manera temporal para el desempeño de funciones propias de los funcionarios de carrera, en casos de vacante temporal o cuando lo exijan necesidades urgentes.
Personal laboral: Puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal, y su relación con la Administración se rige por el derecho laboral.
Personal eventual: Realiza funciones de confianza o asesoramiento especial y su nombramiento y cese son libres.
Conflicto de Intereses e Incompatibilidades: El conflicto de intereses y las incompatibilidades están regulados para prevenir que los empleados públicos puedan obtener un beneficio indebido de su posición o que sus intereses privados interfieran con sus deberes oficiales. La Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y normativas posteriores establecen las restricciones y procedimientos para la gestión de compatibilidades y conflictos de intereses34.
Estos elementos conforman la estructura básica que regula la actividad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, asegurando que su actuación se alinee con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y servicio al interés general.
11. El Poder Judicial. El control jurisdiccional de la actividad administrativa
El Poder Judicial en España es uno de los tres pilares del Estado, junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Su independencia está garantizada por la Constitución y su función principal es administrar justicia, asegurando que la actuación de los poderes públicos y de los ciudadanos se ajuste a la ley1.
El Tribunal Supremo es el máximo órgano del Poder Judicial y actúa como última instancia en muchos procesos judiciales. Además, existen otros órganos como los Tribunales Superiores de Justicia en cada comunidad autónoma, Audiencias Provinciales y Juzgados de Primera Instancia1.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial y está compuesto por 21 miembros, incluido su presidente, que es también el presidente del Tribunal Supremo. Los miembros son jueces o juristas de reconocido prestigio y son nombrados por el Rey a propuesta de las Cortes Generales2.
El control jurisdiccional de la actividad administrativa es fundamental en un Estado de Derecho como España. La Constitución establece que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican3. Esto significa que no hay ámbitos de la actividad administrativa exentos de control judicial4.
Los ciudadanos pueden acudir a los tribunales para impugnar actos administrativos que consideren que vulneran sus derechos o no se ajustan a la ley. Este control se ejerce principalmente a través del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que tiene la competencia para conocer de los recursos contra las disposiciones y actos de la Administración, así como de las cuestiones que afecten a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas5.
El control jurisdiccional asegura que la Administración actúe dentro de los límites de la ley y respete los derechos de los ciudadanos. Además, promueve la transparencia y la responsabilidad en el actuar administrativo, contribuyendo a la confianza en las instituciones y al funcionamiento adecuado del Estado de Derecho5.
12. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de Género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Régimen jurídico de la Dependencia. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Las políticas de igualdad de género y las leyes que las respaldan son fundamentales para garantizar la equidad y proteger los derechos de las mujeres y hombres en la sociedad. Aquí tienes un desarrollo extenso sobre las políticas y leyes mencionadas:
Esta ley establece el marco legal para la igualdad de género en España y busca eliminar cualquier forma de discriminación. Se centra en garantizar la igualdad en el empleo, la educación, y la toma de decisiones políticas y económicas. Además, promueve la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y combate la violencia de género.
Políticas contra la violencia de género
Las políticas contra la violencia de género se enfocan en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Estas políticas incluyen medidas de protección y asistencia a las víctimas, así como programas de educación y sensibilización para cambiar patrones socioculturales que perpetúan la violencia.
Esta ley proporciona un enfoque integral para combatir la violencia de género. Establece medidas de prevención, atención y protección a las víctimas, y sanciones para los agresores. También incluye disposiciones para la sensibilización social y la formación de profesionales que intervienen en estos casos.
Régimen jurídico de la Dependencia
El régimen jurídico de la dependencia se refiere al conjunto de normativas que regulan la atención y cuidado de personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, requieren apoyo para realizar actividades básicas de la vida diaria.
Conocida como la Ley de Dependencia, esta legislación crea un sistema para garantizar la atención y promover la autonomía de las personas en situación de dependencia. Define los grados de dependencia, establece un catálogo de servicios y prestaciones, y regula la financiación y colaboración entre las administraciones públicas para su implementación.
Estas leyes y políticas son esenciales para construir una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y estén protegidas contra cualquier forma de discriminación o violencia.
13. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas.
El concepto de Gobierno Abierto se refiere a una cultura de gobernanza que promueve la transparencia, la participación ciudadana, la colaboración y la rendición de cuentas en la gestión pública. Estos principios buscan fortalecer la democracia y el crecimiento inclusivo, permitiendo que los ciudadanos colaboren en la creación y mejora de los servicios públicos y en el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas1.
Transparencia: Implica la apertura de la información pública, permitiendo a los ciudadanos el acceso a los datos y documentos que manejan las administraciones públicas.
Participación: Se refiere a la implicación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, asegurando que sus opiniones y propuestas sean consideradas.
Colaboración: Este principio promueve la cooperación entre diferentes sectores de la sociedad, incluyendo el gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía, para trabajar juntos en la resolución de problemas públicos.
Rendición de cuentas: Obliga a los funcionarios y entidades públicas a justificar sus acciones, ser responsables ante la sociedad por sus decisiones y gestionar los recursos con responsabilidad.
TEMAS ESPECÍFICOS
1. El dominio público marítimo terrestre. Concepto y clasificación. El deslinde del dominio público marítimo terrestre: concepto, determinación (representación en planos), procedimiento y efectos. El proyecto de deslinde. Afectación y desafectación. Disposiciones transitorias primera y cuarta de la Ley de Costas y concordantes del Reglamento de Costas.
El dominio público marítimo terrestre (DPMT) es una categoría de bienes de dominio público estatal español, definida por la Constitución de 1978 y detallada en la Ley de Costas. Incluye la zona marítimo-terrestre, playas, aguas interiores, mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental1.
Clasificación del DPMT:
Zona marítimo-terrestre: Terrenos que pueden ser alcanzados por el mar durante los mayores temporales conocidos.
Playas: Espacios litorales con depósitos de materiales como arena y gravas.
Aguas interiores y mar territorial: Aguas internas del estado y la franja de mar adyacente a la costa.
Recursos naturales: Elementos aprovechables como los de la zona económica y la plataforma continental.
Deslinde del DPMT: El deslinde es el procedimiento administrativo que determina y delimita los bienes que pertenecen al DPMT. Se representa en planos y se realiza para proteger la costa y aumentar la seguridad jurídica de los titulares de derechos sobre el litoral2.
Proyecto de deslinde: Es el documento técnico que define la línea de deslinde del DPMT y se somete a un proceso de información pública y aprobación administrativa3.
Afectación y desafectación:
Afectación: Acto administrativo que destina un bien al uso público o a un servicio público.
Desafectación: Proceso contrario, donde un bien deja de estar destinado al uso público4.
Disposiciones transitorias de la Ley de Costas y Reglamento de Costas: Establecen mecanismos de compensación para situaciones jurídicas afectadas por cambios en la delimitación del DPMT, como las concesiones transitorias para ocupaciones existentes en zonas que pasan a ser consideradas DPMT56.
2. Limitaciones al derecho de propiedad impuestas por la Ley de Costas. Servidumbres legales: concepto, definición y extensión de cada una de ellas. Usos permitidos. Disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley de Costas y concordantes del Reglamento de Costas. Distribución de competencias en esta materia.
La Ley de Costas de España establece una serie de limitaciones al derecho de propiedad para proteger las zonas costeras y garantizar su uso público. Aquí tienes un resumen de los puntos que mencionaste:
Limitaciones al derecho de propiedad: La Ley de Costas impone restricciones para proteger el dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y asegurar su acceso libre y gratuito. Se prohíbe la ocupación del DPMT por actividades no necesarias y se limita el plazo de concesiones a un máximo de 30 años1.
Servidumbres legales: Las servidumbres son cargas impuestas sobre una propiedad (predio sirviente) en beneficio de otra (predio dominante), otorgando un derecho real de uso o disfrute. Las servidumbres legales son establecidas por la ley y pueden ser continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes, y positivas o negativas2.
Usos permitidos: La Ley de Costas distingue entre el uso común natural, que es libre y gratuito, y el uso especial, que requiere autorización. Este último incluye actividades de intensidad, peligrosidad, rentabilidad y las instalaciones desmontables3.
Disposiciones transitorias: Las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley de Costas se refieren a la situación de los terrenos afectados por cambios en las zonas de servidumbre debido a la variación de la ribera del mar. Estos terrenos pueden quedar liberados de servidumbres o sujetos a un régimen análogo al establecido en dichas disposiciones4.
Distribución de competencias: La gestión del litoral y las competencias en materia de costas están distribuidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, según lo establecido en la Ley de Costas y su Reglamento. Cada comunidad autónoma puede tener atribuciones específicas en la gestión de su litoral5.
Para obtener información más detallada, te recomiendo consultar las fuentes oficiales o buscar asesoramiento legal especializado en derecho ambiental y administrativo.
3. Utilización del dominio público marítimo terrestre. Régimen general de utilización. Proyectos y obras. Títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre: reserva y adscripción. Distribución de competencias en materia de otorgamiento de títulos. Régimen económico-financiero del dominio público marítimo terrestre.
La utilización del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) en España está regulada por la Ley de Costas y otras normativas complementarias. Aquí tienes un resumen de los aspectos clave:
Utilización del DPMT: La utilización del DPMT es libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza del mismo, como pasear, bañarse, navegar, entre otros1.
Régimen General de Utilización: Los usos especiales, intensos, peligrosos o rentables, así como aquellos que requieran obras o instalaciones, necesitan títulos habilitantes como autorizaciones o concesiones2.
Proyectos y Obras: Para realizar proyectos y obras que ocupen o utilicen el DPMT, se deben seguir las disposiciones de los Artículos 42 a 46 de la Ley de Costas3.
Títulos de Ocupación - Reserva y Adscripción: Cualquier ocupación del DPMT debe contar con un título habilitante adecuado, que puede ser una autorización, concesión, adscripción o reserva4.
Distribución de Competencias: La distribución de competencias en materia de otorgamiento de títulos del DPMT está compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y en algunos casos, los ayuntamientos pueden tener atribuciones5.
Régimen Económico-Financiero: La gestión del régimen económico-financiero del DPMT incluye el otorgamiento de autorizaciones y concesiones, y está sujeta a la legislación general6.
4. Las autorizaciones en el dominio público marítimo terrestre. Supuestos que las requieren. Procedimiento de otorgamiento de autorizaciones. Servicios de temporada. Las concesiones del dominio público marítimo terrestre. Supuestos que las requieren. Procedimiento de otorgamiento de concesiones. Extinción, transmisión, modificación y prórroga de las concesiones.
En el ámbito del dominio público marítimo terrestre en España, tanto las autorizaciones como las concesiones son mecanismos de gestión que permiten el uso y aprovechamiento de estos espacios. Aquí tienes un resumen de cada aspecto:
Autorizaciones:
Supuestos que las requieren: Se necesitan para ocupaciones con instalaciones desmontables o bienes muebles, y para actividades que, sin requerir obras, presenten circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad1.
Procedimiento de otorgamiento: La solicitud se realiza conforme a la Ley de Costas y su Reglamento, y está sujeta a tasas administrativas. La autorización tiene una duración máxima de cuatro años2.
Servicios de temporada:
Descripción: Son autorizaciones para actividades que solo requieren instalaciones temporales y desmontables, como los servicios de playa en verano3.
Concesiones:
Supuestos que las requieren: Se otorgan para la ocupación con obras o instalaciones no desmontables, o con instalaciones desmontables que requieran un plazo superior a cuatro años4.
Procedimiento de otorgamiento: Existen dos tipos de procedimientos, uno general y otro especial para actividades de competencia autonómica. Las concesiones se otorgan por la Administración del Estado y están sujetas a condiciones específicas5.
Extinción de concesiones:
Causas: Pueden extinguirse por incompatibilidad de ocupación, por tiempo transcurrido (máximo 99 años), o por causas como muerte o incapacidad del concesionario, entre otras6.
Transmisión de concesiones:
Regulación: La transmisión de concesiones debe ser autorizada y se rige por la Ley de Costas y su Reglamento7.
Modificación de concesiones:
Tipos y supuestos: Puede haber modificaciones sustanciales o no sustanciales, por ejemplo, por alteración de los supuestos determinantes para su otorgamiento o en casos de fuerza mayor8.
Prórroga de concesiones:
5. Contaminación costera. El Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación. Vertidos al mar. Emisarios submarinos. Extracción de áridos y dragados. Competencias para el otorgamiento de autorización. El procedimiento del artículo 156 del Reglamento General de Costas
La contaminación costera en España es una preocupación significativa, especialmente debido a la acumulación de residuos plásticos en las costas, que son particularmente susceptibles debido a la alta urbanización y la compleja orografía de los fondos marinos123. Para abordar estos problemas, existen regulaciones y planes como el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación (Plan Ribera), que integra recursos y estrategias para responder efectivamente a episodios significativos de contaminación456.
En cuanto a los vertidos al mar, España tiene una normativa que establece los procedimientos para solicitar autorizaciones de vertido, así como las condiciones bajo las cuales estos deben realizarse para minimizar el impacto ambiental78910. Los emisarios submarinos, que son conductos que transportan aguas residuales tratadas al mar, también están regulados para proteger el medio ambiente marino11.
La extracción de áridos y los dragados están sujetos a regulaciones estrictas, con la extracción de materiales del fondo marino para la construcción expresamente prohibida desde la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988121314.
Las competencias para el otorgamiento de autorizaciones en materia de contaminación costera recaen en las comunidades autónomas, que son responsables de otorgar la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para las instalaciones afectadas151617.
Finalmente, el procedimiento del artículo 156 del Reglamento General de Costas contempla casos en los que la actividad a desarrollar es competencia de la Comunidad Autónoma y permite que en el mismo procedimiento se resuelva lo relativo a la concesión o autorización sobre el dominio público marítimo terrestre18.
6. Tutela y policía del dominio público marítimo terrestre. El delito ecológico. Las infracciones administrativas en materia de costas: Clases, prescripción de las infracciones. Personas responsables de las infracciones. El procedimiento sancionador en materia de biodiversidad marina: Acciones constitutivas de infracción. Calificación de las infracciones. Formulación de la denuncia. Contenido mínimo de una denuncia. Caducidad y prescripción
La tutela y policía del dominio público marítimo terrestre (DPMT) en España se refiere a la protección y supervisión de estos espacios para garantizar su correcto uso y conservación. El Estado tiene la responsabilidad de ejercer estas funciones, asegurando la integridad física y jurídica del DPMT y su disfrute público1.
El delito ecológico se define como cualquier acción que dañe gravemente el medio ambiente y está tipificado en el Código Penal. Puede incluir delitos como vertidos tóxicos, deforestación ilegal, tráfico de especies protegidas, entre otros23.
En cuanto a las infracciones administrativas en materia de costas, estas pueden ser:
Clases: Se dividen en leves, graves y muy graves, dependiendo del daño causado al DPMT o a su uso, y si hay ocupación sin título administrativo o ejecución de obras sin permiso4.
Prescripción: El plazo de prescripción varía según la gravedad de la infracción, siendo de uno, dos o cuatro años respectivamente4.
Responsables: Pueden ser tanto personas físicas como jurídicas que realicen acciones u omisiones que resulten en una infracción5.
El procedimiento sancionador en materia de biodiversidad marina incluye:
Acciones constitutivas de infracción: Cualquier actividad que contravenga la legislación vigente en materia de protección de la biodiversidad marina6.
Calificación de las infracciones: Se califican según su impacto en el medio ambiente y pueden ser leves, graves o muy graves6.
Formulación de la denuncia: Cualquier persona puede presentar una denuncia ante las autoridades competentes si observa una posible infracción6.
Contenido mínimo de una denuncia: Debe incluir información detallada sobre la infracción y, si es posible, identificación del infractor6.
Caducidad y prescripción: El procedimiento sancionador tiene un plazo máximo para resolverse, y las infracciones tienen un periodo de prescripción tras el cual no se pueden sancionar6.
7. Las sanciones administrativas en materia de costas. Multas. Circunstancias atenuantes. Prescripción de las sanciones. El procedimiento sancionador en materia de costas. Contenido mínimo de una denuncia. Caducidad de los expedientes. Ejecución forzosa.
En España, la Ley de Costas regula todo lo relacionado con las zonas costeras, incluyendo las sanciones administrativas, el procedimiento sancionador, y la ejecución forzosa. Aquí tienes un resumen de los aspectos clave:
Sanciones administrativas: Se aplican por infracciones cometidas en materia de costas, como obras no autorizadas o daños al dominio público marítimo-terrestre1.
Multas: Las multas son las penalizaciones económicas impuestas por cometer infracciones en la zona costera. La cuantía varía según la gravedad de la infracción2.
Circunstancias atenuantes: Pueden reducir la responsabilidad del infractor y, por ende, la sanción impuesta. Estas circunstancias deben ser probadas y reconocidas por la autoridad competente3.
Prescripción de las sanciones: Las infracciones y las sanciones tienen plazos de prescripción, que varían según la gravedad de la infracción. Por ejemplo, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses4.
Procedimiento sancionador: Se inicia de oficio y puede ser resultado de una denuncia. El procedimiento sigue las normas establecidas en el RD 1398/1993, con algunas especialidades propias de la materia de costas56.
Contenido mínimo de una denuncia: Debe incluir la identificación del denunciante, una descripción de los hechos y, si es posible, la identificación del presunto infractor7.
Caducidad de los expedientes: Si la Administración no resuelve un expediente en el plazo establecido, este puede caducar, lo que significa que ya no se puede continuar con el procedimiento sancionador8.
Ejecución forzosa: Si el infractor no cumple voluntariamente con la sanción impuesta, la Administración puede proceder a la ejecución forzosa, que puede incluir medidas como el cobro de la multa mediante procedimientos administrativos9.
8. La Administración del agua. Los organismos de cuenca. Naturaleza, configuración y funciones. Comunidades de usuarios. La planificación hidrológica: Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica y el Plan Hidrológico Nacional.
La administración del agua en España se realiza a través de las administraciones públicas, incluyendo el nivel autonómico, local y central. Los Organismos de Cuenca, también conocidos como Confederaciones Hidrográficas, son la autoridad máxima en la gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca, con funciones clave como la elaboración y seguimiento del plan hidrológico de cuenca, la administración y control del dominio público hidráulico, y la administración de los aprovechamientos de interés general12.
Las Comunidades de Usuarios son entidades que gestionan y ordenan internamente el agua con derechos inscritos a su favor, bajo la supervisión del Organismo de cuenca correspondiente34.
La planificación hidrológica en España tiene como objetivos generales la protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, en armonía con el medio ambiente y otros recursos naturales5. Los Planes Hidrológicos de Demarcación son documentos que se revisan y actualizan cada seis años, y son esenciales para la identificación y solución de problemas relacionados con el agua en cada demarcación6.
El Plan Hidrológico Nacional coordina los diferentes planes hidrológicos de cuenca y contempla un uso armónico y coordinado de los recursos hídricos para satisfacer de forma equilibrada los objetivos de la planificación. Este plan incluye medidas para la coordinación de los planes de cuenca, soluciones para posibles alternativas, y condiciones para las transferencias de recursos hidráulicos entre distintos planes de cuenca7.
9. El dominio público hidráulico. Bienes de dominio público hidráulico. Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Delimitación del dominio público hidráulico. Zona de policía y servidumbre de protección. Servidumbres legales. Usos comunes y usos privativos. Régimen económico financiero. Acuíferos y masas de aguas subterráneas. Sistemas de riegos.
El dominio público hidráulico en España está regulado principalmente por el Real Decreto Legislativo 1/2001, que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y el Real Decreto 849/1986, que aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico12. Estos bienes incluyen los cauces de corrientes naturales, los lechos de lagos y lagunas, y los embalses superficiales en cauces públicos3.
La delimitación del dominio público hidráulico se realiza a través del Proyecto Linde, incluido en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables3. La zona de policía y la servidumbre de protección son áreas adyacentes a los cauces donde se regulan los usos y actividades para proteger los recursos hídricos4.
Las servidumbres legales son limitaciones impuestas sobre propiedades privadas por razones de interés general, como la protección del dominio público hidráulico56. Los usos comunes del agua, como beber o bañarse en cauces naturales, no requieren autorización, mientras que los usos privativos, como el riego o la industria, pueden necesitar concesiones administrativas78.
El régimen económico financiero del agua busca recuperar los costes de los servicios relacionados con la gestión del agua, incluyendo los costes ambientales y del recurso, y se aplica según el principio de que "el que contamina paga"9.
Los acuíferos y las masas de aguas subterráneas son reservas de agua dulce vitales para el consumo, la agricultura y la industria. En España, una parte significativa de la población depende directa o indirectamente de las aguas subterráneas10. La gestión sostenible de estos recursos es crucial, especialmente en el contexto del cambio climático y las sequías.
10. Títulos para la utilización y ocupación del dominio público hidráulico. Clasificación de los usos del agua. La concesión. Tramitación, resolución y condicionado. Modificación, revisión y extinción de las concesiones. Características del derecho, de la captación y del uso en la concesión. Derecho al uso privativo del agua por disposición legal.
La regulación de la utilización y ocupación del dominio público hidráulico en España se encuentra principalmente en el Real Decreto Legislativo 1/2001, que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), y en el Real Decreto 849/1986, que aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH)1.
Clasificación de los usos del agua: Los usos del agua en España se clasifican en consumo humano, usos agrícolas, industriales y otros, siendo el uso agrícola el que mayor volumen demanda2.
La concesión: La concesión es el título que otorga el derecho al uso privativo del agua. Se rige por el TRLA y el RDPH, y su otorgamiento se realiza considerando la explotación racional de los recursos y las previsiones de los Planes Hidrológicos3.
Tramitación y resolución de concesiones: El procedimiento para otorgar concesiones de agua está regulado en los artículos 104 y siguientes del RDPH, y debe ajustarse a los principios de publicidad y tramitación en competencia4.
Modificación, revisión y extinción de las concesiones: Las concesiones pueden ser modificadas o revisadas si cambian los supuestos que llevaron a su otorgamiento o por adecuación a los Planes Hidrológicos. Se extinguen por término del plazo, caducidad, expropiación forzosa o renuncia56.
Características del derecho de captación y uso en la concesión: El derecho de captación y uso en la concesión se caracteriza por ser temporal, con un plazo máximo de 75 años, y debe considerar el impacto del cambio climático sobre la disponibilidad del agua3.
Derecho al uso privativo del agua por disposición legal: Existe un derecho al uso privativo del agua por disposición legal para volúmenes anuales no superiores a 7.000 m³ y siempre que el agua se aproveche dentro del mismo predio donde se obtiene7.
11. Títulos para la utilización y ocupación del dominio público hidráulico. La declaración responsable. La autorización: tramitación, resolución y condicionado. Alumbramiento y utilización de aguas subterráneas.
En España, la utilización y ocupación del dominio público hidráulico se rige por el Real Decreto Legislativo 1/2001, que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), y el Real Decreto 849/1986, que aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH)1.
La declaración responsable es un instrumento administrativo que permite ejercer usos comunes especiales del agua, como la navegación y flotación, previa presentación de la documentación necesaria al Organismo de cuenca. Tras 15 días desde su presentación, si no hay disconformidad por parte de la administración, se puede ejercer el uso2.
La autorización es necesaria para ciertas obras o actividades en las zonas limítrofes a los cauces para su protección. La tramitación de las autorizaciones se realiza según el procedimiento regulado en el RDPH, y la resolución debe ajustarse a los principios de publicidad y competencia3.
En cuanto al alumbramiento y utilización de aguas subterráneas, es importante destacar que el Plan de Acción de Aguas Subterráneas (2023-2030) busca mejorar el conocimiento, gestión y gobernanza de las aguas subterráneas, con el objetivo de alcanzar un buen estado cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea4. Este plan es parte de las estrategias para enfrentar los retos del cambio climático y asegurar una utilización sostenible de las aguas subterráneas para diversos usos.
12. Registro de aguas, catálogo de aguas privadas y base central del agua. Sistema de control de volumen, contadores y limitadores de caudal. Orden Ministerial ARM/1312/2009. Aforos en aguas superficiales y en captaciones y medición de niveles piezométricos y en captaciones subterráneas. Sellado de captaciones.
En España, la gestión de los recursos hídricos incluye varios aspectos clave:
Registro de Aguas: Es un registro donde se inscriben las concesiones de agua y los cambios autorizados en su titularidad o características12.
Catálogo de Aguas Privadas: Contiene los aprovechamientos de aguas considerados privados por la Ley de Aguas de 18793.
Base Central del Agua: Un repositorio centralizado de datos de los Registros de Aguas y del Catálogo de Aguas Privadas4.
El control de los volúmenes de agua utilizados se realiza mediante:
Sistemas de Control de Volumen y Contadores: Regulados por la Orden TED/XX/2023, que establece los sistemas electrónicos de control de volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua5.
Limitadores de Caudal: Dispositivos para controlar la cantidad de flujo de un líquido en una tubería678.
La Orden Ministerial ARM/1312/2009 regula los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico9.
Para las aguas superficiales:
Aforos: Se refieren a la medición de caudales en ríos, canales y embalses, cuyos datos están disponibles en los Anuarios de Aforos101112.
En cuanto a las aguas subterráneas:
Medición de Niveles Piezométricos: Se realiza para evaluar los recursos disponibles de aguas subterráneas y el estado de las masas de agua subterránea1314.
Finalmente, el sellado de captaciones es un proceso importante para evitar accidentes y contaminación de las aguas subterráneas cuando los pozos o sondeos son abandonados1516.
13. Generalidades de las infraestructuras hidráulicas. Presas y embalses (reglamento técnico de presas y reglamento técnico de seguridad de presas ante el riesgo de rotura), azudes y balsas. Canales, acequias, drenajes, avenamientos y conducciones. Sistemas y obras de captación de aguas superficiales. Pozos y sondeos. Escalas o pasos para peces. Instalaciones de potabilización y depuración. Saltos hidroeléctricos. Obras y defensas de márgenes. Encauzamientos. Estaciones de bombeo. Tipos de valvulas de control de flujo.
Las infraestructuras hidráulicas en España abarcan una amplia gama de estructuras y sistemas diseñados para la gestión del agua, incluyendo su almacenamiento, tratamiento, distribución y eliminación de aguas residuales1. Entre ellas, se encuentran las presas y embalses, que están sujetos a regulaciones técnicas específicas para garantizar su seguridad y la protección ante el riesgo de rotura23.
Los azudes y balsas son estructuras esenciales para la regulación del flujo de agua, especialmente en zonas rurales donde la agricultura es una actividad económica importante4. Los canales y acequias, por su parte, son construcciones destinadas al transporte de agua y juegan un papel crucial en la irrigación y en la gestión de recursos hídricos56.
En cuanto a la captación de aguas superficiales, se realizan obras civiles y equipos electromecánicos para reunir y disponer adecuadamente del agua7. Los pozos y sondeos son fundamentales para la extracción de aguas subterráneas, y su seguridad y funcionamiento están regulados por la autoridad competente8.
Para facilitar la migración de peces, se han construido escalas o pasos que permiten a estos animales superar obstáculos como presas o azudes9. Las instalaciones de potabilización y depuración son cruciales para convertir el agua en potable y para tratar las aguas residuales antes de su retorno al medio ambiente10.
Los saltos hidroeléctricos aprovechan la energía del agua para generar electricidad, y en España, muchos de ellos están ubicados en la vertiente atlántica, beneficiándose de las precipitaciones en esa región11. Además, las obras y defensas de márgenes, los encauzamientos y las estaciones de bombeo son infraestructuras clave para la protección contra inundaciones y para el manejo eficiente del agua.
Finalmente, los tipos de válvulas de control de flujo son elementos esenciales en estas infraestructuras, ya que permiten regular la cantidad y la velocidad del agua que pasa a través de los sistemas hidráulicos. Estas válvulas son seleccionadas en función de las necesidades específicas de cada instalación y del tipo de agua que se maneja.
14. Objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua. Control y vigilancia de las aguas superficiales y subterráneas: redes de control. Estado de las aguas cuantitativo ecológico y químico. Bases de la restauración fluvial.
La Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea establece objetivos ambientales clave para la protección de las aguas continentales, de transición, costeras y subterráneas. Estos objetivos incluyen:
Prevenir el deterioro adicional y proteger y mejorar los ecosistemas acuáticos y terrestres dependientes.
Promover los usos sostenibles del agua.
Proteger y mejorar el medio acuático.
Reducir la contaminación de las aguas subterráneas.
En cuanto al control y vigilancia de las aguas superficiales y subterráneas, en España se realiza de manera sistemática a través de la Red COCA (Control Oficial de la Calidad del Agua), que controla un total de 40 parámetros diferentes, como la temperatura, oxígeno disuelto, metales pesados, entre otros2.
El estado cuantitativo y químico de las aguas se refiere a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, evaluando aspectos como las concentraciones de contaminantes y el grado de cumplimiento de las normas de calidad ambiental. El estado químico se clasifica simplemente como bueno o no bueno, basado en el cumplimiento de las normas para sustancias prioritarias y otros contaminantes3.
Finalmente, las bases de la restauración fluvial en España se centran en acciones destinadas a restablecer la integridad ecológica de los ecosistemas fluviales. La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos tiene como objetivo restaurar y reconectar estructural y funcionalmente 3.000 km de ríos españoles antes del año 2030, como parte de los esfuerzos para alcanzar los objetivos ambientales y de seguridad hídrica del país4.
15. Vertidos de aguas residuales. Resolución de autorización de vertidos, canon de control de vertidos. Reutilización de aguas residuales. Control y vigilancia. Entidades colaboradoras de la Administración hidráulica. Instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Avenidas e inundaciones (sección útil de desagüe, vía de intenso desagüe, flujo preferente, zona inundable SNCZI...). Plan de Gestión de Riesgos de Inundación.
La gestión de las aguas residuales y la prevención de inundaciones son aspectos cruciales de la administración hidráulica en España. Aquí tienes un resumen de los puntos clave:
Vertidos de Aguas Residuales: En España, los vertidos de aguas residuales deben contar con una autorización que garantice el cumplimiento de los objetivos medioambientales1. Se consideran vertidos toda emisión de contaminantes a las aguas continentales2.
Resolución de Autorización de Vertidos: Para obtener una autorización de vertido, se deben seguir procedimientos administrativos que varían según el tipo de vertido3. La autorización establece condiciones para minimizar el impacto sobre las masas de agua4.
Canon de Control de Vertidos: Este canon es una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica5. El importe depende del volumen de vertido y las características del mismo6.
Reutilización de Aguas Residuales: España reutiliza aguas depuradas y regeneradas, con una tendencia ascendente en su uso, especialmente en regiones como Murcia y la Comunidad Valenciana7.
Control y Vigilancia: La calidad de las aguas superficiales se controla sistemáticamente, y las aguas residuales son monitoreadas como indicadores epidemiológicos para la salud pública89.
Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica: Estas entidades están habilitadas para certificar información requerida por la ley y apoyar en la gestión de vertidos y la calidad del agua10.
Instalaciones de Tratamiento de Aguas Residuales (EDAR): Las EDAR son instalaciones donde se tratan las aguas residuales para devolverlas al medio ambiente o reutilizarlas11.
Avenidas e Inundaciones: El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) apoya la gestión del espacio fluvial y la prevención de riesgos12.
Plan de Gestión de Riesgos de Inundación: Los planes de gestión del riesgo de inundación buscan una actuación coordinada para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose en programas de medidas aplicados por las administraciones13.
16. Régimen sancionador en la Ley de Aguas. Tipificación y calificación de las infracciones. Valoración de daños al dominio público hidráulico. Normas sobre toma de muestras. Formulación de la denuncia.
El régimen sancionador en la Ley de Aguas de España se encuentra en el Título VII del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio1. Las infracciones se clasifican según su gravedad en leves, menos graves, graves y muy graves, con multas que pueden ir desde los 10.000 euros hasta 1.000.000 de euros2.
La valoración de daños al dominio público hidráulico se realiza considerando el valor económico del agua afectada y los costes asociados a la misma34. Para la toma de muestras, existen guías y protocolos que aseguran la calidad de los ensayos y la validez de los resultados obtenidos567.
En cuanto a la formulación de la denuncia, cualquier persona puede presentar una denuncia por daños al dominio público hidráulico ante las autoridades competentes8910. La denuncia puede ser verbal o escrita y no requiere la presencia de un abogado ni el pago de fianza. La responsabilidad de la denuncia no recae sobre el denunciante9.
17. Geografía básica y trigonometría básica. Concepto de mapa y plano: Relaciones angulares, Escalas y tipos. El relieve. La Hidrografía. Geografía humana. Los sistemas de información geográfica y las infraestructuras de datos espaciales. Toma de datos georreferenciados. Sistema de posicionamiento global (GPS).Visores y fuentes de datos.
La geografía y la trigonometría son dos campos de estudio fundamentales que ofrecen una amplia gama de conocimientos y herramientas útiles para comprender nuestro mundo. Aquí tienes un resumen de los conceptos clave que mencionaste:
Geografía Básica:
Relaciones Angulares: Se refieren a las relaciones entre ángulos, como ángulos opuestos por el vértice que son iguales, y ángulos de lados paralelos o perpendiculares que pueden ser iguales o suplementarios dependiendo de su naturaleza2.
Escalas y Tipos de Mapas: Las escalas en los mapas pueden ser grandes, medianas o pequeñas, y se utilizan para diferentes propósitos, desde la planificación urbana hasta estudios estratégicos3.
El Relieve: Es la textura sobresaliente de una superficie que incluye montañas, mesetas, llanuras y otros accidentes geográficos4.
La Hidrografía: Estudia los cuerpos de agua del planeta, especialmente las aguas continentales5.
Trigonometría Básica:
Se ocupa de las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos, utilizando razones trigonométricas como el seno, coseno y tangente para resolver problemas geométricos6.
Geografía Humana:
Examina la distribución de las poblaciones y sus comunidades, culturas, economías e interacciones con el medio ambiente7.
Sistemas de Información Geográfica (SIG):
Son herramientas informáticas que permiten la captura, almacenamiento, análisis y gestión de datos geoespaciales, utilizados en una variedad de aplicaciones para mejorar la toma de decisiones y la gestión de recursos8.
Infraestructuras de Datos Espaciales:
Proporcionan datos, metadatos y servicios geográficos que cumplen con normas y estándares para su interoperabilidad, como la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)9.
Toma de Datos Georreferenciados y GPS:
La georreferenciación es el proceso de asignar una ubicación espacial a datos como mapas y fotografías, mientras que el GPS es un sistema global de navegación por satélite que proporciona geolocalización y hora a un receptor GPS en cualquier parte del mundo.
Visores y Fuentes de Datos:
Los visores de datos geográficos permiten visualizar, consultar y superponer mapas e imágenes, mientras que las fuentes de datos pueden ser diversas, incluyendo bases de datos gubernamentales, imágenes satelitales y observaciones in situ.
Estos conceptos forman la base para una comprensión más profunda de cómo los humanos interactúan con su entorno y cómo podemos medir y representar el espacio a nuestro alrededor.
18. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Competencias de las Administraciones Públicas. Clasificación y régimen jurídico de los montes. Gestión forestal sostenible. Conservación y protección de montes. Investigación, formación, extensión y divulgación. Régimen sancionador. Producción y comercialización de materiales forestales de reproducción. Viveros forestales: infraestructura e instalaciones.
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, es una normativa española que establece el marco para la gestión y protección de los montes. Aquí tienes un resumen de sus aspectos clave:
Clasificación y régimen jurídico de los montes: Define los montes públicos y privados, así como los montes de dominio público y patrimoniales2.
Gestión forestal sostenible: Promueve la gestión sostenible de los montes para garantizar la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático3.
Investigación, formación, extensión y divulgación: La ley fomenta la investigación y la formación en el ámbito forestal, aunque no se detalla específicamente en los resultados de la búsqueda.
Régimen sancionador: Establece un marco legal para las sanciones en caso de infracciones relacionadas con los montes4.
Producción y comercialización de materiales forestales de reproducción: Regula la producción y comercialización de semillas, plantas y partes de plantas para asegurar su calidad y trazabilidad5.
Viveros forestales: Los viveros forestales son esenciales para la producción de plantas necesarias en proyectos de reforestación y restauración de áreas degradadas. La ley aborda la infraestructura y las instalaciones necesarias para su funcionamiento eficiente6
19. Las directivas comunitarias en materia de conservación de la naturaleza y su aplicación en España. La Red Natura 2000. Medidas de conservación de la Red Natura 2000 marina. Evaluación adecuada de las repercusiones en los espacios Red Natura 2000 marina de planes, proyectos o programas. La directiva marco sobre la estrategia marina 2008/56/CE.
Las directivas comunitarias de la Unión Europea juegan un papel crucial en la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en España. La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad que incluye tanto zonas terrestres como marinas1.
En cuanto a las medidas de conservación para la Red Natura 2000 marina, estas buscan garantizar la protección de los hábitats marinos y las especies que dependen de ellos. Se requiere la designación de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y la aplicación de criterios y métodos científicos para asegurar su idoneidad y coherencia2.
La evaluación adecuada de las repercusiones en los espacios de la Red Natura 2000 marina es un proceso clave para garantizar que los planes, proyectos o programas no tengan efectos perjudiciales significativos en estos espacios, considerando sus objetivos de conservación3.
Por último, la Directiva marco sobre la estrategia marina 2008/56/CE tiene como objetivo lograr o mantener un buen estado ambiental del medio marino a más tardar en el año 2020. Los Estados miembros deben elaborar estrategias marinas que incluyan una evaluación inicial, un objetivo ambiental, un programa de medidas y un seguimiento4. Esta directiva es fundamental para la política del medio marino y la protección del medio ambiente marino en la Unión Europea.
20. La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. Las estrategias marinas. El informe de compatibilidad con las estrategias marinas. Los planes de ordenación del espacio marítimo.
La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, es la normativa española que protege el medio marino y transpone la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la UE a la legislación española1. Esta ley establece un marco para la planificación y gestión del medio marino, incluyendo la creación de estrategias marinas para cada una de las cinco demarcaciones marinas de España2.
Las estrategias marinas son instrumentos de planificación que buscan garantizar la protección y conservación del medio marino, asegurando la disponibilidad de recursos marinos a largo plazo y promoviendo el turismo sostenible en las zonas costeras2. Estas estrategias se actualizan cada seis años y son fundamentales para la política del medio marino y la protección del medio ambiente marino en la Unión Europea2.
El informe de compatibilidad es un documento que evalúa si ciertas actividades o proyectos son compatibles con las estrategias marinas. Este informe es necesario para la autorización de actividades que requieran la ejecución de obras o instalaciones en las aguas marinas, su lecho o su subsuelo, así como para los vertidos regulados en la ley3.
Los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) organizan las actividades humanas en las zonas marinas y delimitan las zonas del litoral susceptibles de ser aprovechadas para producir energía eólica marina, entre otros usos4. Estos planes son esenciales para garantizar la sostenibilidad de las actividades humanas en el mar y facilitar el desarrollo de los sectores marítimos, contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible y a la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 20305.
21. La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y su desarrollo reglamentario. Espacios naturales protegidos y su marco competencial, gestión y organización. Las figuras de protección en el medio marino. La protección legal de las especies silvestres y de los hábitats. Las especies exóticas invasoras. Las autorizaciones en materia de biodiversidad marina: Supuestos que las requieren.
La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en España, establece el marco jurídico para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Incluye disposiciones para la protección de espacios naturales, especies silvestres y hábitats, así como la regulación de especies exóticas invasoras12.
Espacios Naturales Protegidos: Se clasifican en categorías como parques, reservas naturales y áreas marinas protegidas, con el objetivo de conservar la diversidad biológica y los recursos naturales y culturales asociados34.
Protección en el Medio Marino: Se han establecido figuras de protección específicas para el medio marino, como las Áreas Marinas Protegidas, para proteger ecosistemas y elementos biológicos o geológicos del medio marino56.
Protección Legal de Especies Silvestres y Hábitats: La ley y las directivas comunitarias establecen un sistema de protección para las especies silvestres y sus hábitats, incluyendo listados de especies en régimen de protección especial y la regulación de su explotación78.
Especies Exóticas Invasoras: Se define una especie exótica invasora como aquella que amenaza la diversidad biológica nativa. Existe un catálogo que incluye las especies que deben ser controladas o erradicadas910.
Autorizaciones en Materia de Biodiversidad Marina: Cualquier actividad que implique el manejo de especies marinas incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en los anexos de la Ley 42/2007 requiere una autorización previa por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico1112.
22. Evaluación del impacto ambiental. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias. Seguimiento y régimen sancionador.
La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) en España es un procedimiento técnico y administrativo que integra la protección del medio ambiente en el proceso de toma de decisiones para planes, programas y proyectos. Este proceso asegura que se consideren todos los aspectos ambientales relevantes y facilita la participación pública1.
Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias son esenciales en la EIA:
Medidas Preventivas: Buscan evitar la aparición de efectos ambientales negativos o mitigarlos anticipadamente.
Medidas Correctoras: No eliminan el impacto, pero lo atenúan, disminuyendo su importancia. Se adoptan cuando la afección es inevitable pero se pueden minimizar los impactos.
Medidas Compensatorias: Se aplican cuando el impacto es inevitable o de difícil corrección, y buscan compensar el efecto negativo sobre la especie o el hábitat afectado2.
El seguimiento es un componente clave de la EIA, que implica la vigilancia continua de los impactos ambientales de un proyecto y la efectividad de las medidas adoptadas para mitigarlos.
El régimen sancionador está establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Esta ley regula las sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones de la EIA, con el objetivo de garantizar la protección ambiental y el desarrollo sostenible3.
23. El Reglamento (CE) 338/97, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Convenio CITES). Requisitos de documentación, tenencia y marcado de especímenes CITES. Destino de los especímenes CITES decomisados. Normativa de aplicación a los establecimientos de cría en cautividad y reproducción artificial de especies CITES, autorizaciones y documentación necesaria.
El Reglamento (CE) 338/97 y la Convención CITES son fundamentales para la protección de especies amenazadas mediante el control de su comercio. Aquí tienes un resumen de los aspectos clave:
Reglamento (CE) 338/97: Establece medidas de protección para las especies de fauna y flora silvestres, controlando su comercio. Las modificaciones sucesivas se han integrado en el texto original1.
Convención CITES: Un acuerdo internacional que busca asegurar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas no amenace su supervivencia2.
Requisitos de documentación, tenencia y marcado: Se deben cumplir ciertos requisitos para la documentación, tenencia y marcado de especímenes CITES, como se detalla en el Real Decreto 7/20183.
Destino de los especímenes CITES decomisados: Los especímenes decomisados deben ser rescatados y acogidos conforme al Real Decreto 1333/20064.
Normativa de cría en cautividad y reproducción artificial: Para la cría en cautividad y reproducción artificial de especies CITES, se deben seguir las directrices del Capítulo XIII del Reglamento (CE) 865/20065.
Autorizaciones y documentación necesaria: La documentación CITES válida es esencial para el comercio de especies protegidas y sus derivados6.
24. El Plan español de lucha contra el tráfico ilegal y furtivismo internacional de especies silvestres. Técnicas de vigilancia contra el furtivismo y control de acceso a áreas protegidas. Control de vías de entrada y detección del tráfico ilegal de especies protegidas
El Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y Furtivismo Internacional de Especies Silvestres es una iniciativa que busca combatir el tráfico ilegal de fauna y flora, protegiendo la biodiversidad y cumpliendo con los compromisos internacionales de España. Este plan incluye medidas como la creación de una oficina nacional para la lucha contra las infracciones medioambientales, campañas de investigación y el refuerzo de las actuaciones de inspección y control del tránsito de especies silvestres1.
El control de vías de entrada y la detección del tráfico ilegal de especies protegidas son fundamentales para prevenir el comercio ilegal. Esto incluye la inspección y el control en puntos de entrada como puertos y aeropuertos, así como la cooperación internacional para combatir estas actividades a nivel global3.
25. Toma de pruebas y cadena de custodia. Los delitos relativos a la protección de la flora y fauna. El régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
La toma de pruebas y cadena de custodia en España es un proceso crucial en el ámbito penal que asegura la autenticidad e inalterabilidad de las pruebas desde su recogida hasta su valoración en juicio. Este procedimiento garantiza que las pruebas no han sido manipuladas y son idénticas a las recogidas al inicio de la investigación criminal12.
En cuanto a los delitos relativos a la protección de la flora y fauna, el Código Penal español tipifica como delitos acciones como la caza, pesca o captura de especies protegidas sin autorización, la destrucción o deterioro de su hábitat natural, y la introducción de especies exóticas que puedan perjudicar a la fauna autóctona3.
El régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos se establece en la Ley 50/1999, que regula las condiciones para la tenencia de estos animales, incluyendo la necesidad de una licencia para su tenencia, medidas de seguridad específicas y la identificación de los animales4. Además, el Real Decreto 287/2002 desarrolla esta ley, concretando aspectos como la identificación y registro de los animales potencialmente peligrosos5.